Se pospone el régimen abierto para Carromero a falta de completar la documentación

SEGOVIA.- La concesión del tercer grado o régimen abierto al dirigente de Nuevas Generaciones del PP Ángel Carromero, condenado por la muerte en accidente de dos opositores cubanos e interno en la prisión de Segovia, no ha podido ser abordada hoy por la Junta de Tratamiento del centro penitenciario a falta de completar la documentación.

Aunque la familia confiaba en que la Junta de Tratamiento abordara tal posibilidad, fuentes de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias han informado hoy que este órgano, presidido por el director del centro, José María García, e integrada por un equipo mutidisciplinar, no ha tratado el asunto.

La Audiencia Nacional ha cerrado la liquidación de condena de Ángel Carromero, un trámite necesario para que la prisión de Segovia pueda acordar el paso al tercer grado penitenciario, aunque aún es provisional, a falta del informe del fiscal, según fuentes del tribunal.

Cuando se formalice, presumiblemente con sentido favorable, el tribunal enviará la liquidación a la prisión para que ésta pueda tomar su decisión.

Carromero ingresó en la cárcel de Segovia el pasado 29 de diciembre, tras ser extraditado a España, donde permanecerá hasta que la Junta de Tratamiento adopte la decisión, que se puede retrasar una semana, hasta el jueves próximo, cuando se vuelva a reunir.

Fue condenado en Cuba a cuatro años de cárcel por el accidente de tráfico en el coche que conducía, en el que murieron los opositores cubanos Oswaldo Payá y Harold Cepero, el pasado 22 de julio, donde también viajaba Jens Aron Modig, presidente de la Liga Juvenil de la Democracia Cristiana sueca.

El abogado de la defensa, José María Viñals, ha señalado que la Junta de Tratamiento sigue el procedimiento previsto y tiene que cumplimentar unos tramites o formalidades con anterioridad a la toma de su decisión.

Asimismo, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional debe testimoniar la sentencia cubana por su parte y, a propuesta del ministerio fiscal, liquidar la condena que le quedaría por cumplir a Carromero en España.

Para la defensa, "los pasos se van siguiendo y adoptando de conformidad con los tiempos y las formalidades previstas en la ley", ha subrayado el letrado.

Según el reglamento penitenciario, antes de que pasen dos meses desde que se recibe la sentencia, la Junta de Tratamiento propone el grado penitenciario en el que, inicialmente, el preso debe cumplir la condena.

El portavoz de la familia y diputado del PP, Pablo Casado, confiaba en la agilidad de los trámites, con el fin de que Carromero pudiera salir en tercer grado hacia mediados de la próxima semana, una vez pasadas las fiestas.

Remitida hoy la documentación

La Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha enviado hoy a la cárcel de Segovia la liquidación de pena del vicesecretario de Nuevas Generaciones del PP de Madrid, Ángel Carromero, trámite necesario para que pueda optar al tercer grado penitenciario que le permitiría salir en libertad, informaron fuentes jurídicas.
   El cálculo, que ha sido avalado por la Fiscalía, establece que Carromero, que fue condenado a cuatro años de cárcel en Cuba por el accidente de tráfico en el que fallecieron los opositores cubanos Oswaldo Payá y Harold Cepero, terminará de cumplir condena el 21 de julio de 2016.
   El dirigente 'popular' permaneció en una cárcel cubana entre el 23 de julio y el 28 de diciembre de 2012, es decir, 159 días de los 1.460 a los que fue condenado. De esta forma, el dirigente tendría pendiente una pena de 1.301 días. En la cárcel de Segovia ingresó el pasado 29 de diciembre.
   La liquidación de condena es el primer paso para que la Junta de Tratamiento de la prisión de Segovia inicie los trámites para solicitar el tercer grado penitenciario, que concede la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior.
   En caso de obtener el tercer grado, Carromero disfrutaría de un régimen abierto que le permitiría acudir a la cárcel sólo para dormir. También existe una modalidad, según el Reglamento Penitenciario, por la que un preso puede estar vigilado mediante control telemático y ni siquiera tiene que dormir en la cárcel.
   A la hora de conceder un tercer grado, se tienen en cuenta aspectos como el arraigo, el hecho de tener un trabajo o que no represente riesgo para la sociedad o que no sea reincidente, elementos que serían de aplicación en el caso de Carromero, según informaron a Europa Press fuentes penitenciarias.
   El Consejo de Ministros autorizó el pasado 14 de diciembre el traslado a España de Carromero, después del acuerdo alcanzado con Cuba ocho días antes, para que éste cumpla en España la condena impuesta por las autoridades cubanas.

IU denuncia que el euro por receta es una medida "recaudatoria y expropiatoria"

MADRID.- El diputado de Izquierda Unida y portavoz en la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados, Gaspar Llamazares, ha presentado al Defensor del Pueblo, en nombre del Grupo Parlamentario de Izquierda Plural, una solicitud de recurso de inconstitucionalidad contra la implantación de la tasa del euro por receta por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid, al considerar que es una medida "recaudatoria y expropiatoria".

   Tras presentar dicha solicitud, el diputado de IU ha asegurado que el euro por receta --en vigor en Madrid desde el miércoles y en Cataluña desde junio-- vulnera los artículos 139 y 149 de la Constitución que establecen el principio de igualdad y la competencia exclusiva del Estado sobre las bases y coordinación general de la sanidad y la legislación sobre productos farmacéuticos.

