viernes, 27 de abril de 2012

Las mujeres maltratadas madrileñas podrán cambiar gratis la cerradura de su casa

MADRID.- La mujeres maltratadas de la Comunidad de Madrid, siempre que dispongan de una orden judicial que lo autorice, podrán cambiar la  cerradura de su domicilio sin coste gracias a un acuerdo firmado este viernes entre el  Gobierno regional y la Federación Unión de Cerrajeros de Seguridad  (UCES) bajo el título 'Cerremos la puerta al maltrato'.

   El acuerdo incrementa las garantías de protección para las mujeres  afectadas frente a sus agresores, pero también las de sus hijos y, en  general, las condiciones de seguridad de las personas que puedan estar a su cargo.
   Después de expresar su repulsa por los casos de violencia de género, especialmente por el último, en el que un octogenario mató a su mujer en Chamartín el pasado martes, el consejero de Asuntos Sociales, Salvador Victoria, ha explicado que mientras haya una sola mujer que sea víctima de la violencia, la Comunidad "seguirá trabajando con todas sus fuerzas para conseguir desterrar la violencia de género de la sociedad".
   El consejero ha sido el encargado de certificar el convenio por  parte de la Administración regional, junto al presidente de UCES, David Ormaechea.
   Ormaechea ha explicado que asociaciones de mujeres maltratadas llaman a su Federación porque "necesitan mayor seguridad en sus viviendas". "Consideramos que es una cuestión vital para ellas y por lo tanto quedarnos al margen nos haría cómplices de ese maltrato. No nos gusta la indiferencia", ha añadido.
   Al acto también han acudido la delegada del Gobierno para la  Violencia de Género, Blanca Hernández; la letrada del Observatorio  Contra la Violencia Doméstica, Pilar Llop; la fiscal adscrita a la Sala  Contra la Violencia Sobre la Mujer, Teresa Peramato; y la periodista  Mónica Carillo, madrina del acto, que ha leído el testimonio que una  mujer maltratada había puesto por escrito.
   Aunque el proyecto piloto de esta iniciativa de los cerrajeros se  puso en marcha en colaboración con el Ayuntamiento de Córdoba, Madrid  es la primera comunidad autónoma en suscribir este convenio.
   "Con el acuerdo que hoy hemos firmado transmitimos a las mujeres  víctimas más seguridad para que den el paso de romper con la  violencia", ha indicado el consejero de Asuntos Sociales.
   Victoria ha manifestado que en la actualidad, miles de mujeres se  podrían beneficiar de este acuerdo, "ya que sólo en 2011 el Punto de  Coordinación de las Órdenes de Protección de la Comunidad derivó 4.227 resoluciones judiciales, entre órdenes de protección, sentencias o  medidas cautelares".
   En este sentido, el consejero ha recordado que el Gobierno madrileño mantiene una red de atención integral para las víctimas, con recursos tanto residenciales como no residenciales, 52 puntos del Observatorio  Regional de Violencia de Género instalados en distintos municipios (que  ofrecen atención psicológica, jurídica y social) y el teléfono 012, que  en 2011 recibió más de 6.500 llamadas y realizó 15.800 actuaciones.
   Estas acciones, así como la que implica el acuerdo firmado este  viernes, se orientan a impulsar a las mujeres a dar el paso decisivo de  denunciar su situación e iniciar un camino con el apoyo necesario, que les permitirá emprender una nueva vida y una nueva trayectoria.
   Victoria ha apuntado que "son más de 20.708 las denuncias  registradas en la región en el último año, y eso significa que cerca de  21.000 valientes mujeres han hecho una apuesta por la libertad".
   "Sólo vamos a poder resolver este problema estando todos unidos: las administraciones públicas, los medios de comunicación y la sociedad en  su conjunto. Esta iniciativa es un buen ejemplo de cómo la lucha contra la violencia de género es una lucha que ha de ser de todos", ha concluido el consejero.

Contratar varios trabajadores irregulares será delito

MADRID.- El Gobierno español aprobó el viernes un plan de intensificación de la lucha contra el fraude laboral hasta 2013 que, entre otras medidas, plantea un endurecimiento de las penas al convertir en delito la contratación de varios trabajadores irregulares.

"Modificaremos el Código Penal para tipificar como delito el empleo simultáneo de una pluralidad de trabajadores en empleo irregular", dijo la ministra de Empleo, Fátima Báñez, tras el Consejo de Ministros.
Además, Báñez dijo que la modificación del Código Penal ampliará el periodo de prescripción, de 5 a 10 años, de los supuestos delictivos más graves contra la Seguridad Social, y que los defraudadores deberán abonar todas las cuotas defraudadas para eximirse de la responsabilidad penal.
En una nota de prensa, el Ministerio de Empleo dijo que entre estos supuestos se encuentran "las 'empresas fantasma' sin actividad real que simulan relaciones laborales, con el único propósito de que los trabajadores obtengan una prestación pública".
El plan, anunciado por el Gobierno tras el Consejo de Ministros, tiene como objetivo, entre otros, impulsar el afloramiento de la economía sumergida y así generar mayores recursos económicos para el sistema de la Seguridad Social.
En ese sentido, se contempla una reorganización de la inspección de Trabajo y de la Seguridad Social para que actúen coordinadamente en la lucha contra el fraude, la incorporación de 53 inspectores y 60 subinspectores para dedicarse a este tema, y la realización de campañas en aquellos sectores que se identifiquen como "bolsas de fraude".
En el plan también se introducen cambios que pretenden proteger a los trabajadores mayores de 50 años, como por ejemplo, la ampliación del número de empresas sometidas a la obligación de contribuir a las prestaciones que recibirán estos trabajadores si son incluidos en despidos colectivos, al rebajarse de 501 a 101 el número de trabajadores mínimo de las empresas sometidas a esta obligación.
En este sentido, además, se prohíbe la jubilación obligatoria a determinada edad en convenios colectivos.

