MADRID.- La institución del Defensor del Pueblo se ha quejado, en su informe anual de 2011 presentado hace unos días de que sigue sin ponerse en funcionamiento el Instituto de Medicina Legal de la Comunidad de Madrid, a pesar de la voluntad de la Dirección General de Justicia de ponerlo en marcha.
Por ello, la institución planteó la posibilidad, a instancias del interesado, de que al margen de la creación del Instituto, se ofertaran a concurso las plazas de forenses.
La Consejería respondió que, al tratarse de un cuerpo de carácter nacional, la competencia para realizar dicha convocatoria corresponde al Ministerio de Justicia, que procedió a convocar el concurso de traslados genérico de carácter anual, mediante Orden JUS/1359/2011, de 12 de abril, publicada en el Boletín Oficial del Estado de 25 de mayo, y por tanto, ya no resultaba posible, al menos este año, ofertar plazas de médicos forenses a concurso de traslados.
Sin embargo, según se desprende del informe, secretario de Estado del Ministerio de Justicia señaló que la Comunidad de Madrid había asumido las competencias en materia de medios personales al servicio de la Administración de Justicia y cada primer trimestre del año se solicita a las comunidades autónomas que indiquen si van a convocar plazas a concurso de traslados.
Así se hizo en fecha 18 de febrero de 2011, y la Comunidad de Madrid, el 23 de marzo, contestó en el sentido de que no consideraba conveniente participar en el concurso de médicos forenses, "puesto que se hallaban inmersos en pleno proceso de puesta en funcionamiento del Instituto de Medicina Legal, por tanto, pendientes de hacer una nueva reestructuración interna, siendo posteriormente cuando, en su caso, convocarían concurso de traslados".
Por ello, el secretario de Estado del Ministerio de Justicia reiteró que el órgano competente para efectuar la convocatoria de concurso de traslados era la Comunidad en su ámbito territorial y que decidió no hacerlo, sin que ese departamento ministerial tenga ya competencias en la materia.
Por ello, la Defensora del Pueblo ha concluido que "a la vista de la aparente disparidad de criterios", la queja sigue abierta y en estudio.
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