   "No es un procedimiento disuasorio sino, muy al contrario, es recaudatorio, expropiatorio y es una discriminación inaceptable entre los ciudadanos españoles y, respecto a los más enfermos ya que serán éstos los que más paguen", ha argumentado Llamazares para instar a que esta normativa se paralice de manera "inmediata".

   Y es que, a su juicio, este "insoportable tripago" es un "impuesto nuevo a la enfermedad" y, especialmente, para los pacientes que tienen varias enfermedades, los crónicos y los pensionistas. Así, ha insistido en la necesidad de que se "paralice cuanto antes" porque tanto el Gobierno madrileño como el catalán están "vulnerando" sus competencias y la "igualdad" de los españoles en derechos fundamentales como la salud.

   De hecho, en el texto que ha presentado el diputado de IU se recuerda que el Consejo de Estado ha dictaminado que las comunidades autónomas no pueden incidir, ni directa ni indirectamente, en la fijación de los precios de los medicamentos que son objeto de financiación pública, por ser esta una competencia exclusiva del Estado y consagrada en el artículo 149.1.16. de la Constitución.

   Por ello, según prosigue la solicitud, "no cabe admitir" que, en ejercicio de su potestad tributaria, las comunidades impongan "gravámenes" cuya exacción comporte, en última instancia, un incremento del coste que los ciudadanos tengan que abonar para obtener un determinado medicamento o producto sanitario.

   "Hemos recurrido esta medida y pensamos que debe paralizarse cuanto antes porque es una decisión prevaricadora por parte del Gobierno de Madrid y de Cataluña a sabiendas de que esta competencia no es propia, que es una competencia del Estado y a sabiendas de que vulnera la igualdad de los españoles en derechos tan fundamentales como es el derecho a la salud", ha zanjado Llamazares.

   La tasa del euro por receta ha suscitado ciertas quejas y, según informaron el miércoles fuentes gubernamentales, el Gobierno se está planteando la posibilidad de llevar este mes al Consejo de Ministros un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional por esta tasa.

   Además, el Ministerio de Sanidad ya ha elaborado los informes pertinentes en los que se puede basar el recurso y ha remitido toda la documentación al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, que tiene previsto pedir un informe al Consejo de Estado.

El PSM interpondrá medidas judiciales contra González para frenar el euro por receta

MADRID.- El secretario general del PSM, Tomás Gómez, ha anunciado este viernes que su formación política interpondrá medidas judiciales de responsabilidad patrimonial contra el presidente de la Comunidad, Ignacio González, para que "pague de su bolsillo todo el coste económico que está suponiendo la puesta en marcha del euro por receta".

   Así lo ha expresado Gómez durante la presentación de "más del doble" de firmas --se requieren 50.000-- para llevar una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) a la Asamblea de Madrid contra el euro por receta y "especialmente el copago farmacéutico a las personas que están en edad de jubilación". 

"Lo que ocurre es que el PP, con su mayoría absoluta, impide que se pueda formalizar una ILP", ha sostenido.

   "Vamos a sacar toda una serie de baterías, de iniciativas, para frenar el desmantelamiento y privatización de la sanidad pública madrileña. Iniciativas institucionales, de movilización social e iniciativas judiciales", ha explicado el dirigente socialista.

   En este sentido, Gómez ha indicado que el próximo martes presentarán un recurso de inconstitucionalidad contra el euro por receta, "algo que ya se ha impuesto en Madrid y está ocasionando un trastorno a los madrileños, a los farmacéuticos, y que es una medida más encaminada a desmantelar un sistema sanitario público en Madrid".

  "El copago farmacéutico y el euro por receta significa que paga más el que está más enfermo y no el que tiene más recursos económicos", ha aseverado Gómez.

   Respecto a la implantación del euro por receta en la región desde el 1 de enero, el líder de los socialistas madrileños ha asegurado que el euro por receta y su implantación están causando "mucho daño económico, porque ha habido campañas de propaganda, porque ha habido procesos informáticos que se han comprado con dinero de todos los madrileños para ponerse en funcionamiento, de modo que ha habido un gasto muy importante".

   Por ello, ha señalado que es "inconstitucional y no se ajusta a la legalidad", por lo que ha dicho que González "ha contraído unos gastos muy importantes de las arcas públicas a sabiendas de que es algo que va a ser declarado inconstitucional". Así, Gómez ha anunciado que además del recurso ante el Tribunal Constitucional ejercerán medidas judiciales contra el presidente regional.

   "No solamente una demanda de responsabilidad patrimonial, sino que también está cometiendo un delito de prevaricación, porque sabe que es ilegal la medida, y a sabiendas de que es ilegal, la ha impuesto a todos los madrileños", ha sentenciado Gómez.

   Asimismo, ha pedido al Gobierno de Mariano Rajoy que haga un recurso de inconstitucionalidad en Madrid "tal como ha hecho en Cataluña". En esta línea, ha solicitado a Rajoy que además exija "la suspensión de la medida, que no se siga cobrando el euro por receta a los madrileños".

   "El PP está desbaratando y desmantelando el sistema sanitario público. Está privatizando y abriendo las puertas a que se haga negocio con algo que es de todos, con la sanidad, con la salud, o mejor dicho, para que hagan negocio con la enfermedad de los madrileños", ha apuntado Gómez.

   Por último, el dirigente socialista ha comentado que él "no pagará el euro por receta", pero ha señalado que otra cosa diferente es que "cada ciudadano haga lo que considere en conciencia, porque después la administración tratará de cobrar el euro y además cobrar por intereses".

