MADRID.- Dos lujosos hoteles del centro de Madrid han reclamado 2,57 millones de euros al Congreso como indemnización por los perjuicios causados durante los meses que duraron las obras para ampliar el aparcamiento de diputados y funcionarios de la sede del Parlamento. El asunto habrá de resolverse en el Tribunal Supremo, donde se ha presentado un procedimiento contencioso administrativo.
Según los escritos recibidos por el Congreso, el Hotel Villareal, situado en la Plaza de las Cortes, ha pedido una indemnización patrimonial de 1,41 millones, mientras que el Hotel Urban, en la Carrera de San Jerónimo, reclama 1,15 millones.
Los hoteles, ambos de cinco estrellas y gestionados por la misma empresa, aseguran haber sufrido "importantísimos perjuicios económicos" en 2010 cuyo "origen directo" es la ejecución de las obras de la ampliación del 'parking' subterráneo que el Congreso acordó con el Ayuntamiento de Madrid.
En los escritos se recuerda que, a medida que avanzaban las obras, los espacios peatonales y viales fueron "paulatinamente invadidos, degradando considerable y visiblemente la calidad ambiental, imposibilitando el tráfico rodado y el transito peatonal".
"El conjunto de dificultades para acceder a la zona a pie, en coche o en transporte público han hecho que los ciudadanos la hayan evitado y optasen por otras alternativas, con el consiguiente perjuicio comercial a los establecimientos hoteleros locales", sostienen.
Las reclamaciones se plantearon inicialmente ante el Ministerio de Justicia, pretendiendo que fuera el Gobierno quien asumiera las indemnizaciones. En marzo de 2011, los hoteles pidieron 1,23 millones (Villareal) y 978.241,28 euros (Urban), y el pasado 30 de diciembre registraron nuevos escritos exigiendo 175.117,16 y 181.014,79 euros respectivamente.
El Ministerio derivó todos los escritos al Congreso de los Diputados, que inadmitió la reclamación de los hoteles. La Cámara no cree que deba compensarse a los establecimientos por la realización de obras públicas y en todo caso tampoco entiende que deba ser el Congreso quien tenga que asumir las consecuencias de la ordenación del tráfico en la superficie. En esa tesitura, la reclamación habrá de resolverse en el Tribunal Supremo.
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