Los comerciantes temen que la subida del IVA sea "la puntilla que remate" el sector

MADRID.-   Los comerciantes han advertido de que la subida del IVA anunciada por el Gobierno para 2013 supone un "hachazo" para un sector que acumula 21 meses consecutivos de caída de ventas y temen que sea "la puntilla que remate" a las tiendas que están intentando evitar el cierre.

   "La subida hará mucho daño al comercio en las actuales circunstancias de decaimiento del consumo y crea temor y desconfianza en los consumidores desde hoy", dijo hoy el presidente de la Confederación Española de Comercio (CEC), Manuel García-Izquierdo.
   El presidente de la CEC defendió la necesidad de poner en marcha medidas que "favorezcan el consumo y no que vayan en contra" como, a su juicio, es el caso de un alza fiscal de este tipo, al tiempo que advirtió del impacto de esta medida en un sector que está "agotando todas sus reservas".
   Por su parte, el presidente de la Asociación de Comercio Textil y Complementos (Acotex), Borja Oria, manifestó la sorpresa del sector ante este anuncio, después de los "mensajes del Gobierno de que no se iba a subir este impuesto", así como la preocupación por el convencimiento de que se trata "la peor medida que se puede tomar".
   Oria señaló que, tras el incremento del IVA aplicado en julio de 2010, las tiendas de ropa registraron una caída de las ventas del 10% ese mismo mes, debido a la desconfianza del consumidor, dado que la mayoría de las empresas absorbieron la subida.
   El vicepresidente de la CEC y presidente de la Confederación de Comercio de Madrid (Cocem), Hilario Alfaro, coincidió en que el anuncio supone un "hachazo a la posible recuperación del consumo". "Va en línea contraria a lo que hay que hacer, que es un plan de dinamización del comercio", apuntó.

El juez rechaza la petición de Correa de declarar desde prisión debido a su estres

MADRID.- El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha rechazado la petición del cabecilla de la trama 'Gürtel', Francisco Correa, para declarar el próximo 7 de mayo desde prisión por videoconferencia debido a su estrés y ansiedad y ha decretado que sea trasladado a la sede judicial para ser interrogado, según han informado fuentes jurídicas. 

   La defensa de Correa había pedido al magistrado que le permitiera prestar testimonio desde la cárcel de Soto del Real, donde cumple prisión preventiva, o bien desde un juzgado cercano al centro penitenciario para así evitar la claustrofobia que le provocan los furgones en los que se suele efectuar el traslado.
   A la vista de la solicitud, el juez Ruz ordenó que se realizara al reo un examen forense para así determinar la licitud de sus alegaciones. La médico encargada de estudiar su estado ha descartado que el desplazamiento sea imposible y ha sugerido que este se realice en ambulancia, han añadido las mismas fuentes.
   Así, en una providencia firmada este jueves, el magistrado ordena que Correa sea trasladado en un vehículo médico hasta las dependencias de la Audiencia Nacional y especifica que durante su custodia en el edificio judicial deberá evitarse mantenerle en espacios "tipo celda", para eliminar la posibilidad de generarle claustrofobia.
   El cabecilla de la trama Gürtel volverá a la Audiencia Nacional el 7 de mayo para ser interrogado en el marco de la pieza en la que se investigan supuestas irregularidades en la contratación de empresas por parte de la Radio Televisión Valenciana (RTVV) durante la visita del Papa a Valencia en 2006.
   Ese mismo día prestarán también declaración otros dos de los responsables de la trama, Pablo Crespo y Álvaro Pérez, 'El Bigotes', y el gestor de la compañía Teconsa, a la que adjudicó la sonorización de los actos de la visita, Óscar Fragio.
   El día 8 el juez interrogará al exdirector general de RTVV Pedro García Gimeno, acusado de recibir regalos a cambio de conceder la adjudicación, y otras dos personas. El magistrado imputa a todos ellos la comisión de delitos de cohecho, prevaricación, malversación de caudales públicos, blanqueo de capitales y delitos contra la Hacienda Pública.

Tomás Gómez dice que "por alguna razón" Aguirre "no puede prescindir" de González

MADRID.- El secretario general del Partido Socialista de Madrid (PSM), Tomás Gómez, ha afirmado este viernes que el congreso del PP de Madrid va a celebrar este fin de semana va a ser "irrelevante", y ha destacado que "por alguna razón", la presidenta de la Comunidad y PP de Madrid, Esperanza Aguirre, "no puede prescindir" de Ignacio González.

   "Por alguna razón la señora Aguirre no puede prescindir de él, lo saben bien la señora Aguirre y el señor Ignacio González", ha afirmado Gómez preguntado por el Congreso del PP y la previsible renovación de González como secretario general del PP de Madrid. Y es que su juicio, el de este fin de semana "es un congreso irrelevante para la sociedad madrileña".
   Siguiendo con el tema de los 'populares' y de González, Gómez ha recordado que los socialistas han pedido su comparecencia en la Asamblea de Madrid, pero ha denunciado que "todavía no hay fecha". "Eso es el PP, falta de transparencia. Es la falta de transparencia y el ocultismo", ha remarcado.

Aguirre afronta su tercera reelección como presidenta regional del PP

MADRID.- La presidenta de la Comunidad de Madrid y única candidata a la Presidencia del PP madrileño, Esperanza Aguirre afronta este fin de semana su tercera reelección para seguir al mando de la formación popular en Madrid en el XV Congreso Regional, con un marcado aire liberal.

