MADRID.- La presidenta de la Comunidad de Madrid,
Esperanza Aguirre, dio un plazo de 24 horas a varias consejerías de la
Administración regional para que remitieran copia de los 317 contratos
investigados por el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz en el marco
del procedimiento sobre la trama de corrupción Gürtel, informaron hoy fuentes jurídicas.
Así consta en un oficio recibido esta semana por el titular
del Juzgado Central de Instrucción número 5 en el que se acredita que,
tras recibir su mandamiento judicial, la Presidencia de la Comunidad de
Madrid remitió un oficio a las secretarías generales técnicas de los
departamentos que contrataron la organización de eventos con las
empresas de la trama.
El juez solicitó el pasado 18 de mayo estos contratos "en el
plazo improrrogable de un mes" para tratar de determinar si se
realizaron por mediación del exconsejero de Deportes y exdiputado en la
Asamblea madrileña, Alberto López Viejo, y el exdiputado y gerente de la
empresa municipal de vivienda de Boadilla del Monte, Alberto Bosch
Tejedor, ambos imputados en la causa.
La Fiscalía Anticorrupción sospecha que los dos cargos
públicos pudieron haber recibido pagos relacionados con la firma de
estos contratos para la organización de los eventos, entre los que
figuraban el primer aniversario de los atentados del 11 de marzo de
2004, un homenaje en memoria de Miguel Angel Blanco o el encargo de un
cuadro del ex alcalde madrileño y actual ministro de Justicia, Alberto
Ruiz-Gallardón.
Por otra parte, el juez Ruz ha solicitado a la Agencia
Tributaria que le facilite información sobre "el margen de beneficio"
que habrían obtenido las empresas de la trama Easy Concept, Servimadrid
Integral, Good and Better y Diseño Asimétrico y su "comparación con el
margen ordinario de las sociedades dedicadas a esta actividad
mercantil".
Así consta en una providencia dictada el pasado 15 de junio
por Ruz, a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que se requiere
esta información por iniciativa de la Fiscalía Anticorrupción. La
investigación parte del análisis de la documentación intervenida en el
domicilio de la imputada Isabel Jordan, directora de la empresa Easy
Concept, y tras la detección de la existencia de una 'caja B' en la que
se detallaban pagos a cargos públicos.
El pasado 31 de mayo Ruz interrogó en el marco de la
investigación a Pedro Fuste y Alejandra Lascary, trabajadores de Easy
Concept, y a Rocío Perea, empleada de Servimadrid Integral. Perea
declaró que sus superiores le ordenaron sacar 170.000 euros en dos
cheques de 115.000 y 55.000 euros y que Jordán le reclamó el dinero en
la misma puerta del banco, como acredita un acta notarial que obra en la
causa.
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