MADRID.- La defensa del PP nacional estudia recusar a la magistrada Luz Almeida, la ponente del auto que ordena la apertura del 'caso del espionaje', para apartarla de la resolución de un posible incidente de nulidad con motivo de su vinculación al PSOE.
Juan Ramón Montero, que representa al PP nacional, ha indicado que, al no haber posibilidad de recurrir el auto notificado ayer por la Sección Decimosexta de la Audiencia Provincial de Madrid, se podría plantear un incidente de nulidad porque la magistrada estaría, a su juicio, vinculada a una ideología política contraria al formar parte del despacho de abogados de Cristina Almeida, que fue ex candidata a la Comunidad de Madrid y exportavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid.
Si finalmente se formula ese incidente, el letrado planea recusar a la magistrada para que no participe en la resolución del mismo y que podría llevar a anular el auto que ordena reabrir la causa al apreciar indicios de un delito de malversación.
Antes de ello, el PP solicitará primero una aclaración al auto al ser la ponente de la resolución una magistrada "con ideología política claramente contraria".
Asimismo, el letrado solicitará una aclaración en relación a la presentación del recurso por parte de la diputada socialista de la Asamblea de Madrid Maru Menéndez cuando se presenta en nombre del Partido Socialista de Madrid.
Además, Ramón Montero ha recalcado que Luz Almeida fue designada magistrada ponente para el ejercicio 2009-2010, por lo que en el momento de dictarse el auto estaría fuera de esta posición como suplente.
Sin embargo, el TSJM ha informado esta mañana que el pasado 27 de julio la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acordó prorrogar para el año judicial 2010-11 el nombramiento de Luz Almeida Castro. Al respecto, el abogado ha recalcado que esta prórroga no ha sido publicada.
A su juicio, "el auto tiene un claro carácter político y mucho más si ha sido ponente de la resolución Luz Almeida, hermana y compañera de despacho de cristina Almeida".
Asimismo, ha criticado que los magistrados de la Sala "ignoren" el contenido de las declaraciones de los imputados y ha asegurado que "los supuestos indicios sobre los que se sustenta el supuesto delito de malversación de caudales públicos no tienen consistencia", ya que se basan "en las propias diligencias de la instrucción".
"No existe ningún tipo de intervención que pueda ser delictiva", ha reseñado el letrado, quien ha recalcado que el auto tiene un "interés de carácter político".
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