MADRID.- La Asociación de Vecinos Palomeras Bajas y la
FAPA Francisco Giner de los Ríos presentarán este miércoles, 20 de
febrero, a las 10 horas, el recurso de amparo ante el Tribunal
Constitucional tras la inadmisión de la querella criminal presentada
contra el actual consejero de Presidencia y Justicia y portavoz del
Gobierno regional, Salvador Victoria, por la polémica de las 'camisetas
verdes'.
Esta decisión ya fue anunciada en una rueda de prensa celebrada el
pasado día 4, y lo hacen, según han señalado, "para continuar
defendiendo sus derechos, que estiman siguen vulnerados con la
inadmisión de la querella" contra Victoria, "quien acusó falsamente a
estas dos organizaciones de un inexistente delito de fraude fiscal".
En el auto de inadmisión, que estas dos organizaciones "no
comparten y rechazan", el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM)
confirmaba el archivo decretado el pasado 1 de octubre de la denuncia
que presentaron contra Victoria, al que acusaron de cometer los delitos
de "injuria o calumnia" por las declaraciones que realizó sobre el
posible negocio realizado con la venta de 'camisetas verdes' destinadas a
los integrantes de la 'marea verde'.
El TSJM entendió que los argumentos que exponían los recurrentes
en su recurso de súplica, "en modo alguno, desvirtúan las razones que
llevaron a este tribunal a inadmitir a trámite la querella formulada
contra una persona aforada".
Así, criticaba que los querellantes confundían "el término
falsedad con desacierto" y afirmaban que unos determinados hechos
infringen una norma penal y administrativa cuando la normativa
tributaria los ampara, lo que según el TSJM, constituiría, "en el caso
de que tuvieran razón, un error, una inexactitud, una equivocación, un
desacierto si se quiere, pero no una falsedad".
Por ello, insistía en que las opiniones de Victoria sobre las
consecuencia jurídicas de la comercialización de unas camisetas "no
puede ser equiparado a la falsedad".
Además, recordaba que el funcionamiento de un sistema democrático
exige que "los representantes políticos dispongan de un amplio margen de
expresión de sus ideas y opiniones como requisitos para poder permitir
el ejercicio de sus funciones asignadas".
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