MADRID.- El proceso de privatización de la sanidad impulsado en la Comunidad de
Madrid, que ha levantado fuertes protestas en el sector, sería
innecesario si el Gobierno de Ignacio González se decidiera a deshacer
el ‘paraíso fiscal’ del que disfrutan las grandes fortunas en la región.
Tal y como ya publicó este diario, Madrid es, por ejemplo, la única autonomía que no aplica el impuesto de patrimonio, a pesar de que sería con diferencia la autonomía que más recaudaría este gravamen. En el último ejercicio en que recaudó este tributo, el de 2008, ingresó 632 millones de euros, el 30% de los 2.112 millones recabados en el conjunto de España aportados por cerca de un millón de declarantes.
El impuesto de sucesiones y donaciones es también considerablemente más laxo en la Comunidad de Madrid que en otras autonomías. La región fue la primera en establecer una bonificación del 99% para las donaciones y sucesiones entre familiares directos (padres, hijos, cónyuges, abuelos o nietos) “El Gobierno regional considera que esta bonificación es de justicia, ya que el fallecido o donante ya ha tributado por conseguir sus bienes y se trata de una bonificación a los familiares más cercanos”, explicó el viceconsejero de Hacienda, José María Rotellar.
En 2012, la Administración de Ignacio González recaudó 519 millones de euros, por encima de la cifra de 2004. No obstante, la Cira tiene ‘trampa’ ya que en el contexto de crisis como el actual existe miedo entre la población de que las autonomías eleven este impuesto para paliar la caída de ingresos. Se explica de este modo que el número de contribuyentes por el impuesto de donaciones aumentase el pasado ejercicio exponencialmente, pasando de 5.246 declarantes en 2004 a 30.030 en 2012.
Según un estudio elaborado por la Universidad de Zaragoza en 2008 la caída de la recaudación del impuesto de sucesiones y donaciones podría ser de 377 millones para Madrid, un 54% aproximadamente.
El consejero madrileño de Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty, vinculó ayer las medidas de ajuste sanitario del Ejecutivo regional al descenso en 1.000 millones de euros que percibirá la Comunidad de Madrid como consecuencia del “injusto” sistema de financiación autonómico.
Tal y como ya publicó este diario, Madrid es, por ejemplo, la única autonomía que no aplica el impuesto de patrimonio, a pesar de que sería con diferencia la autonomía que más recaudaría este gravamen. En el último ejercicio en que recaudó este tributo, el de 2008, ingresó 632 millones de euros, el 30% de los 2.112 millones recabados en el conjunto de España aportados por cerca de un millón de declarantes.
El impuesto de sucesiones y donaciones es también considerablemente más laxo en la Comunidad de Madrid que en otras autonomías. La región fue la primera en establecer una bonificación del 99% para las donaciones y sucesiones entre familiares directos (padres, hijos, cónyuges, abuelos o nietos) “El Gobierno regional considera que esta bonificación es de justicia, ya que el fallecido o donante ya ha tributado por conseguir sus bienes y se trata de una bonificación a los familiares más cercanos”, explicó el viceconsejero de Hacienda, José María Rotellar.
En 2012, la Administración de Ignacio González recaudó 519 millones de euros, por encima de la cifra de 2004. No obstante, la Cira tiene ‘trampa’ ya que en el contexto de crisis como el actual existe miedo entre la población de que las autonomías eleven este impuesto para paliar la caída de ingresos. Se explica de este modo que el número de contribuyentes por el impuesto de donaciones aumentase el pasado ejercicio exponencialmente, pasando de 5.246 declarantes en 2004 a 30.030 en 2012.
Según un estudio elaborado por la Universidad de Zaragoza en 2008 la caída de la recaudación del impuesto de sucesiones y donaciones podría ser de 377 millones para Madrid, un 54% aproximadamente.
El consejero madrileño de Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty, vinculó ayer las medidas de ajuste sanitario del Ejecutivo regional al descenso en 1.000 millones de euros que percibirá la Comunidad de Madrid como consecuencia del “injusto” sistema de financiación autonómico.
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