MADRID.- El Gobierno regional de Cristina Cifuentes ha
denunciado ante la Fiscalía las "irregularidades" detectadas en el
Campus de la Justicia, un proyecto encargado en 2007 por el Ejecutivo de
Esperanza Aguirre que pretendía agrupar las sedes judiciales en el madrileño barrio de Valdebebas.
La
propia Cifuentes ha confirmado la denuncia a través de su cuenta de
Twitter, donde ha dejado además un mensaje en el que afirma: "Tenemos tolerancia 0 con la corrupción, venga de donde venga. Hoy, una prueba más".
La
denuncia llega después de un informe de fiscalización de la Cámara de
Cuentas que advertía de que la estructura organizativa mercantil del
Campus de la Justicia no seguía "ningún criterio de racionalidad
económico-organizativo".
El
pasado 3 de abril el gobierno regional elevó a la Abogacía General de la
Comunidad de Madrid ese informe, y, una vez examinado, ha determinado
que pudiera haber "ilícitos penales", según ha explicado en
declaraciones a los medios en el Pleno de la Asamblea el consejero de
Justicia, Presidencia y portavoz del Gobierno regional, Ángel Garrido.
Por ello, ha continuado, "corresponde" ahora a la Fiscalía determinar "si es así o no".
Garrido ha rechazado que la entrega de este informe a la Fiscalía sea un intento de desviar la atención de la polémica del máster de Cifuentes, sino que el Gobierno actúa "cuando corresponde".
"Podría haber sido ayer, hoy o dentro de cinco días", ha comentado.
Por
ese motivo, no presentaron conjuntamente la denuncia junto a los grupos
de la oposición porque, ha indicado el consejero, no se mueven "por
intereses partidistas".
La
oposición ya llevó a la Fiscalía el pasado mes de marzo este caso,
analizado en la comisión de estudio de la deuda de la Asamblea de
Madrid, y advirtió de que el proyecto supuso un "quebranto patrimonial"
para los madrileños de más de 130 millones de euros.
"Elevamos
las cosas cuando tenemos informes de la Abogacía, que es a quien
hacemos caso, porque determina cada uno de los planteamientos que tiene
que ver con la legalidad", ha dicho Garrido, que ha insistido en que el
Gobierno regional actúa "en base a los informes de la Abogacía de la
Comunidad", no por presunciones o por intuiciones.
En cuanto al perjuicio económico, Garrido ha recalcado que están a la espera de si la Fiscalía decide
que hay "indicios de criminalidad" para que la Comunidad se persone, en
su caso, como acusación particular, como ya lo hizo en el caso Púnica o Gürtel.
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