Telemadrid desaparece de las pantallas del Metro

MADRID.- Telemadrid ha desaparecido de las pantallas del Canal Metro casi cuatro años después de que Esperanza Aguirre contratara a la cadena “para la prestación de servicios de información al viajero”. Desde hoy, según señalan los sindicatos, esta tarea recae en manos de JCDecaux. La multinacional francesa de publicidad recibirá del Gobierno regional 5,5 millones de euros anuales durante los próximos ocho años para dar este servicio.
Telemadrid se desmorona con el paso de los días. Tras imponer un ERE que deja en la calle a 829 trabajadores, ahora la cadena autonómica pierde su contrato en el Canal Metro. Por 44 millones de euros, los contenidos y la gestión que hasta ahora daba la televisión madrileña pasarán a manos de JCDecaux que ganó el pasado enero el concurso público para la concesión publicitaria integral del suburbano.
Y es que, según denuncian los sindicatos, los gestores del Ente Público Radio Televisión Madrid “ni siquiera se presentaron” a este concurso demostrando “la nefasta gestión empresarial llevada a cabo” en la cadena “por los directivos colocados aquí por el PP de Esperanza Aguirre”.
“En lugar de aprovechar una buena oportunidad de negocio para Telemadrid y, por tanto, unos ingresos que hubieran ayudado a mejorar las cuentas de esta empresa pública y salvar empleo”, la dirección del ente autonómico decidió dar la espalda y desde anoche ha dejado de gestionar y hacer los contenidos de Canal Metro.
A la pérdida económica que ha supuesto perder este contrato se une las consecuencias laborales que ha supuesto esta decisión, ya que 14 trabajadores han perdido su empleo.
Asimismo, desde los sindicatos de Telemadrid se denuncia que “la entrada de JCDecaux deja ahora también abierta la puerta abierta a la posibilidad de que la multinacional subcontrate la producción de los contenidos de Canal Metro a cualquiera de las grandes productoras privadas audiovisuales”, ya que según remarcan, Decaux “es una empresa de publicidad y no tiene experiencia en la realización de productos de televisión”.
“Un nuevo ejemplo de trasvase de dinero público a manos privadas gracias al Gobierno del PP en la Comunidad de Madrid”, insisten.

Ana Botella decide no cesar al jefe de Policía imputado por el ‘Madrid Arena’

MADRID.- La alcaldesa madrileña, Ana Botella, ha decidido mantener en su cargo al inspector jefe de Policía, Emilio Monteagudo, imputado desde principios de febrero por el ‘caso Madrid Arena’. No ha sido cesado a pesar de que según la norma, un agente de la Policía Municipal de Madrid debe ser suspendido de empleo y sueldo en caso de ser imputado hasta que se resuelva el juicio.

La orden de suspensión cautelar debe proceder del Ayuntamiento, según indica el portal digital El Confidencial. El diario subraya sin embargo que Botella ha optado por mantener en su cargo a Monteagudo, persona de confianza de Alberto Ruiz-Gallardón.
Fuentes policiales sostienen que al tratarse de un cargo policial y no político, Monteagudo debería haber sido suspendido de forma automática, como indica la norma. En cambio, fuentes próximas a Monteagudo señalan al diario que la suspensión del agente se hace efectiva siempre y cuando haya sido detenido previamente.
El inspector jefe de Policía está imputado por un presunto delito de dejación de funciones y otro de omisión del deber de perseguir delitos o de promover su persecución en el marco del ‘caso Madrid Arena’.

La banca española es insolvente y resulta irracional mantener el dinero en ella, según un columnista de 'FT'

LONDRES.- A pesar de las recientes recapitalizaciones efectuadas entre los bancos españoles, el sistema bancario español, con la excepción de BBVA y Santander, se encuentra quebrado, por lo que, una vez visto lo ocurrido en Chipre, no resulta racional que los españoles mantengan sus ahorros en los bancos del país, según sostiene Wolfgang Munchau, uno de los columnistas de referencia de 'Financial Times'. 

   "Menos sus dos mayores bancos, BBVA y Santander, el sistema bancario español es insolvente, incluso después de las pequeñas recapitalizaciones recientemente acordadas", afirma Munchau, quien señala que la 'burbuja inmobiliaria' ya no supone el mayor de los problemas, sino la "depresión" económica, que, a su juicio, durará la mayor parte de la década, dadas las políticas actuales.

   Ante este escenario potencial, el autor sostiene que "la consecuencia lógica" de lo dicho por Dijsselbloem, sumado a las políticas de austeridad y la deficiente unión bancaria en la eurozona, "es un futurio autorrescate ('bail in') de los bonistas y depositantes de los bancos españoles".

   "El problema es que incluso los depósitos garantizados entonces no estarán protegidos. Miren lo que ocurre en Chipre, donde los controles de capital afectan indistintamente a los depósitos grandes y pequeños", apunta Munchau.

