domingo, 3 de julio de 2011

Teddy Bautista y la cúpula de la SGAE, en libertad con cargos

MADRID.- El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha decretado la puesta en libertad sin fianza para el presidente ejecutivo de la Sociedad Española de Autores y Editores (SGAE), Teddy Bautista, y los otros dos directivos de la entidad de gestión detenidos por la Guardia Civil en el marco de la investigación sobre la presunta comisión de delitos económicos: el director general Enrique Loras, el director económico y financiero, Ricardo Azcoaga. 

Todos ellos se enfrentan a 10 años de prisión por delitos de apropiación indebida y de administración fraudulenta. 

Tras pasar una noche en distintos calabozos de la benemérita y tomarles declaración, el juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, considera que no existe riesgo de fuga aunque les ha retirado el pasaporte y les impide salir de España. Los liberados son algunos de los nueve detenidos en el monumental escándalo que envuelve a la SGAE y que investiga la fiscalía anticorrupción y la Audiencia Nacional.
Operación iniciada tras un escrito de la fiscalía anticorrupción por la denuncia interpuesta contra la SGAE por la Asociación de Internautas, la Asociación de Usuarios de Internet, la Asociación Española de Pequeñas y Medianas Empresas de Informática y Nuevas Tecnologías (APEMIT) y la Asociación Española de Hosteleros Víctimas del Canon (VACHE).
El magistrado ha declarado el secreto del sumario y el resto de los responsables detenidos, aún en prisión, declararán mañana ante el juez. Los cargos imputados a directivos de la cúpula de la SGAE son muy graves desde apropiación indebida, estafa, administración fraudulenta, delitos societarios y blanqueo de capitales.
Estos cargos podrían conllevar más de diez años de cárcel para algunos de los implicados y la investigación dejar herida de muerte a una organización contestada y polémica como pocas.
La operación está lejos de concluir y filtraciones del caso aseguran que la trama de la SGAE usó nombres simulados y utilizó doble contabilidad. Detalles de un auténtico chiringuito financiero conseguidos tras la autorización de escuchas telefónicas por la Audiencia Nacional desde abril de 2010.
La trama tiene además amplias repercusiones políticas y desde la Asociación de Internautas responsabilizan a la Ministra de Cultura encargada de fiscalizar a la SGAE. Por su parte IU también apunta al Ministerio de Cultura señalando que este caso muestra que los derechos de autor deben ser gestionados por organismos públicos, “realmente democráticos y transparentes”.
El partido Popular ha ido más lejos y ha vinculado al presidente Zapatero con los detenidos de la SGAE. “Zapatero es amigo íntimo de todos los relacionados y tiene que dar una explicación sobre lo que sabía y lo que no”, ha indicado el vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons.

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