MADRID.- Galicia y el Principado de Asturias fueron
las regiones del régimen común más eficaces en 2011 en el proceso
recaudatorio de los impuestos que tienen cedidos las comunidades
autónomas, frente a Canarias y Andalucía que se situaron a la cola en
este ranking, según consta en un informe del Ministerio de Hacienda.
El documento, que analiza la gestión autonómica de los tributos
cedidos por el Estado en el ejercicio 2011, acaba de ser remitido a las
Cortes, y en sus conclusiones se recoge que "la relación de derechos
recaudados sobre contraídos líquidos, que refleja el grado de eficacia
del proceso recaudatorio" se situó en el 69,1% de media en el país, casi
cinco puntos por debajo del de 2010.
Así, las máximas cotas se alcanzaron en Galicia (81,4%) y el
Principado de Asturias (80,7%), mientras que en Canarias se quedó en el
61,2% y en Andalucía, en el 62,8%.
No obstante, Hacienda señala que el porcentaje de derechos
anulados sobre el total, que se sitúa en el 8,6% de media nacional,
llega a máximos del 34,2% en Galicia, por lo que sería "aconsejable
prestarle la atención debida, dado que podría revelar incidencias en los
proceso de gestión", lo mismo que en Cantabria (10,9%) y Cataluña
(10,1%).
En su informe, el Ministerio señala que a finales de 2011 un total
de 3.675 personas trabajaban en la gestión de los tributos cedidos,
cifra que alcanza los 5.774 empleados si se incluye el personal de las
empresas de servicios y de las oficinas liquidatorias, un 1,1% menos que
los 5.836 trabajadores que había en 2010.
Las regiones con las plantillas más extensas eran Andalucía (736),
Madrid (455) y Castilla y León (369), si bien los mayores cambios con
respecto de 2005 se han experimentado en Asturias (+116%), Cantabria
(+27,7%) y Extremadura (+16,2%), así como en Andalucía (-26,3%),
Valencia (-16,1%) y Canarias (-11,8%).
Así, el documento se detiene en la recaudación media por
trabajador --sin contar los efectos timbrados--, un dato que "ofrece
indudable interés" y que en 2011 alcanzaba los 1,57 millones de euros,
un 16,6% menos que un año antes, cuando la ratio era de 1,89 millones de
euros.
Las comunidades que más ingresos recaudaron por trabajador fueron
Madrid (2,88 millones), Baleares (2,84 millones) y Cataluña (2,55
millones). Sin embargo, todas las regiones perdieron eficacia en este
sentido, con la única excepción de La Rioja, que experimentó un
incremento del 10,8%, pasando de 1,33 millones de 2010 a 1,47 millones
en 2011.
En concreto, las regiones que más eficacia recaudatoria perdieron
fueron la Comunidad de Madrid (-22,4%), Murcia (-18,8%),
Cantabria (-18,1%) y Cataluña (-17%), mientras que las que menos
retroceso experimentaron fueron Castilla-La Mancha (-1,2%) y Galicia
(-4,43%).
Por otra parte, el índice de demora --la relación entre los
expedientes pendientes al final de un ejercicio y la media mensual de
expedientes despachados durante el mismo, ratio con la que se calcula el
número de meses necesarios para eliminar todo el trabajo acumulado en
el supuesto de mantener el ritmo y que no entraran nuevos documentos--
aumentó de manera generalizada para todos los impuestos que gestionan
las comunidades autónomas.
El índice de demora del Impuesto de Sucesiones y Donaciones
aumentó de los 4,7 meses de 2010 a los 4,8 meses de 2011, con
acumulaciones "significativas" en La Rioja, Galicia y Murcia, si bien
hay que tener en cuenta que las declaraciones de este gravamen también
se incrementaron un 0,9% en dicho ejercicio. Según Hacienda, los
expedientes con autoliquidación se demoraron más (10,4 meses) de media
que los que no se presentaron por esa fórmula (6,8 meses).