   Aunque la propia dirigente bromea con la posibilidad de que aparezca alguna sorpresa de última hora, todo apunta a que este sábado, pasadas las 21.30 horas, los casi 2.500 compromisarios que acuden al cónclave volverán a mostrar su respaldo a Aguirre, que se presenta para liderar durante otros cuatro años el PP de Madrid.
   Tampoco se esperan sorpresas en los nombres que le acompañarán en la dirección, pues esta semana ya ha desvelado que su propuesta pasa por que su 'número dos', Ignacio González, siga siendo secretario general del partido, además de Gádor Ongil como vicesecretaria de Organización y Javier Fernández-Lasquetty, de Acción Política.
   Una de las novedades es la creación de una tercera Vicesecretaría que recaerá en Bartolomé González, hasta ahora presidente del Comité Electoral. Por otra parte, también le ha propuesto a la actual portavoz y secretaria de Comunicación, Lucía Figar, que se mantenga en el cargo por ser "magnífica", según afirmó el miércoles.
   Aguirre contará con el apoyo del presidente de su partido, Mariano Rajoy, que el domingo acudirá al acto de clausura donde participará, además de él y la propia presidenta, el presidente de honor del PP de Madrid y presidente del Senado, Pío García Escudero; y la alcaldesa de Madrid, Ana Botella.
   La presencia de los presidentes autonómicos también será notable y pese a que la secretaria general del partido y jefa del Ejecutivo de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, se ausentará, el Congreso contará con la participación de otros dirigentes regionales como el de Comunidad Valenciana, Alberto Fabra; de Galicia, Alberto Núñez Feijoo; o Luisa Fernández Rudi, de Aragón.
   El PP de Madrid, a través de sus cinco ponencias, planteará nuevas reformas liberalizadoras "para preservar el Estado de Bienestar y sentar las bases de reactivación económica madrileña y española". Así, propondrá, por ejemplo, que los comerciantes tengan plena libertad para organizar sus temporadas de rebajas o exenciones de impuestos para las nuevas empresas en los primeros años de actividad.
   En la misma línea, propone una rebaja del tipo impositivo para las ampliaciones de capital con el objetivo de captar nuevas inversiones, y la implementación de zonas francas de emprendedores con exenciones fiscales para determinadas actividades que aporten un alto valor añadido.
   Complementariamente, apuestan por la mejora del marco fiscal e institucional de los business angels (inversiones privados que compran una participación temporal y minoritaria del capital de empresas) o promover un gran acuerdo entre administraciones públicas, universidades y empresas para alinear bajo una misma estrategia los fondos destinados a la innovación de emprendedores.
   En materia comercial, el PP de Madrid propondrá la implantación de BIDs o Distritos de Desarrollo Empresarial, donde participarían asociaciones del sector privado, con capacidad de gestión pública, que podrán decidir el destino de sus financiaciones y gestionarlas de forma conjunta.
   Por otro lado, en el apartado de la educación, el PP madrileño propugna una reforma en la financiación universitaria, considerando que ésta debería basarse en criterios como resultados académicos, participación en proyectos empresariales, resultados de investigación aplicada y publicaciones.
   Los populares también creen que las subvenciones a sindicatos, patronales y partidos políticos deben ser reducidas y financiarse por las cuotas de sus asociados y no subvencionarán en la Comunidad de Madrid ninguna actividad de ONGs por encima del 75 por ciento de su coste.
   Se trata solo de propuestas que Aguirre ya ha anunciado que irán aplicando en la región desde el Gobierno regional en la medida que el Estatuto de la Comunidad de Madrid se lo permita, como es el caso de la libertad de rebajas, que se incluirá en la Ley de Liberalización del Comercio. Las que dependan de cambios normativos del Ejecutivo central, se solicitarán.
   Además de un debate de ideas, el XV Congreso Regional quiere convertirse en un mini museo con la historia del PP de Madrid, por lo que los asistentes podrán comparar cómo han evolucionado los medios con los que se afrontaban las campañas electorales hace dos décadas y ahora.
   Así, habrá una exposición en la que se exhibirá, por ejemplo, un Renault 4L (con altavoces incluidos) con el que se concurrió a unas elecciones generales de hace dos décadas junto a un Smart vinilado de los últimos comicios. También habrá vitrinas con merchandising antiguo del partido, mapas electorales para comprobar el avance del PP en la región y vídeos con anuncios electorales.

CC.OO. y UGT dan por rota la negociación con la Comunidad de Madrid sobre el horario de los profesores el próximo curso

MADRID.- Los sindicatos CC.OO. y UGT han dado por rotas las negociaciones de las instrucciones de inicio del próximo curso escolar, donde se incluyen las horas lectivas de los profesores, con la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid tras la reunión de la Mesa Sectorial de esta mañana.