Un 36,9% de los españoles apuesta por acabar con las comunidades autónomas

MADRID.- Un 36,9 por ciento de los españoles son partidarios de un Estado con un único Gobierno central y eliminar las comunidades autónomas o mantenerlas pero restarles autonomía, según refleja el último Barómetro de Opinión realizado por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).

   El sondeo fue realizado durante los primeros quince días de diciembre tras la celebración de las elecciones autonómicas de Cataluña, centradas en el debate sobre independencia, autodeterminación y federalismo.

   Al ser preguntados por el modelo de Estado que prefieren, la posición mayoritaria, elegida por el 32,5 por ciento de los encuestados, sigue siendo la de dejar las cosas como están, con un Estado con comunidades autónomas.

   Sin embargo, hasta un 24,6 por ciento prefiere acabar con las autonomías, un porcentaje muy similar al de hace un mes (24,9 por ciento), y un 12,3 por ciento apuesta por mantener las comunidades pero restarles autonomía.

   En el otro lado de la balanza, un 11,9 por ciento de los ciudadanos defienden comunidades autónomas con mayor autonomía que en la actualidad y un 9,4 por ciento apoya un modelo en el que las autonomías puedan decidir si quieren la independencia. Estos porcentajes son medio punto inferiores a los del barómetro del mes de noviembre.

   Otra pregunta refleja que más de la mitad de los encuestados se sienten tan españoles como de su comunidad autónoma (54,1 por ciento). Mientras, un 15,5 por ciento declara sentirse únicamente español, un valor un punto y medio inferior al del último sondeo; y un 5,6 por ciento asegura sentirse únicamente de su comunidad autónoma, también ligeramente inferior al porcentaje reflejado en la encuesta de noviembre.

Se duplica entre los españoles la preocupación por corrupción, fraude y aumenta la de sanidad

MADRID.- El último Barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) correspondiente al pasado diciembre revela que se ha duplicado la preocupación de los españoles por la corrupción y el fraude respecto del mes anterior, al tiempo que ha aumentado la de la sanidad, que marca un nuevo récord.

   La encuesta, hecha pública este viernes, se basa en 2.480 entrevistas domiciliarias realizadas entre el 1 y el 15 de diciembre en 237 municipios de 49 provincias y tiene un margen de error de más/menos un 2 por ciento.

   En concreto, la corrupción y el fraude ha recibido un 17,2 por ciento de menciones, casi el doble que el pasado mes de noviembre, cuando fue citado por el 9,5 por ciento de los entrevistados, lo que le hace irrumpir en el cuarto puesto de la lista de preocupaciones ciudadanas, por detrás del paro, los problemas de índole económica y la clase política.

   En cualquier caso, el ránking de las preocupaciones ciudadanas sigue liderado por el paro, pese a que su porcentaje desciende levemente, pasando del 80,8 por ciento que alcanzó en noviembre al 77,1 por ciento de diciembre, mes éste en el que el número de desempleados ha descendido en 59.094 personas.

   El segundo puesto sigue siendo para los problemas económicos en general, con 39,5 por ciento de las alusiones, y el tercero, aunque ya muy por detrás, lo sigue ocupando, con el 29,8 por ciento de las respuestas, la clase política aunque, eso sí, suma ocho puntos más que hace un año.

   Justo detrás de la corrupción y el fraude, que ocupan el cuarto lugar, se encuentra la sanidad. Aunque baja un puesto en la lista de los problemas nacionales respecto a las encuestas de los últimos tres meses, vuelve a marcar, con un 12,9 por ciento de los cuestionarios, un nuevo récord, al incrementarse un punto y medio respecto de noviembre.

   Ello puede deberse a las numerosas manifestaciones que los profesionales de la sanidad madrileña han protagonizado durante el pasado mes de diciembre contra la intención del Gobierno de Ignacio González de privatizar la gestión de este servicio.

   En el sexto puesto las cosas han cambiado respecto al mes inmediatamente anterior, puesto que entonces en ese lugar figuraba los bancos y ahora, con un 7,6 por ciento, se encuentra la educación, que está acaparando últimamente la atención de los medios de comunicación ante la reforma educativa que lidera José Ignacio Wert. No obstante, la preocupación de los españoles por las entidades bancarias aparece en el puesto siguiente, con un 7 por ciento de las respuestas.

   Por otra parte, la preocupación por los desahucios, que irrumpió por primera vez en el Barómetro de noviembre ocupando el puesto número ocho, pasa al noveno lugar al ser citado por el 5,6 por ciento de los encuestados, después de las primeras medidas decididas por el Gobierno para frenar este drama social.

   Respecto a las cuestiones que más afectan personalmente a los entrevistados, el paro continúa a la cabeza (47,2 por ciento), seguido de los problemas de índole económica (35,8 por ciento) y la sanidad (12,8 por ciento) y los políticos (10,1 por ciento).

La objeción al pago del euro por receta puede conducir al embargo de cuentas

MADRID.- El Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid ha señalado hoy que, de momento, la insumisión al pago del euro por receta es "bastante baja en general" y que la Administración regional iniciará "un procedimiento de apremio contra el ciudadano" que puede llevar incluso al embargo de cuentas bancarias.

Así lo ha manifestado el vocal de Oficinas de Farmacia del colegio, Jaime Acosta, a los dos días de entrar en vigor la nueva tasa y tras los llamamientos a la insumisión por parte de algunas asociaciones como Facua e incluso "desde los propios centros de salud y hospitales".

