MADRID.- El Defensor del Pueblo ha sugerido que el Ayuntamiento de Madrid adopte, con carácter excepcional y provisional, durante episodios de alta contaminación atmosférica medidas de restricción del tráfico, velocidad y aparcamiento privado de vehículos a motor, señala la institución en su informe Anual de 2012 publicado hace unas semanas.
Concretamente, se refiere a los casos de fuerte concentración de
dióxido de nitrógeno (NO2) que se dan en la ciudad bajo ciertas
condiciones meteorológicas y pide se adopten las medidas restrictivas
prevista para su nivel de alerta cuando se prevea que se alcance el
nivel de preaviso de NO2.
Por otra parte, la Institución pide al Consistorio que las
estaciones de medición de la polución deben estar emplazadas "de modo
que se pueda disponer de un diagnóstico correcto de la calidad del aire,
por tanto ha de haber necesariamente estaciones en las zonas más
contaminadas, para así conocer la contaminación del aire que en las
peores condiciones padece la ciudad de Madrid y sus habitantes". Por
tanto, recomienda al Ayuntamiento que supervise continuamente la
distribución de estaciones.
Además, el departamento que dirige Soledad Becerril ha indicado
que ha sido abierta una investigación de oficio ante la Oficina Española
de Cambio Climático (Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente), sobre el Plan nacional de asignación de derechos de emisión
de dióxido de carbono (CO2), para comprobar cómo el comercio de derechos
de emisión es efectivamente un instrumento de mercado que incentiva el
beneficio ambiental, consistente en que un conjunto de plantas
industriales reduzca colectivamente las emisiones de gases contaminantes
a la atmósfera.
La defensora del Pueblo quiere conocer, si existe, la información
sobre la última presentación y debate en las mesas de diálogo social, y
sobre la participación de las organizaciones sindicales y empresariales
en la elaboración y seguimiento del Plan nacional y los efectos en la
competitividad, la estabilidad en el empleo y la cohesión social.
En todo caso, ha solicitado también el parecer del Ministerio
acerca de las siguientes cuestiones concretas: si el mercado implantado
está consiguiendo primar a las empresas que logran reducir sus
emisiones, y que, por tanto, logran un excedente de CO2 que genera un
derecho por cuya venta obtienen fondos que invierten en proyectos de
energía alternativa; si progresivamente hay entonces menos derechos
asignados, un alza del precio de la tonelada de CO2 y un incentivo a
reducir el consumo de energía convencional; si el resultado alcanzado
hasta ahora está siendo el buscado de reducir los perjuicios a la
atmósfera y aumentar el beneficio para la mayoría, si habría bajado la
emisión de CO2 pero a causa de la caída de la actividad económica, y qué
cambios ha habido en el precio de la tonelada.
Esta Institución es consciente de la índole supranacional e
internacional de estas cuestiones, es decir, que la información y
parecer solicitados no pueden quedar enmarcados exclusivamente en
España. Eventualmente se trataría de esos otros ámbitos en colaboración
con la oficina del Defensor del Pueblo Europeo.
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