El secretario general de CC.OO. Enseñanza en Madrid, Francisco García, ha explicado que han dado por rotas las negociaciones en lo que respecta a las instrucciones porque "lo que la Comunidad de Madrid ha puesto encima de la mesa es lo propuesto por el Estado pero corregido y aumentado".
"Si nos hemos sentado a negociar para revertir los efectos del inicio de curso pasados con efectos notablemente negativos en la calidad de la enseñanza y en la equidad, y nos presentan esto, entendemos que el Gobierno se atrinchera en su posición", ha explicado.
En este sentido, ha señalado que "en contra" de lo que dice el ministro de Educación, José Ignacio Wert, y la consejera del ramo, Lucía Figar, de que el aumento de las horas lectivas no tenía "efecto en la calidad", el sindicato cuenta con un informe que recoge que en la Comunidad, como consecuencia de esta medida, se han contratado a 2.300 profesores menos.
En la misma dirección, asegura que se ha perdido el 74 por ciento de las horas de actividades extraescolares, el 54 por ciento de las horas de biblioteca, el 36 por ciento de las horas de tutoría, el 20 por ciento de horas de atención a alumnos con asignaturas pendientes, el 17,5 por ciento de los desdobles de Lengua, el 10 por ciento de los de Matemáticas y el 22 por ciento de las horas de guardia.
A su juicio, "todo esto afecta a la calidad de la enseñanza de todos" pero, sobre todo, "a los que necesitan medidas de apoyo y que sin ellas se ven abocados al fracaso escolar". 
"Es aceptar un retroceso en la calidad de la enseñanza y en la equidad de hace mucho tiempo", ha apostillado.
Por su parte, el secretario general de FETE UGT Madrid, Eduardo Sabina, ha criticado que "lo único" que ha hecho el Gobierno regional es "poner encima de la mesa los recortes que plantea el Ministerio en contra del planteamiento" que venían teniendo las organizaciones en la negociación.
Así, ha explicado, que su propuesta pasaba por hablar primero de las funciones que tiene que realizar el profesorado en el centro, "que no solo es dar clase", fijar los tiempos que se dedican a cada una de las actividades y, sobre eso, elaborar una orden de horarios.
Frente a esto, Sabina ha criticado que la Comunidad va a aplicar directamente las 20 horas lectivas, que ya están este año así como las sustituciones y las reducciones por exceso de horario, con lo que se encuentran en "total desacuerdo".
 "El Ministerio solo marca mínimos, que saltarían los máximos de antes", ha apostillado.
La viceconsejera de Organización Educativa de la Comunidad de Madrid, Carmen Pérez-Llorca, ha explicado que la orden de horarios que habían estado discutiendo con las organizaciones sindicales "va a tener que sufrir modificaciones" para que se reflejen las nuevas disposiciones incluidas en el decreto ley de medidas urgentes del Gobierno central.
De esta manera, se ha referido a las 20 horas lectivas en Secundaria, "que ya estaban en vigor en la Comunidad", y la compensación horaria lectiva "que en el real decreto se establece solo a partir de las 20 horas".
 "Son asuntos que tenemos que reflejar en la orden de horarios porque tenemos que cumplir la ley", ha dicho.
En este sentido, ha recalcado que estas normas "son para todas las comunidades autónomas" y que lo que pretenden los sindicatos "es que esas medidas no se vean reflejadas. "Nos esta pidiendo que incumplamos la ley y no estamos dispuestos a hacerlo porque la norma hay que aplicarla", ha sentenciado.

Cuatro de cada diez mayores ya ayudan económicamente a algún familiar

MADRID.- El 40,4 por ciento de las personas mayores ayuda o ha ayudado en los dos últimos años en España a familiares, según el último Índice de Opinión Pública (IOP) realizado por Simple Lógica Investigación para la Unión Democrática de Pensionistas y Jubilados de España (UDP). 

   Así, mientras que en el año 2010 de las personas mayores que ayudan o habían ayudado en los dos últimos años a familiares representaban un 15,1 por ciento, actualmente recurrir a la solidaridad de los progenitores se ha convertido "en una de las principales estrategias de adaptación a la difícil situación que padecen muchos ciudadanos españoles".
   Entre las personas mayores que ayudan o han ayudado durante los dos últimos años económicamente a familiares o amigos, el índice de opinión señala que entre los progenitores con mayor nivel formativo, es decir, con estudios al menos secundarios, se registra un porcentaje (48,8 por ciento) significativamente superior de solidaridad que el registrado entre quienes tienen un nivel de estudios inferior (37,5 por ciento).
   También la clase social de los mayores es determinante para adoptar este comportamiento solidario. Así, más de la mitad de personas mayores de clase social alta, media-alta y media (52,5 por ciento) ayudan económicamente a familiares mientras que este porcentaje entre quienes pertenecen a la clase media-baja y baja es significativamente inferior (37,9 por ciento).
   Por otro lado, el número de ayudas destinadas a las personas mayores ha sufrido un descenso de cinco puntos respecto al estudio de 2010. Así, actualmente, los mayores que reciben algún tipo de ayuda económica de familiares se sitúa en un 7,5 por ciento, una bajada significativa respecto al 12,5 por ciento que recibían ayuda en 2010.
   Entre ellos, las mayores que viven solos (13,6 por ciento) registran un porcentaje significativamente superior de ayuda que aquellos que viven acompañados (5,2 por ciento) y, en relación a su nivel de estudios, son los que tienen hasta estudios primarios, con un 8,7 por ciento, los que tienen más ayuda familiar, frente al 4,6 por ciento registrado entre quienes tienen estudios más elevados.
   Finalmente, atendiendo al estatus social se observan diferencias en el mismo sentido, ya que el porcentaje de personas mayores de clase social media-baja o baja que reciben alguna ayuda económica de familiares (8,6 por ciento) es significativamente superior al registrado entre quienes pertenecen a una clase social más alta (3,2 por ciento). De este modo, quienes reciben ayuda de sus hijos se caracterizan principalmente por vivir solos, haber recibido una formación básica como mucho y pertenecer a las clases más bajas.

El empresario que defraude a la Seguridad Social deberá devolver las cuotas

MADRID.- Los empresarios que defrauden a la Seguridad Social deberán devolver íntegramente las cuotas para evitar responsabilidades penales, según las modificaciones del Código Penal que introduce el nuevo Plan integral de lucha contra el empleo irregular y el fraude en el ámbito laboral y de la Seguridad Social, aprobado este viernes en Consejo de Ministros.