La propia Consejería de Sanidad ya había advertido de que la insumisión tiene las mismas consecuencias que negarse a pagar a la Hacienda pública, ya que el objetor tiene que dar sus datos personales y después se le reclamará esta cantidad, con recargo y en su caso, la sanción que pudiera tener.

Acosta ha explicado que la consejería comunicó al Colegio a finales de diciembre que "los farmacéuticos están obligados a dispensar la medicina si el ciudadano se declara objetor en primera instancia al pago de la tasa".

El objetor tiene que rellenar un formulario por triplicado para cada receta, que ha editado la consejería y del que ya disponen todas las farmacias, aunque "no hay un número suficiente" para las 2.825 farmacias de la Comunidad de Madrid, ha añadido.

Como solución a la escasez de formularios, Acosta sugiere que los ciudadanos vayan a su centro de salud a solicitarlos, mientras el Colegio, que está haciendo fotocopias para enviarlas a las farmacias, pide "comprensión a los ciudadanos" hasta que se resuelva el problema.

"Ahora mismo la frecuencia de insumisión es bastante baja en lo general", aunque el Colegio no dispone aún de datos contabilizados, ha indicado Acosta, que ha puesto como ejemplo su propia farmacia, donde contabilizó ayer 2 objetores sobre un total de 86 recetas dispensadas.

Ha puntualizado, sin embargo, que "se están dispensando recetas de 2012 que no conllevan la tasa, aplicable sólo a las de 2013, por lo que, de momento, hay muy pocas recetas objeto de tasa".

El Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid no tiene constancia de ninguna incidencia grave, pero Acosta ha querido destacar "el muchísimo esfuerzo en explicar a los ciudadanos que ese dinero no se lo queda la farmacia, que es una medida no sanitaria que ha sido impuesta" a estos profesionales.

"Aunque la medida nos convierte en recaudadores de impuesto, muy a nuestro pesar, la acatamos en cumplimiento de la legislación, como corresponde en un Estado de derecho", ha concluido.

IU presenta este viernes un recurso de inconstitucionalidad al Defensor del Pueblo contra el euro por receta de Madrid

MADRID.- El diputado de Izquierda Unida (IU) y portavoz en la Comisión de Sanidad, Gaspar Llamazares, presentará este viernes una solicitud de recurso de inconstitucionalidad en el registro del Defensor del Pueblo contra la implantación del euro por receta por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid. 

El diputado de Izquierda Unida ya había adelantado en su cuenta de Twitter esta petición con el objetivo de que la institución "recurra y pida" al Tribunal Constitucional la "paralización inmediata" del euro por receta. "Llamamos a la insumisión", ha apostillado.

La tasa de un euro por receta implantada por el Gobierno de la Comunidad de Madrid ha comenzado a aplicarse en las oficinas de farmacia a partir de este miércoles, 2 de enero, para las recetas expedidas a partir de esa fecha. Pese a que la medida no es 'recaudatoria' sino 'disuasoria', la Consejería prevé ingresar 83 millones de euros anuales.

La medida limita la aportación de cada ciudadano a 72 euros. Además, quedan exentos del abono los afectados por síndrome tóxico y personas con discapacidad en los supuestos contemplados en su normativa específica, así como las personas perceptoras de rentas de integración social, personas beneficiarias de pensiones no contributivas, los parados de larga duración que hayan agotado el subsidio de desempleo, y las personas con tratamientos derivados de accidente de trabajo o enfermedad profesional.

Asociación Democracia Real Ya se querella mañana contra diputados que perciben dietas a pesar de tener casa en Madrid

MADRID.- La Asociación Democracia Real Ya (DRY) va a presentar este viernes una querella en el Tribunal Supremo contra 63 diputados que, según denuncian, perciben dietas de desplazamiento y manutención a pesar de disponer de una o varias viviendas en Madrid.

   Según ha explicado uno de los letrados integrantes del Equipo Jurídico de la Asociación, Miguel Ángel Jiménez, esos 63 diputados están percibiendo dietas por valor de 1823,86 euros "en concepto de pernoctación", aun teniendo una vivienda en la capital.

   "Esa cantidad le correspondería a diputados que realmente lo necesitasen, pero según el Registro de Propiedad y las declaraciones de bienes que presentaron en el Congreso, todos tienen uno o más pisos en Madrid, y muchos de ellos viven en Madrid", ha denunciado, para añadir que el propio presidente del Gobierno también estaría percibiendo dietas "de manera ilegítima".

   Por todo ello, la Asociación DRY les acusa en su querella de los delitos de malversación de fondos públicos y apropiación indebida. Asimismo, quieren que "devuelvan el dinero que no les corresponde", sobre todo teniendo en cuenta que "los recortes están trayendo por la calle de la amargura a la mayoría de los españoles".

   "Esta querella pretende ser un paso más en el camino a recorrer para devolver la justicia a la sociedad, para poner freno a la decadencia de unos políticos que, comprados por las grandes oligarquías, están desangrando a los ciudadanos a los que dicen representar", aseguran en un comunicado, en el que también informan de que ofrecerán más detalles este viernes a las 11.30 frente al Tribunal Supremo.

Hacienda descontará ingresos a administraciones morosas para pagar a proveedores

 MADRID.- El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas está trabajando en la creación de un instrumento por el cual los proveedores de cualquier administración morosa podrán dirigirse directamente al Ministerio para que éste "arbitre la forma de pago" de la deuda.

