MADRID.- El Ministerio del Interior ha anunciado la retirada en España de 400
escoltas que vigilan domicilios de presonas protegidas y ha adelanto que
próximamente se suprimirán otros 100 de estas tareas y otros 500 que
realizan labores de acompañamiento de personas. En total, un millar que
se suman a los 425 escoltas de seguridad privada contratados por
Interior y que ya fueron retirados en el País Vasco y Navarra. El
dispositivo de escoltas, antes de su reordenación, suponía un total de
160 millones al año, según el departamento que dirige Jorge Fernández
Díaz.
Según una nota de prensa hecha pública hoy por Interior, de esta
forma se da inicio a la primera fase a nivel nacional del programa de
reducción de escoltas que afectará, en un primer momento, a los agentes
que realizan labores de protección estática (vigilancia de domicilios de
personas protegidas).
Esta reducción afecta al 52 por ciento de la plantilla de un total
774, lo que supone una disminución de algo más 400 agentes, que
posteriormente se ampliará a otros 100 más.
El grueso de esta medida afecta principalmente a los escoltas que
prestan este servicio en la Comunidad de Madrid. Todos ellos pasarán, a
partir de ahora, a realizar labores de seguridad ciudadana, según
informa el Ministerio.
Además, Interior adelanta que próximamente se ampliará este
programa a los escoltas que realizan vigilancias dinámicas (labores de
acompañamiento de personas protegidas). Esta reducción afectará a más de
500 agentes.
Tras esta primera fase de reducción, los servicios de vigilancia en
España han pasado de emplear a casi 3.000 escoltas (2.200 de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y 750 de seguridad privada, a
cargo de los presupuestos de la Administración General del Estado) a
algo más de 2.000, casi un tercio de reducción.
A la disminución de los algo más de 400 policías y guardias
civiles, que ahora pasarán a realizar tareas de seguridad ciudadana, hay
que sumar los 425 escoltas privados contratados por el Ministerio del
Interior que ya se redujeron en el País Vasco y Navarra.
En total, este dispositivo daba protección antes de su
reordenación a más de 1.550 personas y su coste superaba los 160
millones de euros al año.
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