   En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, la titular de Empleo, Fátima Báñez, ha resaltado que con este plan se trata de evitar comportamientos "que atenten contra los derechos de los trabajadores, así como situaciones de competencia desleal entre las empresas".
   En último término, ha señalado que el efecto más importante del plan es evitar que la detracción de ingresos a la Seguridad Social por el fraude "ponga en riesgo la sostenibilidad del sistema", a lo que ha sumado que los ciudadanos que cumplen "ven con muy malos ojos" las estas conductas irregulares.
   En este sentido, los objetivos fundamentales del plan serán el afloramiento de la economía sumergida, evitar fraudes en el acceso a prestaciones públicas, principalmente por desempleo, tratar de que todas las empresas den de alta a sus trabajadores, evitar la obtención indebida de bonificaciones y reducciones de cotizaciones empresariales o el disfrute en fraude de ley de prestaciones en aquellos casos en los que se constituyan empresas ficticias.
   Báñez ha hecho hincapié en los cambios normativos que afectan al Código Penal, que requerirán un anteproyecto de Ley Orgánica de modificación, y ha destacado también la tipificación como delito del empleo simultáneo de una pluralidad de trabajadores en situación irregular, para perseguir los talleres clandestinos.
   Asimismo, se pretende la ampliación del periodo de prescripción de cinco a diez años en los delitos más graves, como la creación de empresas 'fantasma' que simulan relaciones laborales para obtener prestaciones públicas.
   Por otro lado, a través de un anteproyecto de Ley Ordinaria, se modificarán también la Ley Ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social y el Estatuto de los Trabajadores.
   En cuanto a éstas últimas normas, se ampliará el periodo de investigación en supuestos de fraude complejos de 9 a 18 meses y se extenderá a tres años el plazo para exigir responsabilidad solidaria por incumplimiento de las obligaciones con la Seguridad Social en los supuestos de subcontratación. Asimismo, se amplían las sanciones por impago de las cuotas de la Seguridad Social hasta los 187.515 euros.
   Además, el plan establece una serie de medias complementarias para proteger a los trabajadores de más edad frente al despido y promover la ampliación de la vida laboral.
   Entre ellas se incluye que las empresas con beneficios de más de 100 trabajadores, y no de más de 500 trabajadores como hasta ahora, tengan que hacer aportaciones al sistema cuando incluyan a trabajadores de más de 50 años en despidos colectivos, o la prohibición de que los convenios colectivos establezcan topes de edad de jubilación.
   Otras de las medidas incluidas en el plan son un refuerzo de la Inspección de Trabajo con 53 inspectores y 60 subinspectores, y una mayor coordinación con la Inspección de la Seguridad Social y la Agencia Tributaria, entre otras instancias.
   En este punto, Báñez resaltó también la importancia de la participación en el marco del fraude de los colectivos del notariado y de los registradores de la propiedad.
   De esta forma, el Gobierno pretende realizar nuevas campañas de inspección donde está están identificadas posibles bolsas de fraude, así como realizar un seguimiento del empleo aflorado por la inspección para evitar que vuelva a sumergirse.

El Gobierno subirá los impuestos al consumo en 2013 para reducir el déficit

MADRID.- El ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, ha anunciado que el Gobierno tiene previsto incrementar los impuestos al consumo en 2013 con el objetivo de conseguir recaudar 8.000 millones de euros.

   En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, De Guindos explicó que el Ejecutivo está planteado una "modificación de la estructura impositiva" en España, en el sentido de reducir los impuestos sobre el trabajo y aumentar la carga impositiva sobre el consumo.
   "Lo que estamos planteando es, en un momento en el que debemos dar el salto desde el punto de vista de la competitividad, reducir las cargas y la imposición sobre el trabajo, que está bastante penalizado en estos momentos, e incrementar la imposición del consumo, que estaría en torno a unos 8.000 millones de euros", afirmó.
   El ministro de Economía explicó que esta subida de la imposición al consumo no solamente se refiere al IVA ya que "existen otros tipos de impuestos al consumo e impuestos especiales".
   De Guindos resaltó así la necesidad de reducir los impuestos sobre el trabajo y subir los del consumo cuando se inicia la recuperación económica, que es lo que se demanda a España desde fuera.
   Además, recordó que el problema de la imposición indirecta es subir los tributos cuando la economía cae, porque acelera la tendencia depresiva.

Ecuador prepara un "Plan B" ante los recortes en sanidad pública en España

QUITO.- El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) de Ecuador, ante el anuncio de recortes en la sanidad pública anunciada en España, prepara un "Plan B" para apoyar a sus compatriotas que puedan verse afectados con esa medida.

Así lo anunció anoche el presidente del directorio del IESS, Ramiro González, al revelar que dicho plan supone la prestación de servicios sanitarios de forma extraterritorial a ecuatorianos que se encuentren afiliados voluntariamente a la institución.
"Estamos muy preocupados por la información" de recortes y por ello "tenemos un Plan B" que se aplicará este mismo año en España, pero también en Estados Unidos, explicó González.
Comunicó, en rueda de prensa, que el próximo 20 de mayo estará en Nueva York para atender la situación de miles de sus compatriotas en situación irregular en EEUU, que no pueden acceder a los servicios sanitarios.
González dijo que del total de ecuatorianos residentes en EEUU, el 80 por ciento se encuentra en situación irregular y que sólo el 20 por ciento tiene sus papeles en regla.
Lo contrario sucede en España, donde sólo un 20 por ciento de los ecuatorianos que han emigrado hacia esa nación se encuentran en situación irregular, estimó la autoridad.
Por ello, indicó, en EEUU se prevé alcanzar un convenio para crear el "primer seguro que dé servicio de salud extraterritorialmente a los afiliados voluntarios" del IESS que se encuentren en esa nación norteamericana.
Esa misma estrategia se replicará "inmediatamente" en España, añadió González, al recordar que Ecuador ya tiene un convenio suscrito con la seguridad social española para la "portabilidad de pensiones", que permite a una persona de cualquiera de estos países jubilarse independientemente del lugar donde trabaje.
También la Embajada de Ecuador en España expresó su "profunda preocupación" por los recortes anunciados por el Gobierno español en materia de sanidad pública, que afectarán a "los inmigrantes más vulnerables" y, entre ellos, a los ecuatorianos, la mayor colectividad latinoamericana en el país ibérico.
En un comunicado, la sede diplomática recordó la decisión del Ministerio español de Sanidad de que, a partir de ahora, para que un inmigrante obtenga la tarjeta sanitaria no bastará con estar empadronado, sino que se exigirá también su residencia fiscal.
"Ello implica que las personas que se encuentren en situación irregular sólo podrán acceder a las urgencias, la maternidad y los cuidados de los niños, que es la asistencia básica asegurada a cualquier persona en este país", señaló la legación diplomática.
La población de extranjeros residentes en España es de 5.711.040 personas, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), mientras que el número de extranjeros en situación legal, es decir con permiso de residencia en vigor, asciende a 5.251.094, según los datos del Ministerio español de Empleo.
Así, la cifra de ciudadanos "sin papeles" que podrían verse afectados por estos cambios asciende a 459.946, a falta de depurar posibles duplicidades en las estadísticas, señala el comunicado de la Embajada ecuatoriana.
La nota explica que la mayoría de los extranjeros en situación irregular (306.477) son residentes de países pertenecientes a la Unión Europea, por lo que no tienen obligación de inscribirse en el registro.
Las restantes personas (153.469) son inmigrantes no comunitarios en situación irregular que cumplen actualmente las condiciones para tener tarjeta sanitaria.
Hasta ahora la ley establecía que los extranjeros que se encuentren en España inscritos en el padrón del municipio en el que residan "tienen derecho a la asistencia sanitaria en las mismas condiciones de los españoles".
Los inmigrantes no empadronados, y por tanto en situación irregular, tienen derecho a las urgencias, la maternidad y la atención infantil.
Con el recorte en los servicios sanitarios para los inmigrantes irregulares, el Gobierno español explicó que aspira a ahorrar unos 500 millones de euros, indica el texto de la Embajada.

