ALCORCÓN.- El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 26 de Madrid ha anulado varios acuerdos acordados en el pleno celebrado el 23 de febrero de 2009 en el Ayuntamiento de Alcorcón por vulneración de derechos al no facilitarse información a la oposición.
En una sentencia el juez estima en parte un recurso formulado por Fernando Díaz Robles contra diversos acuerdos del citado pleno y acuerda declararlos nulos por no ser conforme a derecho.
La resolución recoge que la administración procedió en ese pleno a declarar la urgencia de cuatro puntos del orden del día que habían sido retirados como consecuencia de las quejas del Grupo municipal del PP en relación al incumplimiento legal de poder acceder a los expedientes de dichos puntos del día.
Con ello, el PP entendía que se había producido un fraude de ley al estimar que con esta actuación se impedía a los concejales del PP examinar la documentación necesaria. Frente a ello, el Ayuntamiento alegaba que la información del expediente quedó completada a las 14.50 horas del 20 de febrero de 2009, es decir, 48 horas antes de su celebración.
Los expedientes se referían a la proposición del concejal de Hacienda y Administración General en relación a la reclamación a la Comunidad de la deuda pendiente con el Ayuntamiento; proposición de la concejala delegada del área de desarrollo territorial en relación a la incorporación de Alcorcón a la red de ciudades por bicicleta; y en relación a dación de cuenta del informe de impacto ambiental redactado por el Ministerio de Fomento, en relación al BUS-VAO.
Así, el juez recalca en la sentencia que la decisión de retirar los puntos del día e incluirlos como urgentes se muestra "efectivamente fraudulenta", puesto que ninguno de los puntos era de esa naturaleza.
El candidato popular a la Alcaldía de Alcorcón y portavoz del Grupo Popular de la Asamblea de Madrid, David Pérez, se ha pronunciado este domingo sobre esta resolución y ha manifestado que el regidor socialista, Enrique Cascallana, y su equipo de Gobierno vulneraron el derecho fundamental de los miembros del Grupo Popular a tener información en el Pleno del 23 de febrero de 2009.
A juicio del candidato popular, "es una vergüenza que Cascallana niegue información documentada y necesaria a los ediles del PP, atentando así contra un derecho constitucional y evitando que éstos puedan ejercer su labor de oposición y control al Gobierno".
Finalmente, Pérez ha asegurado que "es una práctica habitual del socialista Cascallana no facilitar información "al Grupo Popular". "El último ejemplo de esta forma antidemocrática de actuar la vivimos el pasado viernes, 25 de marzo, cuando a las 19:30 horas, y habiendo superado el plazo límite, todavía no estaba a disposición de los ediles populares un documento con información necesaria que sería objeto de debate en el Pleno del próximo lunes, día 28", ha indicado.
"El PP exigirá que se anule el Pleno de día 28 de marzo, o que se garantice el derecho a obtener información de los ediles populares, para que éstos puedan ejercer su labor de oposición", ha concluido.
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