   "Yo esperaría que también ocurra en España. Teniendo en cuenta la política establecida, resulta lógicamente irracional para cualquier ahorrador español mantener incluso pequeñas cantidades en el sistema bancario español", añade el autor, para quien "no hay manera de que el Estado español pueda garantizar el sistema sin incurrir él mismo en impago".

   De este modo, el columnista considera que, como consecuencia de estas circunstancias, para España llegará un momento en el que resulte "economicamente racional" abandonar la zona euro y especula con que el mejor momento para tal decisión sería cuando el país alcance un equilibrio fiscal antes del pago de intereses de la deuda.

   "Si, como es mi caso, usted cree a Dijsselbloem, entonces resulta racional para todo europeo del Sur llevarse su dinero fuera del país y depositarlo fuera de la zona euro", defiende el autor.

    Así, Munchau considera que, en un entorno en el que los países acreedores rechazan una genuina unión bancaria, los argumentos en contra de abandonar la eurozona son "sorprendentemente bajos" y advierte de que, si bien a corto plazo la política puede imponerse a la economía, a la larga no se puede sostener una unión monetaria en contra de la lógica económica.

Madrid figura en el puesto 48 de ciudades con menos riesgo para contratar trabajadores cualificados

MADRID.- La capital de España se cuela en el ranking de las 50 ciudades de todo el mundo con menos riesgo a la hora de seleccionar, contratar y trasladar trabajadores cualificados, según un estudio reciente publicado por Aon Hewitt.

   En concreto, Madrid se posiciona en el puesto 48, lo que evidencia un retroceso de dos posiciones con respecto a la clasificación del año 2012. Si bien, la ciudad todavía se encuentra por delante de otras importantes urbes como Roma, Río de Janeiro o Shanghai, según revela el informe.

   Además, Barcelona también se asienta entre las 50 primeras ciudades, aunque un escalón por debajo que Madrid. Para la elaborar el estudio, Aon Hewitt ha valorado las instituciones educativas, las posibilidades de realizar prácticas laborales y la combinación de talento y experiencia.

   A nivel internacional, Nueva York se mantiene como la urbe con menos riesgo para seleccionar, contratar y trasladar trabajadores cualificados. El estudio se decanta por ella debido a que el riesgo demográfico es el segundo más bajo debido a la elevada población en edad de trabajar y por la alta productividad laboral.

   Según este índice, Nueva York, Singapur, Toronto, Londres y Montreal completan la lista de las cinco ciudades con menos riesgo en el mundo. Por otro lado, Luanda (Angola), Port Moresby (Papua Nueva Guinea), Addis Ababa (Etiopía), Saná (Yemen) y Damasco (Siria) representan las ciudades con mayor riesgo de las 138 analizadas.

Madrid, entre las regiones que mas fondos recibieron para pago a provedores

MADRID.- La Comunidad Valenciana y Andalucía son las comunidades autónomas que más fondos obtuvieron del fondo de financiación de pago a proveedores habilitado por el Gobierno central en 2012, del que se les asignaron 5.445,72 y 5.379,26 millones de euros, respectivamente, lo que supone para cada región cerca de un 20 por ciento del total distribuido.

   Les siguen Madrid, con 3.506,61 millones; Castilla-La Mancha, con 3.356,81 millones; Cataluña, con 2.658,93 millones; Castilla y León, con 1.463,75 millones; Murcia, con 1.396,62 millones; y Baleares, con 1.140,48 millones de euros.

   Completan este listado las autonomías que recibieron menos de mil millones de euros: Canarias (con 651,18 millones), Aragón (647,92 millones), Cantabria (376,61 millones), Extremadura (339,58 millones),  Asturias (318,88 millones), Galicia (191,87 millones), Ceuta (79,50 millones) y La Rioja (77,71 millones). El País Vasco, Navarra y Melilla no se acogieron a ese mecanismo.

   De la cantidad total de 27.031,43 millones de euros asignados en el marco del Plan de Proveedores, 17.718,55 se destinaron a las comunidades autónomas y otros 9.312,88 a entidades locales.

   Así lo recoge la respuesta del Gobierno central a una pregunta parlamentaria formulada por el diputado y secretario general del PSPV, Ximo Puig, en la que se interesaba por las cantidades recibidas en el marco del Plan de Proveedores, de la línea ICO Vencimiento y del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) en el año 2012.

   En cuanto a los vencimientos de deuda asumidos por el ICO dentro de esa línea, la Comunidad Valenciana dispuso de 2.717,13 millones de euros, el 51 por ciento de los fondos totales, frente a los 1.304,34 millones que obtuvo Cataluña, los 596,75 que recibió Andalucía, los 469 de Castilla-La Mancha, los 175 de Murcia y los 71 millones de Baleares.

