MADRID.-  Los inmigrantes en situación irregular o 'sin
 papeles' seguirán siendo atendidos en el Sistema Nacional de Salud 
(SNS) pese a no tener tarjeta sanitaria, pero en caso de que el médico 
le recete un medicamento deberán pagar una parte o la totalidad de su 
precio en función de la dolencia para la que esté indicado.
   Así lo han confirmado hoy fuentes del Ministerio de 
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad después de que la Organización 
Médica Colegial (OMC) mostrara este martes su preocupación por cómo se 
iban a recetar en los centros de salud los medicamentos a éste u otros 
colectivos que con el nuevo sistema de aseguramiento pierdan su tarjeta 
sanitaria.
   De este modo, han dejado claro que en aquellos casos en que la ley
 garantiza la asistencia de este colectivo (atención por enfermedades 
transmisibles, mujeres embarazadas, y menores de 18 años) los pacientes 
deberán pagar un 40 por ciento por sus medicinas, al igual que cualquier
 trabajador activo.
   Los 'sin papeles' que sufren una enfermedad crónica y ya 
estuvieran en tratamiento se seguirán beneficiando del régimen de 
aportación reducida que tienen los medicamentos para estas patologías, y
 sólo abonarán un 10 por ciento de las medicinas. En ambos casos, el 
médico deberá ofrecerles una receta del SNS en que aparezca el código 
con la aportación que el paciente ha de realizar.
   Sin embargo, para el resto de casos (un dolor de espalda o un 
resfriado, por ejemplo) los pacientes deberán abonar el importe íntegro 
de lo que cueste en la oficina de farmacia. De hecho, han explicado las 
mismas fuentes, el médico deberá expedirles una receta 'blanca', como la
 que se hace en la sanidad privada o para cualquier fármaco no 
financiado.
   Fuera de esta casuística estarían los pacientes atendidos en los 
hospitales, tanto crónicos como agudos, que no deberán abonar nada por 
los medicamentos que reciban.
   No obstante, el departamento de Ana Mato ha recalcado que en este 
caso, al igual que a la hora de facturar la asistencia prestada, las 
comunidades tienen libertad para decidir si se hacen cargo de dicho 
coste o lo reclaman bien al país de origen bien al propio paciente una 
vez atendido.
 
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