MADRID.- Amnistía Internacional (AI) ha opinado este martes que el desalojo ocurrido a primera hora de la mañana en la Cañada Real Galiana de Madrid, donde el Ayuntamiento ha derribado una construcción ilegal, constituye "una violación de los derechos humanos" y ha exigido al Ejecutivo local que garantice "un alojamiento alternativo adecuado" a la familia que residía en dicha edificación.
En concreto, los afectados son Abdelilah Ghailán, albañil de 33 años, y Fátima Zohra Alami Wahabi, de 27, marroquíes que, según AI, llevan siete años viviendo con sus dos hijos (de tres y seis años) en la Cañada.
La familia ya había sido desalojada en 2007, aunque poco después levantaron de nuevo su vivienda. Aunque la orden judicial fijó en un primer momento el derribo para el 24 de junio, la presencia de miembros de movimientos sociales aplazó la medida, que se ha ejecutado este martes.
Sin embargo, AI ha asegurado en un comunicado que el desalojo de esta familia se ha llevado a cabo "en contravención con los estándares internacionales, lo que supone una violación grave de sus derechos humanos".
Según la organización, los desalojos deben ir precedidos de "consultas efectivas" y se debe facilitar a los afectados "en un plazo razonable" información al respecto, impidiendo también que "ninguna persona quede sin hogar".
Además, las autoridades "también deben asegurarse de que nadie es vulnerable a otras violaciones de los derechos humanos como consecuencia de un desalojo" por lo que si los afectados no disponen de recursos "el Estado deberá adoptar todas las medidas necesarias para que se proporcione otra vivienda, reasentamiento o acceso a tierras productivas, según proceda".
Asimismo, "las administraciones deben proporcionar una indemnización justa y un alojamiento alternativo suficiente, o la restitución cuando sea factible, y lo deben hacer inmediatamente después del desalojo". También debe asegurarse que los miembros de la misma familia ampliada o comunidad no se separen a consecuencia de los desalojos.
Sin embargo, en este caso la familia desalojada "no ha sido consultada previamente ni se le ha ofrecido un alojamiento alternativo adecuado".
"Además, el hecho de que el desalojo se haya producido durante la noche también contraviene los estándares internacionales", ha declarado la directora adjunta de Amnistía Internacional España, Eva Suárez-Llanos.
No obstante, el Consistorio madrileño ha asegurado que el Samur Social ha participado en el desalojo ofreciendo un alojamiento alternativo a la familia, y ha efectuado el derribo con la pertinente autorización judicial. Además, la vivienda ya había sido derruida y reconstruida hace cuatro años.
En cualquier caso, con este derribo Amnistía Internacional teme que "cientos de familias residentes en la zona de la Cañada puedan correr la misma suerte" por lo que ha pedido al Ayuntamiento que "se le garantice de forma inmediata un alojamiento alternativo adecuado a la familia desalojada".
Por otra parte, la ONG recuerda que este derribo se ha efectuado tras la aprobación, el pasado mes de marzo, de la Ley de la Cañada Real, que establece que "las administraciones competentes llevarán a cabo un acuerdo marco de contenido social para resolver todas las cuestiones derivadas de la ocupación, desafectación y destino" de estos terrenos.
"El problema que existe trasciende el enfoque de disciplina urbanística y debe abordarse desde una perspectiva de derechos humanos", ha insistido Suárez-Llanos.
A este respecto, el Ejecutivo local ha citado el Auto de autorización de entrada en domicilio dictado por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, que indica que "la Administración ha hecho lo que debe" ya que "las alegaciones realizadas sobre la construcción no la hacen válida, como tampoco la publicación de la Ley 2/11 de la Cañada Real Galiana de Madrid".
Amnistía Internacional puso en marcha el pasado mes de abril una recogida de firmas a través de la página web www.actuaconamnistia.org en la que se pedía al alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, que detuviera el desalojo de Abdelilah y Fátima. Según la organización, más de 22.600 personas han firmado hasta ahora.
Además, la organización también ha promovido de forma internacional el envío masivo de cartas al alcalde con el mismo fin.
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