   En el caso del FLA, la lista la encabeza Cataluña, que obtuvo 6.732,28 millones de euros, el 40 por ciento del total repartido (16.774,17 millones), y la Comunidad Valenciana se sitúa en segundo lugar, con 3.855,89 millones de euros, que representa cerca del 23 por ciento de la cantidad global.

   Les siguen Andalucía, que obtuvo un total de 2.827,42 millones de euros del FLA; Castilla-La Mancha, con 1.037,22 millones; Canarias, con 907,26 millones; Murcia, con 541,20 millones; Baleares, con 473,98 millones; Asturias, con 261,71 millones; y Cantabria, con 137,21 millones.

   Estas nueve autonomías suman 16.774,17 millones recibidos de este mecanismo --dotado con 18.000 millones--, 9.162,38 para vencimientos de deuda y 7.611,79 para atender pagos a acreedores no financieros.

   En su escrito, el Gobierno señala asimismo que las entregas a cuenta de recursos del sistema de financiación satisfecho a las comunidades autónomas de régimen común en 2012 fue de 81.735,70 millones de euros y que, al efectuar el pago de las entregas a cuenta anteriores, se dedujeron 4.850,13 millones correspondientes a la anualidad de 2012 del saldo a favor de la Administración General del Estado de las liquidaciones de 2008 y 2009, conforme a lo previsto en la disposición adicional cuarta de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre.

   Además, informa de que se realizaron pagos por importe total de 2.535,36 millones en concepto de mecanismo de ampliación a 120 mensualidades del periodo de reintegro de las liquidaciones 2008 y 2009 y de que el importe de los anticipos a cuenta de los recursos del sistema de financiación satisfechos en 2012 ascendió a 8.089,11 millones, con todos los anticipos cancelados antes de 31 de diciembre.

De Guindos revela que Ordóñez le aconsejó nacionalizar Bankia tras dimitir Rato

MADRID.- El ministro de Economía, Luis de Guindos, ha revelado que el exgobernador del Banco de España Miguel Ángel Fernández Ordóñez le remitió un correo electrónico en el que aconsejaba la nacionalización de Banco Financiero y de Ahorros (BFA), la matriz de Bankia, justo un día después de que Rodrigo Rato presentara su dimisión al frente del banco. 

   Así lo desvela De Guindos en su declaración escrita remitida al juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, que investiga la fusión y salida a Bolsa de Bankia.

   En concreto, el titular de Economía se refiere a la recomendación de Ordóñez de convertir de forma "voluntaria" las participaciones preferentes suscritas por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) en la matriz de Bankia, por importe de 4.465 millones de euros.

   El correo, que contaba con un "documento adjunto" y fue remitido el 8 de mayo de 2012, ha sido aportado al juez del caso Bankia junto a la declaración escrita de De Guindos, según han informado fuentes jurídicas. Las fuentes precisan que este escrito ha sido remitido por el ministro a Andreu "a lo largo de esta mañana".

   De Guindos también revela que el antecesor de Luis María Linde le indicaba que la Dirección General de Supervisión había comunicado ya a BFA la "conveniencia" de que su consejo aprobara dicha petición de conversión voluntaria "esa misma semana", que concluía el 13 de mayo.

   Fernández Ordóñez dijo ante el juez de la Audiencia Nacional que el organismo regulador planeaba restarle competencias al expresidente de Bankia Rodrigo Rato, cuando el Ministerio de Economía, dirigido por Luis de Guindos, le quitó "totalmente el control" de la situación.

   "El Ministerio de Economía no solicitó ningún plan concreto. Nunca se presentó un plan de BFA-Bankia para su aprobación a Economía", enfatiza el ministro, quien no obstante afirma que el departamento que dirige "no es un mero observador" de lo que acaece en las entidades de crédito.

  En este sentido, aboga por una "colaboración estrecha" entre el Banco de España y Economía, al tiempo que garantiza que el Gobierno "tenía y tiene" la obligación de conocer "en todo momento" la situación por la que atraviesa Bankia, más aún tras recibir fondos públicos de 4.465 millones a través de los préstamos concedidos a la matriz en participaciones preferentes convertibles y que se canjearon por acciones de la entidad en junio pasado.

   El ministro además pone de manifiesto el carácter sistémico de Bankia, al tratarse por aquel momento de la cuarta entidad de España. "Cualquier duda sobre la solvencia afectaría a todo el sistema financiero, y, en definitiva, a la estabilidad económica, como posteriormente se comprobó", explica.

   Por ello, avisa de que Economía hubiera incurrido en una "grave irresponsabilidad" y "dejación de sus funciones" si no hubiera seguido de cerca la situación de BFA-Bankia. Y defiende la labor del actual Gobierno para evitar que episodios como el del banco ahora nacionalizado vuelvan a repetirse, como con la creación de un marco de actuación que establece una distribución de funciones de supervisión que quedan bajo el Banco de España y las de reestructuración o resolución bajo el ámbito de actuación del FROB.  

