MADRID.- El consejero de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid, Antonio Beteta, ha envidado un requerimiento al Ministerio de Economía y Hacienda en el que reclama al Gobierno la compensación inmediata por la merma en la recaudación de las operaciones societarias, según ha informado la Comunidad de Madrid en un comunicado.
El requerimiento pide que se adopte las medidas oportunas para hacer posible la compensación inmediata a la Comunidad de Madrid de la menor financiación que supone la aplicación de la exención en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITP y AJD) a la modalidad de operaciones societarias, recogida en el Real Decreto 13/2010, de 3 de diciembre, aprobado por Gobierno de España.
La puesta en práctica de esta exención supone, en la práctica, las desfiscalización de la modalidad de operaciones societarias, hecho que resulta de especial gravedad para las comunidades autónomas que tienen cedido el impuesto en su totalidad y que ya han empezado a "sufrir" la merma recaudatoria que supone esta medida.
Según el Gobierno regional, en la Comunidad de Madrid se observa una disminución de los ingresos del 87% en el primer trimestre de 2011 respecto al mismo periodo de 2010, y se estima que el coste de la medida para todo el año (en base a la estimaciones de los datos del primer trimestre) será de 124 millones de euros.
La Ley 22/2009 de Financiación Autonómica (LOFCA) estableció en su disposición transitoria sexta que "en el marco del principio de lealtad institucional, la Administración General del Estado establecerá todos los mecanismos que garanticen que las normas estatales que supongan incrementos de gasto o reducciones de los ingresos tributarios de las comunidades autónomas contengan valoración correspondiente".
Pero la aplicación práctica de este principio no se realiza de manera inmediata, sino que de acuerdo con el artículo 2.1 de la LOFCA, se retrasa por un periodo de cinco años, dilación que, según el Ejecutivo regional, "evidencia la profunda injusticia de la actual configuración del principio y que resulta especialmente gravosa en el caso de esta modificación legislativa estatal".
A esto hay que añadir que, la medida normativa se aprueba el 3 de diciembre de 2010, cuando las comunidades autónomas ultimaban la fase de aprobación de sus presupuestos para 2011, que contemplaban en sus previsiones de ingresos una recaudación estimada bajo un marco normativo determinado, "sin que existiese margen para que las autonomías puedan rectificar sus presupuestos".
La Comunidad de Madrid considera que el Estado debería haber contemplado en el Real Decreto 13/2010 una previsión específica similar a la que adoptó, por ejemplo, con la supresión del Impuesto de Patrimonio, que compensó a las regiones en la Ley 22/2009 por el importe efectivamente recaudado en el año 2008.
Así, ha recordado que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ya exigió el pasado mes de diciembre el pago de la compensación por la adopción de esta medida legislativa, a lo cual se comprometió en conversación telefónica la vicepresidenta del Gobierno, Elena Salgado, "sin que se haya llevado a cabo ninguna medida para ejecutarse cuatro meses después".
Por ello, Beteta ha señalado en su requerimiento que "resulta imprescindible que el Estado arbitre una fórmula para remediar la merma recaudatoria que sufrirá esta Administración regional a partir de 2011, sin esperar a la revisión quinquenal del sistema de financiación, hecho que no se producirá hasta 2014".
El consejero ha recordado, asimismo, que la Comunidad también ha requerido al Ministerio de Economía y Hacienda los anticipos del Fondo de Competitividad que la Ley del Sistema de Financiación establecía para las regiones en 2011.
"Ésta es una petición unánime de todas las comunidades autónomas, que el Ministerio de Economía y Hacienda se niega a satisfacer. Para Madrid, representa, en 2011, la cantidad de 1.000 millones de euros", ha zanjado el responsable autonómico.
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