Los seis rectores de las Universidades Públicas de Madrid han acordado respetar la normativa vigente, tanto estatal como autonómica, en relación a las nuevas condiciones de los empleados públicos, pero han asegurado que dialogarán sobre algunas medidas como la incapacidad temporal.
En un comunicado enviado por la Conferencia de Rectores de las Universidades Públicas en Madrid (CRUMA), los máximos dirigentes explican que se han estado reuniendo en diversas ocasiones desde el pasado 9 de enero, para estudiar la normativa y los informes solicitados por las universidades, en relación a las obligaciones que se derivan para las universidades por la promulgación de algunas leyes.
En concreto, las que modifican las condiciones de trabajo para el personal en el sector público (Real Decreto-Ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público; Ley 5/2011, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para el año 2012 y la Ley 6/2011, de 28 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas de la Comunidad de Madrid).
Los rectores han manifestado su "respeto, como no puede ser de otro modo, a la normativa vigente que es de aplicación a las universidades", y, por tanto, su disposición "a cumplir con lo establecido en las nuevas medidas legales".
No obstante, al mismo tiempo, han expresado su "absoluta e incondicional" defensa de la Autonomía Universitaria, que, "más allá de una declaración de principios, debe ser respetada por todas las instancias de la administración".
"Esta defensa de la Autonomía nos lleva a reclamar el respeto al funcionamiento de la Institución Universitaria y de sus órganos de gobierno y representación", han añadido, para mostrar su "desacuerdo con cualquier actuación que vaya en menoscabo del gobierno, la gestión y la calidad docente de las Universidades Públicas de Madrid, en la atención a los estudiantes y en su vocación de servicio público".
Asimismo, han puesto de manifiesto que los rectores "ni han participado ni han sido escuchados en la preparación y aprobación de las normas precitadas y que, por tanto, aun cuando como leyes de rango estatal o autonómico puedan ser de obligado cumplimiento", expresan su "vocación de diálogo con los órganos de representación de los trabajadores a la hora de su aplicación".
En este punto, destacan su "defensa del empleo, dado que algunas de estas medidas pueden tener graves consecuencias sobre el personal universitario". En concreto, les "preocupa muy especialmente la nueva normativa sobre incapacidad temporal de los trabajadores", y harán "lo posible por paliar sus efectos en las universidades".
"En este espíritu", han explicado que han mantenido este lunes en la Universidad Carlos III de Madrid una reunión de la CRUMA con los sindicatos CCOO, UGT y CSIF, donde han acordado convocar en los próximos días las mesas de PAS y PDI para, "de una forma dialogada, lograr el máximo consenso posible en la forma de aplicación de estas nuevas regulaciones".
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