 

   Así lo ha avanzado el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, en Sevilla, donde ha explicado que Hacienda descontará la deuda a municipios y comunidades de su participación en los ingresos del Estado.

   El ministro ha asegurado que no es difícil poner en marcha un instrumento de este tipo tras la experiencia que supone el plan de pago a proveedores y porque parte de los ingresos de las comunidades y los ayuntamientos depende del Gobierno central.

   Montoro ha señalado que este instrumento estará listo en los primeros meses de 2013 e impedirá que las administraciones se financien a costa de no pagar a los proveedores. En este sentido, ha garantizando que se cumplirá "estrictamente" la Ley de Morosidad en todas las administraciones.

   "Las administraciones españolas no pueden vivir situaciones de morosidad porque provocan la crisis empresarial, la de los autónomos que son los proveedores de las administraciones, al interrumpir la circulación económica en España", ha subrayado, tras considerar "incalculable" el daño que hace a la imagen de España cualquier voz que dice que un ayuntamiento o comunidad autónoma le debe dinero.

   Según el ministro, ésta será una de las reformas que emprenderá el Gobierno en los próximos meses y se sumará a otros instrumentos que ya están en marcha, como el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), que es "una continuidad del pago a proveedores" y pretende también facilitar liquidez a las regiones.

   En este sentido, Montoro ha recordado el éxito del plan de proveedores, por el que se gestionaron 5,5 millones de facturas atrasadas, anteriores a 2012. La gestión de este macroplan, según Montoro, demostró que España cuenta con una Administración pública "muy eficiente".

   Además, ha subrayado la importancia de orientar la política económica a las pymes y autónomos para que sea viable la recuperación y para salir cuanto antes de la crisis. De hecho, ha recordado que España es miembro fundador del euro y que gracias a esa estabilidad, más de 800.000 autónomos y pymes han generado millones de empleos.

   Por otro lado, Montoro se ha referido a la reducción del déficit comprometida con la Unión Europea (UE), que se está "rozando con las manos" y que "es tan importante para recuperar la confianza en España". Asimismo, se ha referido a la reforma laboral y a la reforma bancaria como puntos para incrementar la actividad de pymes y autónomos.

   Según Montoro, en España hay algunos síntomas positivos que están permitiendo recuperar cierta confianza, como la reducción de la deuda externa y el asentamiento de las bases del crecimiento. "Es la primera vez que cambiamos el signo de la balanza de pagos sin recurrir a una devaluación, es un fenómeno histórico", ha señalado, tras asegurar que 2013 estará cargado de reformas para avanzar por ese mismo camino.

Madrid sigue con más de medio millón de parados

MADRID.- El número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo (antiguo Inem) de la Comunidad de Madrid ha bajado en diciembre en 9.278 personas, el 1,6 por ciento respecto al mes anterior, alcanzando la cifra total de 544.484 desempleados en la región.

   Así, según los datos publicados este jueves por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, en el conjunto de 2012 el paro registrado en la región ha subido en 55.775 personas, lo que supone un aumento del 11,4 por ciento respecto a 2011.

   En el conjunto del país el número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo ha descendido en diciembre en 59.094 personas, el 1,2 por ciento respecto al mes anterior.

   La cifra total de desempleados a nivel nacional, según los datos publicados por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, al finalizar 2012 asciende a 4.848.723, con un aumento porcentual del 9,6 por ciento respecto a 2011.

   Además, en diciembre el paro registrado ha bajado en 13 comunidades autónomas respecto al mes anterior, entre las que destacan Andalucía, con 26.972 personas menos, y Madrid (9.278), y ha subido en cuatro, estas últimas encabezadas por Galicia, con 2.251 personas más, y Cantabria, con 523 personas más.

   En cuanto a los datos provinciales, el desempleo ha descendido en diciembre en 41 provincias respecto al mes anterior, entre las que  destacan Madrid (9.278), Jaén (7.169) y Barcelona (4.223). Por el contrario, ha subido en 11, principalmente en La Coruña, donde ha aumentado en 1.750 personas, y Cáceres, en 586.

   En términos interanuales, el paro ha aumentado en todas las comunidades autónomas, salvo en Baleares, donde se ha reducido en 2.252 personas. Los aumentos anuales del desempleo los encabezan Andalucía, con 114.677 desempleados más, y Madrid (55.775).

   En la Comunidad y por sexo, de los 544.484 parados madrileños, 269.449 son hombres y 275.035 son mujeres mientras que por edades, hay 47.077 parados que son menores de 25 años, de los cuales 25.388 son hombres frente a 21.689 que son mujeres.

   Por sectores, el sector que más desempleados acumula es el de servicios, con 396.490, donde el paro ha bajado en 8.062 personas respecto al mes anterior. Le sigue el sector de la construcción (75.693), donde el paro ha subido en 962 personas en relación con el mes de noviembre.

   A continuación van los sectores de industria (45.213) y agricultura (4.361), donde el paro ha bajado en 187 y 78 personas respectivamente respecto al mes anterior. De todos los parados en la Comunidad, 22.727 no han tenido empleo anterior, 1.913 menos que en noviembre.

   El paro registrado en la región entre los extranjeros asciende a 97.066, 1.769 menos que el mes anterior, lo que supone un descenso del 1,7 por ciento. En términos interanuales, el paro registrado entre los extranjeros ha bajado en 4.303 personas, lo que supone un descenso del 4,2 respecto a 2011. Según su origen, 31.527 son comunitarios y 65.539 extracomunitarios.