El AVE no alcanza el umbral de rentabilidad por viajeros en ninguna línea


MADRID.- La red ferroviaria de Alta Velocidad (AVE) española, de unos 2.900 kilómetros de longitud, no tiene un grado de uso por pasajeros mínimo para alcanzar el umbral de la rentabilidad, estimado en entre 6,5 y 8 millones de viajeros.

   Así lo indica un informe realizado por el RACC a partir de distintos estudios, y en el que esta institución llama a hacer un "alto en el camino" en la inversión en AVE para "plantearse si conviene continuar con un proyecto que a día de hoy muestra su falta de sostenibilidad, sobre todo en el actual contexto económico".
   "Se ha llegado al límite de sostenibilidad de las finanzas públicas dada la situación económica del país", indica la institución, por lo que "no se pueden seguir malgastando los recursos públicos". "No se trata de poner en cuestión un hecho ya irreversible, sino de hacer un alto en el camino para ver lo que se ha dejado atrás y lo que queda por delante", añade.
   El informe apunta que "tras un esfuerzo inversor sin precedentes en la historia económica contemporánea del país" (4.263 millones de euros sin contar con el AVE a Sevilla), España será el país de la OCDE con la red AVE más extensa, y el segundo del mundo tras China, una vez se completen las conexiones con Galicia y el País Vasco.
   No obstante, el número de viajeros por kilómetro de las principales rutas del AVE "deja en evidencia" a los dos principales corredores, los que unen Madrid con Sevilla y Barcelona. Con 14.000 y 9.000 viajeros por kilómetro, respectivamete, "quedan a distancias insalvables respecto a otros como el París-Lyon, el Colonia-Frankfurt y el Tokio-Osaka".
   Pese a reconocer la "satisfacción" de los usuarios por el servicio del AVE, señala que "esta satisfacción no ha tenido un paralelismo en los ingresos obtenidos por las líneas en explotación, claramente insuficientes, no ya para cubrir los costes de construcción de la infraestructura, sino los de explotación, incluida la amortización de los trenes".
   El RACC cita varios estudios para indicar que la implantación presente y futura del AVE "responde más a un único objetivo de naturaleza esencialmente política que a motivos fundados de rentabilidad económica y social".
   Asimismo, considera que la centralidad de Madrid en la red AVE "hace dudar de la extensión de los beneficios del modelo en todo el territorio español". 
"Más que un proyecto de futuro es la réplica del modelo decimonónico radial", indica, por lo que estima que "el desarrollo regional de la inversión en Alta Velocidad parece muy exiguo".
   Además, estima que la inversión realizada "es más de sustitución que de generación de nueva demanda", dado que, según los datos que maneja, el 90% de los viajeros del AVE a Barcelona procedían del avión.
   Con todo, el RACC considera que "existen alternativas razonables" al AVE que pasan "gradualizar y limitar" los recursos destinados a este modo de transporte y destinar parte de ellos a invertir en otras infraestructuras que cuenten con una mayor rentabilidad social, entre los que cita "favorecer un adecuado transporte de mercancías en tren" o "modernizar y adecuar zonas críticas de la red convencional".

jueves, 26 de abril de 2012

Metro denuncia a los implicados en el sabotaje por desorden público y pide hasta cinco años de cárcel

MADRID.- El consejero de Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, Pablo Cavero, ha anunciado este jueves que el consejero delegado de Metro de Madrid, Ignacio González Velayos, ha acudido esta mañana al Juzgado de Guardia para presentar una denuncia por el sabotaje que se produjo ayer en el suburbano en hora punta, acusando a los implicados de un presunto delito de desorden público y pidiendo para ellos hasta cinco años de cárcel.