   De Guindos recuerda la preocupación que mostraban todos los organismos internacionales ante la situación de "alarma" que se estaba generando, y que llegaba desde el FMI, el BCE, la CE, el Eurgogrupo y el G-20, lo que, a su juicio, denotaba la necesidad de actuar de "forma rápida, transparente y contundente" para devolver la confianza en el sector financiero español.

   En este punto, el titular de Economía incluso reconoce que la realidad de los problemas de Bankia era de una magnitud "incluso superior a la prevista". Y entre estos "más relevantes" sitúa la peculiaridad de Banco de Valencia, que era filial de la entidad en el momento de su salida a Bolsa en julio de 2011 y que el 21 de noviembre de ese año tuvo que ser intervenida por el Banco de España.

   Además, asegura que la situación del banco ahora nacionalizado era "más compleja" que la contemplada en el plan presentado para cumplir con en el primer decreto sobre provisiones del Gobierno, y admite que su solución requería "necesariamente ir más allá".

 "La magnitud del riesgo inmobiliario al que hacía frente Bankia era, con diferencia, la mayor del sistema financiero español", indica.

   Dentro de varias reuniones entre las autoridades, De Guindos desvela que Rato le visitó en "numerosas" ocasiones durante el mes de abril, en las cuales el expresidente de Bankia le presentó diversas operaciones de fusión, como la planteada con CaixaBank. Y asegura que al final de ese mes Rato le comentó que una de ellas estaba prácticamente finalizada, en alusión a Liberbank. "Aunque a los pocos días me confirmó (Rato) que la operación se había frustrado", aclara.

   Tras las frustradas conversaciones de Rato para fusionar Bankia, el ministro asegura que el expresidente del banco ahora nacionalizado le transmitió su intención de corregir las "debilidades" en materia de gobierno corporativo de la entidad, la valoración de activos y nuevas necesidades de recapitalización.

   En este último punto, Rato le indicó que solicitaría dinero adicional al FROB a parte de los 4.465 millones ya concedidos para asegurar la viabilidad futura de Bankia como entidad independiente. "En ningún momento solicité la salida de Rato", sentencia De Guindos en el escrito de su declaración, en la que sí que reconoce una "preocupación común" de los organismos internacionales y de los analistas financieros sobre la estructura de gobierno corporativo de Bankia.

   El titular de Economía asegura que conoció la decisión de Rato de dimitir el mismo día que se hizo oficial, el 7 de mayo de 2012, por una llamada que le hizo personalmente esa mañana. "Desconozco las razones que le motivaron a presentar su dimisión", subraya, para después garantizar que Economía no pidió al nuevo presidente, José Ignacio Goirigolzarri, "ninguna reformulación" de las cuentas de Bankia.

   Tres días antes de la dimisión de Rato, De Guindos desvela que se reunió con el propio Rato, con los presidentes de Caixabank, Isidro Fainé, de Santander, Emilio Botín, y de BBVA, Francisco González.

   Eso sí, enmarca estas conversaciones celebradas los días 4 y 6 de mayo del pasado año, en los "contacto habituales" para analizar el sector, la perspectivas de crédito y proyecciones de la economía en general, entre otras cuestiones.

Gómez cree que un delegado de Gobierno debe actuar con prudencia y no tener "posiciones ultras"

MADRID.- El secretario general del Partido Socialista de Madrid (PSM), Tomás Gómez, ha considerado este miércoles que un delegado de Gobierno debe ejercer sus responsabilidades con "prudencia" y no tener "posiciones ultras" como, a su juicio, tiene la delegada del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes.

   "Lo que se le exige a un delegado de Gobierno es que ejerza su  responsabilidad con prudencia y con moderación y no con posiciones radicales y ultras como hace la delegada del Gobierno en Madrid", ha afirmado Gómez preguntado por las palabras de la delegada, que vinculó a la Plataforma Antidesahucios (PAH) con grupos proetarras.

   Gómez se expresaba así tras presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la "privatización" sanitaria en la Comunidad de Madrid preguntado por los actos que han tenido lugar en los últimos días y el acoso que han denunciado algunos políticos.

JpD critica la "torpeza" de Cifuentes al vincular a desahuciados con el entorno de ETA

MADRID.- La asociación Jueces para la Democracia ha criticado este miércoles las declaraciones de la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, ya que se intenta "vincular con torpeza a las Plataformas de Afectados por la Hipoteca con el entorno de ETA".

   El portavoz de Jueces para la Democracia, Joaquim Bosch, ha asegurado que "resulta sorprendente" que desde "ambitos gubernamentales" se vincule a las plataformas de desahuciados con ETA". "Estos colectivos se han distinguido por actuar de forma pacífica", ha añadido.

   Por ello, Bosch considera "lamentable" que estos colectivos, en los que participan personas que están a punto de perder su casa o que ya la han perdido, además "tengan que soportar campañas gubernamentales de desprestigio".