En cuanto al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos
Jurídicos Documentados, el índice de demora aumentó e 6,9 meses,
mientras que en las Tasaciones Periciales se llegó a los 9,2 meses
frente a los 8 meses con los que se cerró el año 2010. Lo mismo ocurrió
con la Tasa de Juego, que pasó de 1,5 meses a 2,2 meses de demora media.
El informe del Ministerio de Hacienda aporta también datos sobre
inspecciones, quejas y reclamaciones. Así, en 2011 se instruyeron 11.025
actas de inspecciones, excluidas las incoadas por el Estado relativas a
Patrimonio, lo que supone un 15,7% más que un año antes. Más de la
mitad de las actas fueron relativas al Impuesto de Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (52,2%), seguido por el de
Sucesiones y Donaciones (39,1%).
También se incrementaron tanto el importe de la deuda por actas de
inspección en relación con la recaudación total (pasa del 3,3% al 4,6%)
como la cuantía global de las deudas tributarias derivadas de las
actas, que pasó de 365,55 millones en 2010 a 417 millones en 2011
(+14,1%).
Según el documento, en las comunidades de Aragón, Madrid,
Asturias, Cataluña y Galicia fue donde mayor eficacia tuvieron --por
importe-- las actuaciones inspectores, frente a las de Cantabria y
Castilla y León que ocuparon los últimos puestos. No obstante, también
aumentaron los recursos contra estas inspecciones, registrándose los
niveles de conflictividad más altos en Aragón, Extremadura y Canarias.
En la misma línea, las reclamaciones económico-administrativas
aumentaron también un 5,1%, sobre todo por los impuestos de
Transmisiones y Actos Jurídicos.
En total, los ingresos aplicados por las comunidades de régimen
común en 2011 por los tributos cedidos por el Estado ascendieron a
9.107,34 millones de euros (-17,6%), de los cuales el 41,3% fueron por
Transmisiones, el 23% por Actos Jurídicos y el 21,6% por Sucesiones y
Donaciones. La Tasa sobre el Juego alcanzó el 13,6% mientras que
Patrimonio aportó el 0,5%. Todos los gravámenes perdieron recaudación
con respecto a 2010.
Entre las recomendaciones con las que el Ministerio cierra el
informe se cuenta la necesidad de realizar "un esfuerzo" para que cerrar
acuerdos de lucha contra el fraude entre el Estado y las comunidades
autónomas, "similares al suscrito por la Agencia Tributaria con
Andalucía", con el objetivo de "posibilitar un mucho más relevante
intercambio mutuo de información".
"Se sugiere asimismo un avance en el suministro de información
sobre la identidad de condenados por delitos fiscales con el fin de dar
cumplimiento a la pena accesoria de no disfrute de beneficios fiscales y
elaboración de cruce de información sobre fallidos que facilite la
adopción de decisiones sobre posibles derivaciones de responsabilidad",
continúa el texto.
Asimismo, se sugiere "posibilitar una mayor estabilidad del
personal" destinado a determinados servicios, sobre todo el que atiende
al contribuyente y el que ejerce funciones liquidativas; reforzar
algunas áreas en Baleares, La Rioja y Canarias. Hacienda aplaude
finalmente el incremento de la presentación de declaraciones
telemáticas, particularmente "relevante" en Andalucía, Aragón, Baleares,
Castilla y León, Cataluña, Galicia, Madrid, Murcia y Valencia.
Los datos recogidos en este informe se obtuvieron mediante las
visitas realizadas a 33 servicios territoriales de gestión tributaria de
las quince comunidades afectadas, así como todos los correspondientes
Servicios Centrales. Los datos relativos a los servicios territoriales
no visitados se obtuvieron a través de la información facilitada por los
mismos, que fue procesada, "contrastada, aunque no verificada, y, en su
caso, ajustada cuando las desviaciones detectadas lo requirieron".