   En la denuncia,  la compañía entiende que los implicados en esta acción colectiva que tenía como objetivo protestar por la subida del transporte público incurrieron en un delito de desórdenes públicos atendiendo a lo que recoge el artículo 557 del Código Penal.
   En concreto, recoge el texto que hace referencia a "los que actuando en grupo y con el fin de atentar contra la paz pública alteren el orden público causando lesiones a las personas, produciendo daños en las propiedades, obstaculizando las vías públicas o los accesos a las mismas de manera peligrosa para los que por ellas circulen". Para este supuesto se prevé una pena de prisión de seis meses a tres años.
   En la misma denuncia, recoge en los fundamentos de derecho que Penal en su artículo 560.2 prevé un tipo agravado del delito de desórdenes públicos cuando se origine "un grave daño para la circulación ferroviaria de alguna de las formas previstas en el artículo 382". En este caso, la pena se incrementa a prisión de 1 a 5 años.
   Así, consideran que las personas responsables de los actos de ayer "deben ser imputados" y tras el correspondiente proceso, en su caso condenados en su condición de autores de un delito consumado".
   No obstante, añaden que en caso de no apreciarse que el delito de desórdenes públicos se haya consumido "gracias a la intervención de Metro y de la pericia de sus conductores", las personas denunciadas deben ser, a su juicio, condenadas en grado de tentativa, de conformidad con lo señalado en el artículo 61 del Código Penal.
   Además de las posibles sanciones penales, recuerdan que el responsable de un delito debe responder también de la indemnización de los daños y perjuicios que haya ocasionado, que es lo que se denomina responsabilidad civil derivada del delito.
   En este sentido, al juzgado suplica que "se proceda a la admisión de la denuncia y la incoación de diligencias previas contra las personas que tuvieron implicación en los incidentes ocurridos el día 25 de abril de 2012 en las instalaciones de Metro de Madrid por un presunto delito de desorden público del artículo 557 del Código Penal o su tipo agravado".
   Según consta en la denuncia, Metro asegura que del modo de actuación de los denunciados "se deduce claramente que su intención era lograr, a través de una acción colectiva en grupo, un grave perjuicio al servicio ferroviario, perjudicando a los viajeros y perturbando la paz pública".
   Sin embargo, destaca que la "rápida reacción de los conductores de los trenes hizo que los mismos advirtiesen la realidad de la situación, procediendo a rearmar los timbres de alarma en pocos minutos".
"Los conductores de los trenes no visualizaron personalmente a las personas concretas que había accionado las palancas de freno", apostillan.
   En este sentido, apunta que el servicio ferroviario ha sufrido una perturbación significativa, si bien ha sido inferior a la que podría haber resultado de la acción de los infractores si no llega a ser por la rápida reacción de Metro y la pericia de sus conductores".
   Así, el suburbano explica que esta "perturbación", dada la hora punta en la que suceden los hechos, ha supuesto "un importante perjuicio a los miles de ciudadanos que utilizan este medio de transporte en este tramo horario". De hecho, señala que los viajeros afectados ascienden aproximadamente a unos 8.000, "pudiendo estimarse que se han perdido unas 1.500 horas laborables".
   Ante esta situación, "dada la coincidencia temporal y por las informaciones difundidas en Internet" se concluye que se trata de "un acto de sabotaje organizado, el cual, de no haber sido por la rápida intervención de Metro y la pericia de sus conductores, podría haber ocasionado la paralización completa del servicio y un gravísimo perjuicio al conjunto de la ciudadanía".
   Metro puso de inmediato en conocimiento de la Policía y de la Delegación de Gobierno y a las 13.20 horas de ayer interpuso una denuncia ante la Dirección General de la Policía/Jefatura Superior de la Policía de Madrid/Brigada Provincial de Información.
   Además, tras grabar las imágenes de las distintas cámaras del Centro de Control de Metro de los trenes que han sido objeto del acto de sabotaje así como de los andenes, las ha puesto, como ampliación de la denuncia, en manos de la Brigada Provincial de Información para ayudar a la investigación.

 Opinión desde la Comunidad de Madrid

El vicepresidente y portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, ha manifestado que ve semejanzas entre los actos de sabotaje en el Metro de Madrid y acciones de "agitación callejera" o 'kale borroka'.
   Estos "movimientos concertados y predeterminados", tal y como los ha tildado, están organizados, a juicio del vicepresidente, por "grupos que actúan de manera semejante a como han actuado en el 29M o en otras actuaciones parecidas a la 'kale borroka'", ha dicho, comparando el "uso de pasamontañas y a la ocultación de su identidad" de los responsables.
   "Estamos hablando de una actuación casi similar a actuaciones como hemos visto de agitación callejera o 'kale borroka' en otros sitios", ha dicho González, que ha criticado que el alto simultáneo de los trenes en la mañana de este miércoles tuvo "intención de dañar".
   Para el portavoz del Gobierno regional "se trata de un acto vandálico, concertado, presuntamente delictivo", que pone en riesgo la seguridad de los ciudadanos", y que "boicotea el funcionamiento ordinario del transporte público".
   En este sentido, ha descartado que tenga relación con la seguridad privada contratada del suburbano. "No tiene nada que ver con las medidas de seguridad de Metro, que son absolutamente suficientes", ha considerado.
Ignacio González, ha manifestado que actos como el del sabotaje en el Metro de Madrid son "una provocación al Estado de Derecho y al respeto de la legalidad".
   En este sentido, ha descartado que haya "temor" a que se produzcan actos como estos. "No hay un temor; hay una declaración y una amenaza formulada por estos colectivos que han dicho que no será la primera vez", ha sentenciado.
   En este sentido, ha apostado por que "los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado tomen las medidas necesarias" con el objeto de "evitar este tipo de actos que vulneran la ley y alteran la normal convivencia y el derecho del resto de los ciudadanos", ha considerado.
   Por otro lado, ha apostillado que "hay que apelar a la responsabilidad de todo el mundo y exigir que se impidan este tipo de actuaciones ilegales".

Alcaldesa de Madrid: "No me gustaría como alcaldesa ver ocupada la Puerta del Sol. No se puede ocupar ilegalmente"

MADRID.- La alcaldesa de Madrid, Ana Botella, ha manifestado este jueves en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno que no le gustaría ver ocupada la Puerta del Sol, después de que anunciasen nuevas acampadas desde el 15M, a lo que ha añadido que no se puede ocupar ilegalmente ni éste ni ningún otro espacio de Madrid.

   "No me gustaría como alcaldesa ver ocupada la Puerta del Sol. No se puede ocupar ilegalmente la Puerta del Sol ni ningún otro espacio de Madrid", ha subrayado después de añadir que la legislación "hay que cumplirla siempre".
   Según informa la vertiente madrileña del movimiento 15M a través de su página web, la asamblea general celebrada este fin de semana acordó por consenso convertir la emblemática plaza madrileña en una "asamblea permanente" desde el 12 de mayo, día en el que tendrá lugar una gran manifestación global para volver a denunciar que los ciudadanos no son "mercancía en manos de políticos y banqueros", hasta el día 15, aniversario de la primera gran manifestación del movimiento convocada por la plataforma 'Democracia Real Ya', bajo el mismo lema, y que dio origen a las acampadas.


