MADRID.- Los grupos parlamentarios de la oposición en la Asamblea de Madrid han instado a la consejera de Presidencia y Justicia, Regina Plañiol, a que la Comunidad abone las cantidades que adeuda a los abogados de turno de oficio y han mostrado sus temores por una posible "estrategia de deterioro" de este servicio, a lo que Plañiol ha respondido diciendo que ellos creen firmemente en la Justicia gratuita, un servicio que quieren "agilizar" en esta legislatura.
La portavoz socialista en materia de Justicia en la Asamblea de Madrid, Encarnación Moya, ha criticado que desde el año 2008 los 'populares' de Madrid están en "conflicto permanente" con el turno de oficio, con el que tienen un montante de deuda de 18 millones de euros, cuyo pago "demoran año tras año".
Asimismo, tras destacar que es un servicio que lo que busca es "evitar la indefensión" de las personas y garantizar el derecho constitucional a la defensa jurídica efectiva de los ciudadanos, ha acusado a la Comunidad de haber "creado un problema estructural de cara al presupuesto".
"¿Va a presupuestar la cantidad suficiente para hacer frente a deuda y obligaciones para 2012? ¿va a sentarse con asociaciones y el Colegio de Abogados, que le han elaborado una propuesta de convenio o va a llevar a cabo modificaciones vía decreto?", ha preguntado la socialista.
En este mismo sentido, el portavoz en materia de Justicia de IU, Mauricio Valiente, ha afirmado que no le extrañaría que se siguiera una "estrategia de deterioro" de este servicio público para su consiguiente "privatización".
"Es una coartada para justificar un nuevo recorte", ha resaltado.
Asimismo, ha reclamado que se incluya en el proyecto de Presupuestos para 2012 una partida que contemple los costes del servicio de asistencia jurídica gratuita. "Es ineludible para su verdadero funcionamiento", ha remarcado.
Por su parte, desde UPyD, la portavoz en esta materia Elvira García Piñero, ha criticado que la Comunidad de Madrid "adeuda 18 millones de euros" al turno de oficio, y ha considerado que la comunidad autónoma "se desentiende de la realidad" y presupuesta el gasto en función de lo que debiera ser, pero no es.
Así, ha instado a los 'populares' a "hacer bien sus cuentas, ver qué tienen que pagar y pagar lo que deben", ya que 4.500 profesionales "no tienen que esperar a cobrar" lo que es "un error de su gobierno".
"Este Gobierno cree firmemente en la justicia gratuita", ha respondido la consejera del ramo a todos los portavoces de la oposición, a los que ha dicho que desde 2003, año en que la Comunidad se hizo con estas competencias, se ha multiplicado por dos el número de casos atendidos y por cinco, el presupuesto destinado a él.
"Este esfuerzo de la comunidad autónoma debe ir acompañado de igual esfuerzo y transparencia en la gestión", ha opinado Plañiol, que ha considerado que por eso hay que determinar quiénes son las personas que realmente tienen derecho a este servicio. Por eso, ha señalado que presentarán el informe, que están realizando de la mano de la comisión mixta, que diga qué necesidades hay en esta materia,
Así, ha resaltado la " apuesta total del Gobierno de la Comunidad de Madrid por el derecho a la asistencia jurídica gratuita" y ha aseverado que quieren que " todas personas que tienen derecho tengan ese servicio y de la mayor calidad".
"La asistencia jurídica gratuita no es un servicio que se vaya a privatizar, ya es privado", ha aseverado y ha destacado que este servicio "esta asistencia es gratuita para aquel que no la pueda pagar pero no gratuito porque está financiada por todos los madrileños".
"Necesitamos conocer exactamente quién está recibiendo el servicio, cómo y explicar a los madrileños en qué se destinan los fondos", ha explicado Plañiol, que ha afirmado que es "imprescindible dotar de transparencia y rigor" la gestión de esta asistencia. Así, ha explicado que se han propuesto introducir sistemas tecnológicos que den "agilidad en la gestión", el conocimiento de los casos y verificar las facturas.
Por último, se ha referido a los honorarios de los abogados del turno de oficio y a las quejas que le han llegado a la oposición al respecto y ha apuntado que ha habido un "incremento del 70 por ciento en los últimos años".
En este mismo sentido, la portavoz del PP en esta materia, Maria Eugenia Carballedo, se ha sorprendido de las acusaciones de privatización del turno de oficio ya que ha afirmado que los abogados ya "son autónomos", y por lo tanto, "ya es una actividad privada".
Asimismo, ha considerado que el problema al que se enfrenta la Comunidad de Madrid es "generalizado de todas las comunidades autónomas" y ha señalado que lo que pretende la Comunidad de Madrid es "garantizar el acceso a la justicia para aquellos que no tienen recursos", ya que "el problema existe".
Otro de los temas que se ha abordado ha sido el de la idea del Ejecutivo regional de devolución de las competencias de Justicia al Estado, que ha venido, sobre todo, de manos de los portavoces de la oposición.
La portavoz de UPyD ha recordado que ellos ya han pedido la devolución de las competencias en esta materia al Estado, pero ha recriminado al PP que lo haga en este momento.
"El Gobierno regional tiene la obligación política y jurídica de dar la cara, abordar los problemas de gestión en vacas gordas y cuando los recursos escasean", ha considerado el portavoz de IU en la materia, Mauricio Valiente.
En este mismo sentido se ha expresado la portavoz socialista, Encarnación Moya, que ha considerado que al margen de que finalmente se devuelvan las competencias o no, es "para nota" que sea ahora cuando se den cuenta de que es un "carajal" compartir competencias con el Estado y antes esto fuera un "gran avance".
A su juicio, esta idea de devolución de competencias "demuestra que no creen en el estado de las autonomías" y muestra que gestionar este servicio desde el punto de vista de la ideología ultraliberal "no les es rentable".
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