   "La situación de crispación social en este ámbito resulta comprensible, ante la existencia de datos objetivos como suicidios, multitud de dramas familiares e innumerables personas que han quedado en situación de marginación o exclusión social", ha enumerado.

   Por ello, desde la asociación se emplaza al Gobierno a que aporte "soluciones a estos problemas, en lugar de dedicarse a descalificar a quienes los sufren y a quienes defienden sus derechos fundamentales".

   Asimismo, el portavoz cree que la "actitud del gobierno" contrasta con el "continuo trato de favor que practica hacia los intereses de las entidades bancarias, como ha puesto de manifiesto la última sentencia de la jurisdicción europea".

   "Además, resulta tremendamente censurable que se utilicen hechos tan dolorosos como los vinculados al fenómeno terrorista como fórmula para difamar gratuitamente a quienes expresan su disconformidad con la alarmante situación de los desalojos hipotecarios en nuestro país", ha criticado.

   Por ello, pide a las instituciones que se dediquen a buscar soluciones a los problemas sociales y no a aumentar la crispación para disimular su falta de medidas ante la situación actual. "Reclamamos al gobierno que impulse una regulación adecuada de nuestra legislación hipotecaria, lo cual implica dejar de favorecer los intereses de las entidades bancarias y adoptar medidas de protección de las personas afectadas por las hipotecas", ha reclamado.

   En cuanto a la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Bosch ha declarado que la legislación hipotecaria española vulnera la Directiva europea de protección de los consumidores. "Al conceder ventajas y privilegios a las entidades bancarias y dejar en situación de indefensión a los ciudadanos, los cuales no pueden protegerse de las cláusulas abusivas de los contratos", ha valorado.

   Asimismo, ha señalado que dicha resolución demuestra que en los últimos años "se ha estado desalojando de sus viviendas a decenas de miles de familias con una legislación que era contraria a derecho".

 "La citada sentencia ha provocado una situación de intensa desorientación y ausencia de referencias normativas en los juzgados, al no existir una ley aplicable, por lo que no existen ahora criterios de uniformidad en el ámbito de la ejecución hipotecaria", ha finalizado.

Carromero será asesor del grupo del PP en el Ayuntamiento de Madrid

MADRID.- El vicesecretario general de Nuevas Generaciones del PP de Madrid, Ángel Carromero, deja la Junta Municipal de Moratalaz para pasar a ocupar "desde esta semana" una plaza en el Grupo Popular del Ayuntamiento de la capital, como han confirmado fuentes municipales.

   Las mismas fuentes han explicado que realizará idénticas funciones de asesoramiento a las que llevaba a cabo en la Junta de Moratalaz pero en el Grupo Municipal, es decir, se encargará de la preparación de iniciativas y proposiciones del PP de cara a los plenos de Cibeles, redactando informes, recopilando datos.

   Carromero percibirá el mismo sueldo que recibía hasta el momento y pasa a cubrir una plaza que no estaba ocupada hasta el momento en el Grupo Municipal Popular.

    El dirigente de Nuevas Generaciones fue condenado en Cuba a cumplir cuatro de cárcel por homicidio imprudente tras el accidente de tráfico en el que perdieron la vida el activista Oswaldo Payá y Harold Cepero. El Gobierno español logró su repatriación para cumplir la pena en España.

El PSOE presenta un recurso contra la externalización sanitaria en Madrid

MADRID.- El PSOE presentará este miércoles el recurso de inconstitucionalidad contra la "externalización" sanitaria que contempla la Ley de Acompañamiento de la Comunidad de Madrid para 2013 y que prevé la externalización de seis hospitales y 27 centros de salud de la Comunidad de Madrid.

   A la cita de este miércoles ante el Tribunal Constitucional (TC) acudirán los senadores, Tomás Gómez, Maru Menéndez y Enrique Cascallana, así como el secretario general del Grupo Socialista del Senado, José Miguel Camacho, y el portavoz del PSOE de Sanidad en el Congreso de los Diputados, José Martínez Olmos.

   La semana pasada, el jefe de los socialistas madrileños mostró su total oposición a la "privatización" sanitaria, que, en su opinión, supone el "desmantelamiento" de la sanidad madrileña.

   Además, explicó que en este caso el PSOE es el "instrumento" de los médicos madrileños que se oponen a la externalización y que han preparado el recurso contratando a un "prestigioso" gabinete.

   El de la externalización sanitaria es el segundo punto de la Ley de Medidas Fiscales de la Comunidad de Madrid para 2013 que los socialistas recurren ante el Tribunal Constitucional; ya que también acudieron a este Tribunal para mostrar su oposición a la aplicación del euro por receta en la región.

   Esta Ley de Acompañamiento ha generado polémica en la Comunidad de Madrid, en especial, la posibilidad de externalización de centros sanitarios. De hecho, el Grupo Parlamentario de UPyD ha anunciado este martes que mañana o el lunes presentará un recurso de amparo ante el TC pidiendo la nulidad de la externalización sanitaria.