   En cuanto a las contrataciones, en diciembre se registraron 119.218 contratos en la Comunidad de Madrid, 16.751 menos que en noviembre, lo que representa un descenso del 12,3 por ciento. Con respecto al mismo periodo del año anterior, las contrataciones han caído en 13.610, un 10,2 por ciento. De los 119.218 contratos, 101.399 son temporales y el resto (17.819) indefinidos.

   Según los datos acumulados de contratos registrados en la Comunidad de Madrid, el total ha ascendido a 1,5 millones, de los cuales el 85,2 por ciento son temporales (1,3 millones) y el 14,7 por ciento indefinidos (235.227).

   Los beneficiarios del subsidio por desempleo alcanzan los 100.589 en la región, y un total de 306.810 reciben alguna prestación por desempleo. El gasto regional por estas prestaciones fue de 331 millones de euros en noviembre, con una media de 887,1 euros por persona al mes.

   En concreto, el volumen de parados en el conjunto total del sistema alcanzó a cierre del pasado año la cifra de 4.848.723 desempleados, su nivel anual más alto en toda la serie histórica comparable, que arranca en 1996.

   La subida del desempleo en 2012 ha sido superior a las experimentadas en 2011 y 2010, cuando el paro aumentó en 322.286 y 176.470 personas, respectivamente, pero inferior a las experimentadas en 2008 y 2009, años en los que las listas de las oficinas públicas de empleo sumaron 999.416 y 794.640 parados más.

   La de 2012 ha sido, de este modo, la tercera mayor subida anual del desempleo de toda la serie comparable, y, por tanto, la tercera más elevada desde que comenzó la crisis.

   A esa cifra de más de 4,84 millones de desempleados con la que se cerró el año se ha llegado después de que el paro bajara en diciembre de 2012 en 59.094 personas, el 1,2 por ciento respecto al mes anterior. Las mujeres concentraron el 86% de la bajada del desempleo en el último mes del año, con 50.773 paradas menos.

 

Casi 100.000 afiliados menos en 2012

 

La Comunidad de Madrid ha cerrado el año 2012 con un total de 93.345 afiliados menos a la Seguridad Social tras perder 4.766 cotizantes en diciembre, según datos publicados este jueves por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social.    En concreto, la región ha cerrado 2012 con 2.709.267 afiliados, un 3,33 por ciento menos respecto a diciembre de 2011. El descenso en el mes de diciembre respecto al mes anterior es del 0,18 por ciento y 4.766 cotizantes.
   En el total del régimen general, Madrid cuenta con 2.354.833 cotizantes, dentro de los cuales 3.203 pertenecen al régimen agrario y 101.977 al de empleadas del hogar.
   Este dato general de 93.345 afiliados menos supone el peor desde 2009, cuando Madrid perdió 129.572 cotizantes. En 2011 la pérdida fue de 20.488 afiliados y en 2010 de 26.025.
   En el conjunto del país, la Seguridad Social cerró el año 2012 con un descenso medio de 787.240 afiliados (-4,6%), tras registrar en diciembre 88.367 cotizantes menos (-0,5%), con lo que el total de ocupados se situó al finalizar el ejercicio en 16.442.681 afiliados.
   La pérdida de cotizantes en 2012 es superior a las caídas registradas en 2011, 2010 y 2009, cuando el sistema experimentó descensos de 355.060, 218,857 y 727.473 afiliados, respectivamente, de tal forma que la Seguridad Social registró en 2012 su segundo peor año, en términos de afiliación, desde que empezó la crisis. Sólo en 2008 se perdieron más cotizantes (-841.465).
   No obstante, el Ministerio precisa que, descontando el impacto de la salida del sistema de los cuidadores no profesionales, el descenso de la afiliación en 2012 habría sido de 638.568 personas (-3,7%).

Carromero terminará de cumplir condena el 21 de julio de 2016, según la Audiencia Nacional

MADRID.- El vicesecretario de Nuevas Generaciones del PP de Madrid, Ángel Carromero, condenado a cuatro años de cárcel en Cuba por el accidente de tráfico en el que fallecieron los opositores cubanos Oswaldo Payá y Harold Cepero, terminará de cumplir condena el 21 de julio de 2016, según informaron fuentes jurídicas. 

   Así consta en la liquidación de condena provisional que ha realizado la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que establece que Carromero permaneció en una cárcel cubana entre el 23 de julio y el 28 de diciembre de 2012, es decir, 159 días de los 1.460 a los que fue condenado. De esta forma, el dirigente 'popular' tendría pendiente una pena de 1.301 días.

   El cálculo ha sido remitido por el tribunal, presidido por el presidente de la Sala de lo Penal, Fernando Grande-Marlaska, a la Fiscalía de la Audiencia Nacional para que informe al respecto. Cuando tenga su visto bueno, será enviado a la prisión de Segovia, en la que Carromero se encuentra recluido desde el pasado 29 de diciembre.

   La liquidación de condena es el primer paso para que la Junta de Tratamiento de la prisión de Segovia inicie los trámites para solicitar el tercer grado penitenciario, que concede la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior.

   En caso de obtener el tercer grado, Carromero disfrutaría de un régimen abierto que le permitiría acudir a la cárcel sólo para dormir. También existe una modalidad, según el Reglamento Penitenciario, por la que un preso puede estar vigilado mediante control telemático y ni siquiera tiene que dormir en la cárcel.

