sábado, 3 de marzo de 2012

FSIE cree que en el embargo del Santa Illa ha habido una "metedura de pata"

MADRID.- FSIE Madrid, sindicato mayoritario que representa a los trabajadores de los centros de enseñanza privada y concertada de la Comunidad de Madrid, ha considerado que en el embargo del colegio Santa Illa, con los alumnos dentro, ha habido una "gran metedura de pata" y que alguien "debería dimitir".

  Su secretario general, Miguel Muñiz, ha considerado que indistintamente del problema empresarial que pueda tener la sociedad responsable del centro con la Seguridad Social, está la cuestión "pedagógica" y quien dictó la orden del embargo "no se dio cuenta que un colegio no es como una tienda de ropa".
   "En una tienda de ropa, puedes entrar, llevarte los pantalones, las camisetas, las perchas y hasta las estanterías pero en un colegio hay una parte fundamental, un derecho del primer nivel, que es el derecho a la educación", ha aseverado Muñiz, quien ha apuntado que "ahí hay unos alumnos que no tienen por qué pagar el que alguien no haya cumplido con sus obligaciones".
   En este sentido, ha señalado que si hay una deuda que viene desde los años, 90, o bien se podía haber cerrado el centro antes de que se iniciase el curso, o bien se tendría que haber esperado al 29 de junio, cerrar el centro y se acabó".
 "Ha habido una metedura de pata enorme por parte de alguien, hacerlo en medio de curso y con alumnos en medio de clase... Eso es una cosa de no tener dos dedos de frente", ha añadido.
   Por eso, ha apuntado que aunque el problema ya está resuelto,  "alguien debería dimitir o poner su cargo a disposición porque es una metedura de pata absoluta". En este sentido, ha señalado que si los padres decidieran presentar una demanda por las formas en las que se produjo el embargo, sería "perfectamente legítima".
   En cuanto a la situación laboral, ha explicado que el sindicato no ha recibido ninguna denuncia de ningún trabajador, y que mientras ellos "no se quejen, no se puede hacer nada", en referencia a una de las cuestiones de la polémica que responde a que presuntamente el responsable del centro no había pagado las cuotas sociales de los trabajadores a la Seguridad Social.

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