   La formación magenta considera que la Ley de Acompañamiento vulnera el artículo 23 de la Constitución sobre el derecho de los ciudadanos a la participación en la vida política porque se aprobó sin que se les diera la información que solicitaron.

El Gobierno de Rajoy, contrario a legislar conforme a las reclamaciones de Eurovegas

MADRID.- La delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, se mostró este lunes contraria a que se legisle conforme a las reclamaciones que formule cualquier empresario como condición para invertir en España, incluida las planteadas por Eurovegas sobre fumar en los casinos proyectados en Alcorcón.

En este sentido, en declaraciones a RNE, Cifuentes afirmó que, “hay que poner las cosas fáciles a cualquier empresario que quiera arriesgar su dinero”, “ahora bien”, matizó, “no creo que haya que hacer una legislación expresa para cada empresario”.

En particular, sobre la ley antitabaco, comentó que “no debe haber excepciones hechas a la medida”, aunque agregó que “quizás el Gobierno debería replantearse la propia ley si es positivo que en determinados locales de ocio se pueda fumar en determinadas ocasiones”.

Con todo, advirtió que “echar marcha atrás a la ley sería complicado”, si bien reveló que “me consta que el Gobierno está estudiando posibilidades, no solo para Eurovegas, sino para el conjunto de la hostelería”.

El Congreso de los Diputados recibe peticiones ciudadanas de españoles para abolir "privilegios"

MADRID.- El Congreso de los Diputados ha recibido una nueva remesa de peticiones de ciudadanos españoles que demandan que se ponga fin a los "privilegios" de los que, a su juicio, disfrutan los parlamentarios así como que se eliminen las pensiones vitalicias a las que tienen derecho los expresidentes del Gobierno.

   Así consta en el último informe aprobado por la Comisión de Peticiones de la Cámara Baja, en el que además se han incluido una decena de solicitudes de personas que piden poder participar mediante voto electrónico en las votaciones que tienen lugar tanto en el Congreso como en el Senado.

   Las peticiones para acabar con los "privilegios" de sus señorías se han remitido, como es habitual, a los portavoces de todos los grupos parlamentarios, mientras que la comisión se limitado a tomar acuse de recibo de la que plantea finiquitar las pensiones de los expresidentes, y de otra que abogaba por reducir el número de parlamentarios.

   Al margen de estas peticiones ciudadanas, el Congreso tiene pendiente de debate desde hace diez meses una iniciativa presentada por Esquerra Republicana (ERC) para crear una subcomisión en el seno de la Comisión Constitucional que revise los "privilegios" que a su juicio disfrutan los políticos y otros cargos públicos con el fin de proponer medidas para controlar y, en su caso, suprimir "gastos suntuarios".

   En esa iniciativa, se incluyen dentro del catálogo de "privilegios" y "gastos suntuarios" que ERC propone revisar el uso de coches y medios oficiales de transporte, el gasto de aviones y alojamiento de alta gama, las pensiones vitalicias de altos cargos (como los presidentes del Gobierno), o la habilitación de espacios públicos en exclusiva para cargos públicos (como las residencias de vacaciones para militares y funcionarios)

   Pero también quieren revisar el uso de tarjetas de crédito de cargos públicos, la realización de regalos institucionales y de protocolo, la celebración de actos y convites institucionales, y las dietas de algunos cargos públicos, que acaban suponiendo un complemento de sueldo encubierto.

   A su juicio, "en un momento de crisis en qué se están recortando desde gastos suntuarios a gasto social, pasando incluso por derechos sociales y laborales, sorprende que la clase política mantenga algunos privilegios de los que tiene".

   "Los representantes políticos deben ganar un sueldo digno por su trabajo y tener cubiertos los recursos y desplazamientos necesarios para el buen desarrollo del mismo, de la misma manera que debiera tenerlo cualquier otro trabajador. Pero los privilegios no deben ser pagados con dinero público", sostienen.

   Por otro lado, la Comisión de Peticiones, que canaliza las más variopintas propuestas que remiten los ciudadanos, ha decidido archivar el escrito que, por dos veces, remitió una misma persona reclamando información sobre la deuda que tienen contraída los partidos políticos con bancos y cajas de ahorro.

   La Comisión de Peticiones alega que "desconoce absolutamente la cifra" de esa deuda y que, además, carece de competencias para reclamarla tanto a los partidos como a las entidades bancarias. Estas operaciones se comunican al Tribunal de Cuentas que, a raíz de la última reforma de financiación de los partidos políticos, obliga a los partidos a publicar esas cifras anualmente.  

   Por otra parte, la comisión que preside el 'popular' Gabino Puche ha enviado a los portavoces de los grupos parlamentarios el Manifiesto por la Regeneración de la Democracia y la Refundación del Estado que envió al Congreso el coordinador local de UPyD en Valencia, Eduardo Gómez García.