   A la hora de conceder un tercer grado, se tienen en cuenta aspectos como el arraigo, el hecho de tener un trabajo o que no represente riesgo para la sociedad o que no sea reincidente, elementos que serían de aplicación en el caso de Carromero, según informaron fuentes penitenciarias.

   El Consejo de Ministros autorizó el pasado 14 de diciembre el traslado a España de Carromero, después del acuerdo alcanzado con Cuba ocho días antes, para que éste cumpla en España la condena impuesta por las autoridades cubanas.

   Las fuentes penitenciarias consultadas advierten que este tipo de gestiones no suelen hacerse de un día para otro, por lo que es posible que Carromero tuviese que permanecer un tiempo en prisión mientras se realizan estos trámites.

   Cuando un ciudadano español preso en Cuba pide su traslado a España, este país tiene que ofrecer a las autoridades de la isla una "indicación aproximada de cómo se cumplirá la condena en el Estado de cumplimiento y la fecha de extinción de la pena o medida", según establece el convenio bilateral de traslado de condenados entre España y Cuba.

   Este acuerdo permitiría deducir "íntegramente" a la condena el tiempo que Carromero ha pasado en prisión provisional en la isla, según estipula el artículo 12 de ese convenio.

Lasquetty insiste en que el euro por receta entra en sus competencias

MADRID.- El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández Lasquetty, ha insistido este jueves en que la decisión de implantar el euro por receta es una decisión que entra "dentro de las competencias del Gobierno regional" y ha señalado que su relación con la ministra a de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, es "muy buena" aunque "no se hayan puesto de acuerdo" sobre esta medida.

   Así lo ha indicado el consejero de Sanidad en una entrevista en Telecinco, dos días después de que entrará en vigor el pago de euro por receta, medida por la que el Ejecutivo regional prevé obtener unos ingresos de 83 millones de euros aunque su fin no es "recaudatorio" sino "disuasorio".

   Lasquetty ha indicado que su relación con la ministra de Sanidad es "muy buena".

 "Hablamos con mucha frecuencia y hemos hablado largo y tendido y no nos hemos puesto de acuerdo", ha señalado el consejero que ha insistido en que la decisión de implantar el euro por receta "está dentro de sus competencias".

   "Vamos a ver si el Gobierno de la nación recurre el euro por receta al Constitucional" ha apuntado Lasquetty, que ha recalcado que el Gobierno nacional todavía "no lo ha hecho".

 "En caso de que lo haga, veremos si el Tribunal lo admite a trámite y si lo admite a tramite se producirá una suspensión automática que dudará cinco meses. Luego vendrá la decisión que finalmente adopte el Tribunal Constitucional", ha explicado.

   Con respecto a si el Gobierno regional se plantea posponer la aplicación de la tasa hasta que se conozca la decisión del Constitucional, Lasquetty ha subrayado que "si todas las decisiones que en España adoptan las distintas Administraciones tuvieran que esperar al Tribunal Constitucional sería muy difícil gobernar".

   Por último, el consejero ha indicado que la medida le parece "justa" y ha reiterado que se trata de una "medida disuasoria" para aquellos fármacos que el paciente pueda tener en su casa debido a prescripciones anteriores.

Manos Limpias avanza que denunciará a Ignacio González y a Lasquetty por la tasa por receta

MADRID.- El sindicato Manos Limpias ha anunciado que presentará una denuncia por un presunto delito de prevaricación contra el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, y el consejero de Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty, por la aprobación de la tasa de un euro por receta dispensada.

Manos Limpias formalizará "en los próximos días" esta denuncia por considerar que la Comunidad de Madrid ha aprobado la norma "a sabiendas de su injusticia, y de que es ilegal", según un comunicado emitido por esta organización.

Además, el colectivo de funcionarios ha solicitado en un escrito remitido al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que impugne la aprobación de la medida implantada por el Gobierno de la Comunidad de Madrid.
Por su parte, la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública (ADSP) presentará este miércoles una reclamación a la Defensora del Pueblo y la Fiscalía General del Estado, para solicitar la paralización de la aplicación de la tasa de un euro por receta.
   La solicitud se basa en la "ausencia de competencias" de la Comunidad para poder establecer una tasa sobre las recetas de medicamentos financiados por el Sistema Nacional de Salud, de acuerdo con varias leyes. El mismo escrito ya fue registrado el pasado 31 de diciembre en la sede del Ministerio de Sanidad.
   Entre ellas, ADSP se ha referido a los artículos 14, 139.1 y 149.1 de la Constitución Española; los artículos 3.2 y 10.14 de la Ley General de Sanidad; los artículos 4, 5, 16 y 30 de la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud; y el Real Decreto 1030/2006 por el que se establece la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud.
   Además, la Asociación se ha referido también al dictamen del Consejo de Estado de 21 de junio de 2012, que a su criterio apreciaba signos de "inconstitucionalidad de esta tasa que se aplica en Cataluña, así como la resolución del Consejo de Ministros de 14 de diciembre de 2012 acordando interponer recurso contra esta misma tasa en Cataluña".
   La ADSP de Madrid entiende que esta tasa, "aparte de ser ilegal por invadir competencias exclusivas del estado, impide que el acceso a las prestaciones sanitarias, en este caso las farmacéuticas, se realicen en condiciones de igualdad efectiva, y supone una discriminación a los ciudadanos a los que se dispensa recetas de la prestación farmacéutica de la Seguridad Social en Madrid".
   La Asociación ha indicado que los organismos a los que ha recurrido "deberían de realizar de inmediato las acciones oportunas para paralizar la aplicación de esta tasa en Madrid, al menos hasta que se produzca la resolución del recurso presentado ante el Tribunal Constitucional".

