MADRID.- Comisiones Obreras ha cifrado en un 53,63 por ciento el dato definitivo de seguimiento de la tercera jornada de huelga convocada en los institutos de Secundaria de la Comunidad, ha informado el sindicato en un comunicado.
Por zonas, el seguimiento en el Sur de la región ha sido del 57,73 por ciento; en el Este del 52,12 por ciento; en el Oeste del 47,93 por ciento; en la capital del 42,30 por ciento; y el Norte un 36,37 por ciento.
Respecto a la huelga, CC.OO. ha valorado "muy positivamente" el seguimiento de la huelga durante la jornada de hoy en los centros de educación secundaria FP y Enseñanza de Régimen Especial.
Así, ha señalado que esta cifra resulta del porcentaje de hacer la media ponderada (se tiene el cuenta el número de centros y el profesorado de cada Área Territorial) de las cifras de seguimiento en cada zona.
Por ello, ha reseñado que resulta especialmente relevante esta participación del profesorado puesto que se ha producido a pesar de que la Consejería ha realizado, a su juicio, "una campaña de amedrentamiento de los posibles huelguistas a través de la difusión de informaciones falsas, calificando la huelga de ilegal y manteniendo la incertidumbre en los centros hasta última hora de la mañana de ayer".
Por otro lado, el sindicato ha reiterado su decisión de llevar a la consejera de Educación y Empleo de la Comunidad de Madrid, Lucía Figar, a los tribunales por presunta vulneración del derecho a la huelga de un cargo público debido a la supuesta "utilización de su poder para fines ilícitos con conocimiento de la ilegalidad de sus actos".
El sindicato ha denunciado que "Figar ha coaccionado a través de la desviación de poder el derecho a la huelga" de los docentes en el marco del conflicto con la Comunidad por los recortes educativos implantados este nuevo curso académico. Así, ha criticado que haya intentando confundir a "los docentes de la legalidad de la huelga de hoy, decretando los servicios mínimos y haciéndolos públicos al mediodía de ayer".
A juicio del sindicato, su único fin era "violentar el derecho fundamental del ejercicio de todo trabajador a la huelga". Por ello, ha recalcado que esta actitud de la consejera "roza el límite de estar considerado un ilícito penal, tipificado para los cargos públicos que no respetan la constitución y las leyes, cuando por elección popular son garantes del cumplimiento de las mismas".
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