   Según explican al peticionario, han decidido remitirlo a los portavoces por si alguno tiene a bien impulsar alguna de las iniciativas parlamentarias que recoge el manifiesto.

UKIP insta a sus compatriotas residentes en España a sacar el dinero de los bancos

LONDRES.- El líder del ultraderechista Partido de la Independencia de Reino Unido (UKPI), Nigel Farage, ha emplazado a los británicos que viven en España a sacar su dinero de los bancos en previsión a una quita como la que se negocia para Chipre y denuncia que la UE "ha cruzado todos los límites" con medidas como esta requisa de fondos de los ahorradores.

   "Ahora que vemos cómo la UE se prepara para recurrir a cualquier cosa para mantener vivo el euro, su proyecto fracasado, nuestro consejo a los expatriados que viven abajo en el Mediterráneo debe ser 'saca tu dinero de ahí mientras aún puedas'", ha afirmado Farage en un acto político recogido por el diario 'The Daily Telegraph'.

   "Va a haber una gran fuga de dinero y esa fuga no sólo será en Chipre, sino también en otros países de la eurozona. Hay 750.000 británicos que tienen inmuebles o viven en España, muchos de ellos jubilados", ha explicado Farage. "Ni siquiera yo creía que se rebajarían a robar dinero de las cuentas bancarias de la gente", ha añadido.

   Así, ha instado al ministro de Asuntos Exteriores, George Osborne, ha tomar medidas para que una quita como la que se baraja para Chipre afecte a los ahorradores británicos.

   En su intervención, Farage ha vuelto a arremeter contra la inmigración y ha defendido que ningún inmigrante debería poder beneficiarse de los servicios públicos británicos hasta que haya vivido, trabajado, pagado sus impuestos y obedecido las leyes en Reino Unido durante cinco años.

   Además, ha reiterado su negativa a cualquier fórmula de entendimiento o acuerdo con el Partido Conservador mientras esté dirigido por el actual primer ministro, David Cameron.

Inclinan los negocios turísticos hacia una industria responsable

LONDRES.- Los operadores de turismo en la actualidad inclinan sus preferencias por negocios que destaquen una industria responsable, con aprovechamiento de la cultura y tradición de los pueblos, señalaron hoy analistas a favor de proteger escenarios. La mayoría de los agentes de viajes y operadores consultados de manera electrónica, consideran que la tendencia actual de los viajeros está anclada en un conocimiento mayor de los lugares a visitar, y el intercambio con los pobladores de manera respetuosa.
Ese parecer lo refuerzan diversas iniciativas, y entre las más recientes aparece el nacimiento de la agencia para viajeros interesados en turismo responsable, nombrada Wátina Tours.

Un catálogo de 12 destinos en tres continentes refleja trayectos personalizados con estancias, siempre opcionales, en comunidades indígenas en desarrollo.

El proyecto de Wátina Tours ubica una oficina central en Madrid, España, pero con impacto extendido por todo el Planeta, más que como una posibilidad de negocios como toda una filosofía para desarrollar el turismo y proteger los destinos.

Viajes responsables y solidarios es el concepto operado por esta iniciativa que ya cuenta con muchos ejemplos en el mundo, entre ellos la propia isla de Cuba, que promueve la protección medioambiental y escenarios de naturaleza bien conservados.

La nueva empresa apunta a viajes a Ecuador con la opción de convivir unos días en la comunidad Runa Tupari, también incluye en su lista circuitos por los parques naturales de Tanzania y estancia en la aldea Musoma, junto al Lago Victoria.

Esa novedad inserta gira por China y parada en los pueblos milenarios ubicados en el nacimiento del importante río Yang Tsé.

Este ejemplo, lo reiteran en la actualidad los operadores de turismo como una manera de diversificación y cultura general, teniendo en cuenta que en cartera existen espacios como una comunidad de pescadores del cabo Comorín en India.

La interesante propuesta (watinatours.com), explicada en una nota difundida en internet, agrega que la palabra que da origen al proyecto constituye voz garífuna con traducción de hacer algo juntos, originaria de Honduras, donde aparece este grupo poblacional.

La Fiscalía halla cuatro vínculos entre Gürtel y la contabilidad oficial del PP

MADRID.- La Fiscalía Anticorrupción ha encontrado al menos cuatro vínculos entre el 'caso Gürtel' y la contabilidad oficial del Partido Popular (PP) remitida por el Tribunal de Cuentas que acreditarían que donaciones recibidas por esta formación política también pudieron ser recogidas en la contabilidad de la trama de corrupción investigada. 

   Así consta en un escrito remitido este viernes por el fiscal Antonio Romeral en el que defiende que el juez Pablo Ruz es el competente para investigar los 'papeles de Bárcenas' en detrimento de su colega Javier Gómez Bermúdez, del que destaca los "palmarios errores" que ha cometidos para asumir esta investigación.