Tomás Gómez no entiende la campaña de defensa que Aguirre hace de Carromero

COLLADO-VILLALBA.- El secretario general del PSM, Tomás Gómez, ha asegurado hoy que no entiende la campaña que está realizando la presidenta del PP de Madrid, Esperanza Aguirre del dirigente de Nuevas Generaciones del partido en Madrid, Ángel Carromero.

   Preguntado por los medios de comunicación sobre las declaraciones de Aguirre acerca del encarcelamiento de Carromero, Gómez ha indicado que cuando alguien va sin carnet de conducir y tiene un accidente y "mata a alguien, hay responsabilidades judiciales, aquí, en Cuba y en Australia".

   "No lo entiendo. Cuando alguien va si carnet de conducir y tiene un accidente y mata a alguien, hay responsabilidades judiciales, aquí, en Cuba y en Australia", ha añadido.

   De este modo, en torno a que Aguirre piensa que Carromero "no es un delincuente", el líder del PSM ha indicado que "eso lo dicen los tribunales y la justicia"

   "Eso lo dicen los tribunales y la justicia. Cuando alguien va sin carnet de conducir y tiene un accidente de tráfico en el que hay como resultado personas que mueren, pues mire, algo hay, sea del Partido Popular o no lo sea", ha concluido.

   Carromero fue condenado a cuatro años de cárcel en Cuba por el accidente de tráfico en el que fallecieron los opositores cubanos Oswaldo Payá y Harold Cepero. En España, cumplirá el resto de su condena.

   El Consejo de Ministros autorizó el pasado 14 de diciembre su traslado al país, después del acuerdo alcanzado con Cuba ocho días antes, para que éste cumpla en España la pena impuesta por las autoridades cubanas.

Los Juzgados tramitan dos denuncias por delito electoral en las elecciones del ICAM

MADRID.- El Juzgado de Instrucción nº 9 de Madrid tramita por ahora dos denuncias por presunto delito electoral en las elecciones celebradas el pasado 18 de diciembre por el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), han informado hoy fuentes jurídicas.

   La Comisión Electoral del ICAM proclamó la pasada semana a Sonia Gumpert vencedora de los comicios después de resolver las alegaciones interpuestas por las diferentes candidaturas con motivo de los incidentes registrados la noche electoral por presuntas irregularidades en la candidatura de Gumpert.

   En una resolución dictada el pasado 22 de diciembre, la comisión afirmó que "ninguna de las irregularidades detectadas" les permite afirmar "que el resultado electoral hubiera sido diferente" y asegura que no le corresponde valorar los efectos sobre "la mayor o mejor legitimidad" de la candidatura ganadora".

   La misma noche electoral, la Comisión interpuso una denuncia después de que todas las candidaturas, excepto la de Gumpert, denunciaran un presunto fraude electoral. Esta denuncia recayó, tras pasar por el juez de guardia, en el juzgado de Instrucción nº 9 de Madrid.

   A finales de diciembre, la candidatura de Monserrat Suárez presentó otro escrito por un delito electoral, según han indicado fuentes de esta candidatura.

   Además, el equipo de Suárez interpuso un recurso ante el Consejo de Colegios de Abogados contra el pacto entre la Asociación de Letradas por un Turno de Oficio Digno (ALTODO) y Gumpert en el que el primero acordaba aportar 900 votos a cambio de que Gumpert se comprometiera a cederles competencias sobre el turno de oficio o la comisión deontológica.

Toma de posesión

La abogada Sonia Gumpert tomará el próximo 15 de enero posesión como decana del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) tras ser proclamada como vencedora en las elecciones celebradas el pasado 18 de diciembre para renovar la Junta Directiva del colegio, ha informado el ICAM en su página web.
   La ceremonia, que tendrá lugar a las 12.00 horas en la biblioteca del ICAM, incluirá la toma de posesión de los miembros de la Junta de Gobierno. Entre ellos, destaca el nuevo vicedecano, Manuel Valero, e Ignacio Gordillo.
   Sonia Gumpert se convertirá en la primera mujer que ocupará el cargo de decana del ICAM tras las elecciones. Los comicios se vieron empañados por unos incidentes por supuestas irregularidades que llevaron a la Comisión Electoral del ICAM a suspender durante unos días la proclamación de Gumpert tras obtener la mayoría de los votos.
   La nueva decana consiguió entonces 6.426 votos frente a los 3.293 votos logrados por el hasta ahora decano, Antonio Hernández-Gil, y los 2.769 obtenidos por Francisco Javier Cremades. Por detrás, se situó la candidata María Lorena Ruiz Huerta, con 1.574 votos e Ignacio Peláez, con 1.550 apoyos recabados.
   Licenciada por la Universidad Autónoma, Gumpert se colegió en 1993. Su especialidad son los ámbitos civil y mercantil, y el derecho internacional privado.
   Su programa electoral ha estado centrado en el principio de que el Colegio de Abogados está al servicio de la abogacía madrileña y, por tanto, en la defensa y protección del abogado.
   La abogada apuesta por solucionar el actual conflicto de los abogados del turno de oficio y el pago de los honorarios devengados por los abogados de oficio será preferente a cualquier otro pago. Entre sus propuestas, destaca la implantación del expediente electrónico de justicia gratuita o la reclamación de las minutas por cuenta del colegio.