MADRID.- Los familiares de los usuarios del Centro Ocupacional Magerit de Madrid continúan encerrados en las instalaciones, y han decidido pedir a la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid que inspeccione el edificio para comprobar si las deficiencias que alega la Comunidad de Madrid para haber trasladado a los internos con tan sólo 48 horas de plazo están justificadas o no.
Así lo ha expuesto el portavoz de Plataforma de Usuarios, Trabajadores y Familiares del Magerit, Luis Álvarez, que ha asegurado que los padres encerrados han pasado bien la noche, después de que los guardias de seguridad intentaran anoche cambiar las cerraduras para impedir su entrada al edificio.
Ahora, los familiares han decidido hacer turnos de entre ocho y diez personas para continuar en el Magerit, y a partir de este lunes celebrarán asambleas diarias a partir de las 17.30 horas para decidir qué pasos dar en adelante.
Entre las primeras cosas que deben tratar se cuentan la decisión de obtener más firmas de apoyo, escribir una carta al gerente del Servicio Regional de Bienestar Social, Américo Puente, para solicitarle una reunión; y la contratación de un abogado.
Además, tienen intención de "elaborar mociones individuales contra la resolución" de cerrar los centros y trasladar a sus usuarios a otras instalaciones para presentarlas ante los juzgados, y también solicitarán a Gerencia de Urbanismo del Consistorio madrileño que inspeccione los tres inmuebles afectados por la medida --además del Magerit, el centro Fray Bernardino de Madrid y el Centro de Atención a Discapacitados Psíquicos de Arganda del Rey--.
Precisamente esta mañana un grupo de Bomberos de la capital han acudido a mostrar su apoyo a los encerrados. "Y nos han dicho que el edificio no tiene pinta de que se vaya a hundir aparentemente, aunque tienen que ir especialistas a comprobarlo", ha añadido Álvarez.
Mientras se organizan mejor, los afectados están también recopilando información sobre cómo se ha efectuado el traslado, porque muchos de los usuarios "se han ido sin sus historiales médicos o sin la información sobre sus necesidades alimentarias".
"A algunos ni siquiera les ha llegado el burofax informándoles del traslado, como a mí, aunque ya han echado a mi hermana del centro. Y también queremos saber cómo ha sido el traslado y cómo están ahora, porque nos han dicho que les han metido en una sala y ya está", ha apostillado Luis Álvarez.
Según él, la "urgencia injustificada" es la culpable de esta situación, ya que el traslado "podía haberse hecho en quince días mejor que en 48 horas".
"Se ha hecho así para que no nos diera tiempo a reaccionar, pero hemos reaccionado. Ahora esperemos que no haya ninguna desgracia, porque desde luego una situación como ésta puede causar fallos importantes", ha zanjado.
Los familiares de los usuarios rechazan el acuerdo que la Comunidad de Madrid firmó este viernes con los AMPA de los centros, ya que "sólo reconoce la situación actual", establece que "el cierre no tiene vuelta atrás" y "ni siquiera asegura la atención de los discapacitados como hasta ahora", según el portavoz de la plataforma.
Así, los afectados buscan que el Ejecutivo autonómico se comprometa a que "los usuarios volverán a los centros donde estaban", según ha señalado una de las madres afectadas, Silvia, añadiendo que en el documento presentado hasta ahora "eso no queda claro".
Además, ha señalado que es necesario que la Comunidad fije "plazos" para el regreso a los centros, porque "si todo se vincula al presupuesto, que sabemos que no hay, entonces los centros no reabrirán nunca", ha opinado.
En la misma línea se ha manifestado la secretaria de Política Social de UGT de Madrid, Ana Sánchez, quien ha explicado que los centros, sobre todo el Magerit (ubicado en General Ricardos) tienen posiciones "muy golosas".
"El peligro no parece inminente, desde luego no parece que el edificio se vaya a caer, pero el sitio es muy goloso si se quiere plantear cualquier otro negocio en este lugar, sobre todo si detrás está la intención de privatizar (estos equipamientos)", ha añadido.
Finalmente, ha felicitado a los familiares por su "acto heroico" y ha expresado el apoyo del sindicato a esta postura al considerar que "sólo están pidiendo que cuando el centro se rehabilite abra sus puertas otra vez en el mismo lugar y con los mismos trabajadores y usuarios, que aún no es un compromiso de la Comunidad".
"(El Ejecutivo autonómico) dice incluso que el cierre es indefinido. Pero con este tipo de usuarios las rutinas son fundamentales, y cambiar de compañeros, profesionales y sitios provoca un gran conflicto psicológico. Creo que no han calculado el daño", ha concluido.
Con respecto al acuerdo que los sindicatos y la Comunidad han firmado relacionado con este tema, Sánchez ha asegurado que sólo se refiere al mantenimiento del empleo de estos trabajadores y a que no se modifiquen sus condiciones laborales, "pero en ningún momento recoge nada sobre las reivindicaciones de las familias".
Por su parte, la consejera de Familia y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Engracia Hidalgo, ha recordado en un comunicado que "ayer se firmó un acuerdo con los representantes de las AMPAS de los tres centros", en el que se "convenió la creación de una comisión mixta de trabajo para seguir el proceso de adaptación de los usuarios trasladados" y se "garantiza que en menor tiempo posible se restablecerán todas las actividades que venían recibiendo los usuarios".
"Es un acuerdo ratificado por la mayoría de las familias y que representa que todos avanzamos en el mismo camino, que es garantizar la mayor seguridad y la mejor atención de las personas con discapacidad que han tenido que ser trasladas a los centros más próximos con el objetivo de causarles los menores molestias posibles a ellos y a sus familias", ha añadido.
A renglón seguido, ha tachado de "incoherente" la actitud de UGT y ha criticado la decisión de Ana Sánchez de visitar el centro Magerit después de la firma del acuerdo sobre los trabajadores, por el cual la Comunidad de Madrid "garantiza los puestos de trabajo de todos los profesionales afectados por los traslados" y se compromete a "realizar el oportuno seguimiento de los traslados y las reubicaciones", entre otras cosas.
"En el acuerdo también se acordó crear una Comisión de seguimiento con el fin de solventar las posibles disfunciones que pudieran producirse, y estableció una vía de comunicación permanente entre los comités de seguridad y salud de los centros afectados y la Consejería de Familia y Asuntos Sociales", ha añadido Hidalgo.
Por todo ello, ha considerado que UGT de Madrid "ha demostrado una gran irresponsabilidad, sin interesarle lo que realmente importa de esta situación, que es garantizar la máxima seguridad de los usuarios y trabajadores de estos centros que han tenido que cesar temporalmente al haber detectado los informes deficiencias que pudieran afectar a las estructuras de los edificios".
"Con esta visita el sindicato ha demostrado que es un mero instrumento de presión política y que en vez de arrimar el hombro para asegurar la mejor atención de los usuarios y trabajadores, los cuales están ya reubicados, lleva acciones de este tipo para desgastar al Gobierno regional. Un gesto que pone de manifiesto la deslealtad del sindicato", ha zanjado la responsable autonómica.
Sin embargo, Ana García ha insistido en que su única intención al acudir al Magerit era apoyar a los familiares afectados por el traslado, y que en ningún caso pretendía "politizar" el encierro ni convertirse en el centro de la polémica.
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