La ampliación en una hora del SER permitirá a los residentes estacionar en las plazas azules

MADRID.- La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid ha aprobado este jueves de manera definitiva el Plan de Calidad del Aire 2011-2015, que lleva aparejadas medidas como el establecimiento de una Zona de Emisiones Bajas (ZEB), la ampliación en una hora en toda la ciudad del Servicio de Estacionamiento Regulado (SER), de 20 a 21 horas, el incremento de un 10 por ciento en las tarifas en las ZEB y la obligación de parar el motor cuando el vehículo esté estacionado en cualquier punto de la ciudad, aun cuando el conductor no abandone su puesto.

   Para hacer todo esto posible, la Junta de Gobierno ha aprobado provisionalmente una modificación de la Ordenanza de Movilidad --que entrará en vigor el 1 de julio después de pasar por el correspondiente periodo de información y Pleno-- para poner en marcha varias medidas del Plan de Calidad del Aire.
   La primera pasa por el establecimiento de una Zona de Emisiones Bajas, es decir, delimitar un ámbito territorial en la ciudad coincidente con el de mayor congestión de tráfico y de niveles de dióxido de nitrógeno (NO2) para implantar medidas específicas.
   Otra de medidas que implica la modificación de la ordenanza es la ampliación en una hora del SER permitiendo a los residentes estacionar durante ese intervalo en las plazas azules. La alcaldesa ha destacado que los grandes beneficiados por esta medida serán los residentes que además verán disminuido el importe de la tarjeta desde enero, cuando se modifiquen las ordenanzas fiscales.
   También aquí se incluye la obligación de parar el motor cuando el vehículo esté estacionado, aun cuando el conductor no abandone su puesto. La alcaldesa, Ana Botella, no ha podido concretar en rueda de prensa a cuánto ascendería la sanción por no cumplir esta obligación.
   Botella sí ha matizado que, a diferencia de otras ciudades europeas, no habrá un peaje de acceso a la ZEB, pero a partir de julio se establecerá un SER ambiental con una tarifa un 10 por ciento más elevada que en el resto de la ciudad.
   Botella, acompañada por el vicealcalde, Miguel Ángel Villanueva, ha dado cuenta de las 70 medidas que apuntalan el Plan de Calidad del Aire de la Ciudad de Madrid 2011-2015, que cuenta con un presupuesto de 162 millones de euros y cuyo reto es reducir la incidencia del tráfico en el medio ambiente.
   Tras su aprobación por la Junta de Gobierno, el Plan se publicará en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid y se remitirá al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente para su envío a Bruselas. Es entonces cuando se solicitará la moratoria para cumplir con los requisitos exigidos por la UE.
   El Ayuntamiento de Madrid ha revisado las 377 alegaciones presentadas por diferentes instituciones, particulares y grupos políticos, entre otros. Se han estimado total o parcialmente 91; se han desestimado 161; se consideran ya contempladas 98 y 23 no se refieren directamente al Plan.
   Entre las alegaciones no aceptadas se encuentran las firmadas por PSOE e IU contra la modificación de las estaciones de medición. Botella ha defendido que el cambio se hizo "para adaptar esas estaciones a los parámetros de la Unión Europea y al nuevo desarrollo de la ciudad", de la que ha recordado que fue la primera en medir la calidad del aire, allá por los años 60.
   Entre las que se ha admitido total o parcialmente destacan la incorporación de un representante de los vecinos en la ponencia técnica de la Comisión de Calidad del Aire; la extensión de las Áreas de Prioridad Residencial, y la consideración de una nueva unidad urbanística, las denominadas supermanzanas.
   Se trata de una nueva entidad urbanística a contemplar en la revisión del Plan General de Ordenación Urbana pero que se adelanta ya en el Plan de Calidad del Aire. Es, en palabras de la regidora, "una entidad superior a la de la manzana a considerar en los planes de movilidad ya que puede ser una unidad más apropiada".
   La alcaldesa ha detallado que el Plan de Calidad del Aire apuesta por un enfoque integral de la movilidad, a la que dedica el 60 por ciento de sus medidas. La razón es que las emisiones del tráfico, a pesar de haber bajado un 26 por ciento desde 2006, aún representan el 65 por ciento de las emisiones de óxidos de nitrógeno en la capital.
   El Gobierno de la ciudad confía en que estas medidas, junto a las políticas del resto de administraciones, "hagan descender las emisiones de óxido de nitrógeno procedentes del tráfico un 22 por ciento respecto a 2009, mientras que el NO2 quedará por debajo del límite legal de los 40  microgramos/metro cúbico".
   Asimismo, la alcaldesa ha confirmado que lo que se recaude de más con el SER irá destinado a la movilidad ciclista, especialmente dentro de la ZEB. De este modo, se va a poner en marcha un servicio público de alquiler de bicicletas (1.500 bicicletas y 3.000 anclajes), se ampliará la infraestructura existente con el desarrollo de una red de ciclo-calles y ciclo-carriles, y  se creará la denominada M-10 ciclista y el eje ciclista Mayor-Alcalá.
   El Plan prevé el uso de tecnologías limpias en el cien por cien de la flota de autobuses de la EMT que presta servicio en la ZEB.  Se sustituirán, para ello, 307 autobuses de biodiésel por otros de Gas Natural Comprimido (GNC) y se instalarán filtros de partículas  y óxidos de nitrógeno en otros 485 autobuses.
   Además, se crearán dos líneas de subvenciones, una para cambiar el 25 por ciento de las calderas de gasóleo de más de 10 años y más de 1.000 kw. en la ZEB y otra para energías limpias en los taxis.