   La primera conexión que la Fiscalía destaca para avalar "la confluencia o incluso la identidad de hechos" entre el 'caso Gürtel' y la contabilidad del PP es un donativo de 26.835 euros fechado el 9 de enero de 2002 que esta parte relaciona con el reparto de  27.045,54 euros que "L.B.", siglas con las que Bárcenas es identificado en la causa, recibió de Enrique Carrasco, según una anotación del 8 de enero reflejada en la contabilidad de la red.  "La diferencia entre el dinero atribuido en el reparto y el anotado en la cuenta es de 210, 35 euros", señala Romeral.  

   El segundo vínculo consistiría en una entrega al PP de 12.000 euros fechada el 28 de febrero de 2002 que en la contabilidad de la red que fue incautada al contable de la red, José Luis Izquierdo, aparece como una entrega a "L.B.".

   La tercera conexión se refiere a una anotación en la cuenta de donativos del PP de 60.000 euros fechada el 18 de diciembre de 2002 que estaría relacionada con un documento de la misma fecha que acredita el reparto de un millón de euros en el que se atribuyen esta misma cantidad a "J.S.", indiciariamente identificado como Jesús Sepúlveda en el 'caso Gürtel'.

   El último nexo es una entrada en la contabilidad 'popular' de 60.000 euros del 13 de mayo de 2003 que, según la Fiscalía Anticorrupción, podría estar relacionada con un documento fechado dos días más tarde sobre el reparto de dinero en el que se atribuye una entrega de esta misma cantidad a "L.B.". Dos días más tarde, existe otra anotación en la cuenta de donativos de 60.101,21 euros "cuya correspondencia con el anterior documento ha de ser objeto de investigación y aclaración en lo posible".

   A partir de la documentación del Tribunal de Cuentas, la Fiscalía Anticorrupción concluye que "los papeles de Bárcenas no son más que la constatación parcial de una manifestación más de los hechos investigados en el caso Gürtel".  

   "Los elementos de conexión e incluso indiciariamente de identidad de hechos mostrados no son nada más que una  muestra, fruto de un somero análisis, en dos ejercicios, 2002 y 2003", señala Anticorrupción antes de manifestar la necesidad de contrastar la contabilidad oficial del PP facilitada con el Tribunal de Cuentas, los 'papeles de Bárcenas' y el 'caso Gürtel'.

   Tras destacar de nuevo la "necesidad" de que la investigación de la supuesta contabilidad B del PP recaiga en el juez Ruz, el Ministerio Público insiste en que la finalidad de la instrucción debe ser "determinar el destino final de los pagos realizados tanto por el entorno de Francisco Correa como de los procedentes indiciariamente de donantes del PP".

    En su escrito, Romeral también censura a Gómez Bermúdez porque sin tener la contestación de Ruz, sin dar audiencia al querellante y sin practicar audiencia alguna, procediera a requerir la inhibición del responsable del Juzgado Central de Instrucción nº 5.

   También le reprocha que "esta falta de datos no le impida censurar la decisión de Ruz de abrir una pieza separada", que llegó a tachar "nada menos", según la Fiscalía, de "contraria a la Constitución y a las leyes" y "causa general o investigación prospectiva sobre la presunta financiación ilegal del PP".

   "El Ministerio Fiscal ignora cuál es el fundamento de tan grave afirmación, no sólo porque la financiación ilegal no constituye delito, como resulta del Código Penal y recuerda el Tribunal Supremo, por lo que no es objeto de investigación en sí misma, sino y principalmente de ninguna de las resoluciones dictadas en la pieza separada se desprende semejante conclusión de pretender y haber acordado una investigación  general", señala.

   En este sentido, recalca que la querella presentada por Izquierda Unida (IU), que admitió a trámite Gómez Bermúdez, "da muestra de una aparante conexión entre los nuevos hechos conocidos" que se derivan de los 'papeles de Bárcenas' y los investigados en el 'caso Gürtel'.

   El juez Pablo Ruz asumió la investigación sobre los 'papeles de Bárcenas' el pasado 7 de marzo después de que la UDEF estableciera en un informe que existen al menos tres vínculos entre el 'caso Gürtel' y la supuesta contabilidad B del PP, dos de los cuales afectan al presunto número 2 de la trama, Pablo Crespo, y al constructor Alfonso García Pozuelo.

   Gómez Bermúdez, por su parte, admitió a trámite el 11 de marzo una querella de Izquierda Unida (IU) por estos mismos hechos y citó a declarar para Semana Santa a Bárcenas, Lapuerta y diez supuestos donantes del PP. El 14 de marzo suspendió esas diligencias y el 20 ordenó la citación del extesorero, suspendida por la Sala de lo Penal tras un recurso de la Fiscalía Anticorrupción.