MADRID.- El portavoz adjunto del Grupo Parlamentario
Socialista en la Asamblea de Madrid José Quintana ha denunciado este
jueves que la Comunidad de Madrid aún tiene facturas en los cajones por
valor estimado de entre 800 y 900 millones de euros, que ahora quiere
reducir con el nuevo proyecto de Presupuestos de la Comunidad de Madrid,
y ha denunciado que por lo tanto, el plan económico financiero que
presentaron al Ministerio de Economía y Hacienda fue una "mentira".
En declaraciones en la sede del Partido Socialista de Madrid (PSM)
tras una reunión del Grupo Parlamentario para hacer balance sobre el
primer año parlamentario tras las elecciones del 22M, el presidente del
Grupo Parlamentario Socialista, Óscar Iglesias, ha criticado que el
Gobierno de la Comunidad de Madrid "nuevamente ha mentido", ya que en el
plan económico financiero no estaba contemplada la bajada de sueldo a
funcionarios. Por lo tanto, ha considerado que "o el plan es falso o hay
más facturas en los cajones o las dos cosas".
Preguntado al respecto, Quintana ha precisado que "es muy posible
que haya 800-900 millones de euros en facturas en los cajones", razón
por la que la Comunidad que tomar medidas para reducir el gasto que no
estaban incluidas en el plan financiero.
El socialista, que ha destacado que el Grupo Parlamentario en este
año ha "priorizado" las cuestiones que más le preocupan como la
economía, el empleo, la sanidad o la educación, con 153 iniciativas
parlamentarias en 21 plenos ordinarios, ha criticado que el Ejecutivo de
Esperanza Aguirre afirmaba que se habían puesto a hacer los deberes
"antes que nadie" y la conclusión es que "han mentido", como es el caso
de los 2.000 millones de déficit adicionales que se han conocido.
De vuelta en el proyecto de modificación presupuestaria anunciado
ha dicho que "es un ajuste innecesario" y ha abogado por "intentar
recuperar los regalos fiscales que se siguen haciendo" con cuestiones
como el IRPF o el Impuesto de sucesiones y Donaciones. Asimismo, ha
considerado que "se podría hacer un buen ahorro" de las 2.000 personas
que, aseguran, la Comunidad tiene "contratadas a dedo".
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