ARANJUEZ.- El fiscal general del Estado, Eduardo
Torres-Dulce, ha considerado un "error" haber traspasado las
competencias en Justicia a las comunidades autónomas, por lo que se ha
mostrado partidario de, "si es posible", devolverlas al Estado.
"Si somos un Estado federal, somos un Estado federal, pero tener
los inconvenientes de un Estado federal y ninguna de las ventajas como
sucede actualmente en el desarrollo del Estado de las Autonomías, es
realmente insuficiente", ha afirmado Torres-Dulce en el seminario
'Justicia y Economía' organizado por la Universidad Rey Juan Carlos en
Aranjuez (Madrid).
A su juicio, fue un "error" haber traspasado competencias de orden
material y personal a las autonomías. "Lo diría con la boca chica, pero
algunas comunidades serían partidarias", ha planteado sobre la
devolución de algunas funciones al Estado. "Un Estado en el que no hay
un núcleo importante en Justicia, Sanidad y Educación, difícilmente
podrá funcionar", ha advertido.
El fiscal general ha defendido durante su intervención que
"cualquier cambio normativo implica costes económicos", al tiempo que ha
abordado la situación y las necesidades del Ministerio fiscal.
En este contexto, ha denunciado la reducción de 400.000 euros que
ha sufrido este órgano en materia de formación. "Una cosa son los
recortes y otra el hachazo presupuestario", ha añadido. Según ha dicho,
la rebaja presupuestaria afecta a formación inicial y continuada,
idiomas o becas para el acceso a la Carrera Fiscal.
En todo caso, Torres-Dulce ha hecho hincapié en la necesidad de
disponer de un "presupuesto singularizado" que permita a la Fiscalía
saber de cuanto dinero dispone para cada partida. De lo contrario, ha
añadido, difícilmente se podrá hablar de independencia y autonomía en el
Ministerio Público.
En cuanto a los recursos materiales y personales, ha señalado que
algunas fiscalías están "al borde de la sublevación en términos de
trabajo", puesto que algunas carecen de personal auxiliar suficiente.
"Hay infraestructuras bien dotadas y otras en una situación lamentable",
ha agregado.
Cuando pase "el tsunami de la crisis económica", Torres-Dulce ha
asegurado que se tendrá que revisar "antes o después" los baremos de
productividad porque el personal que accede a la carrera tiene
"conciertos bajísimos" relativos a incompatibilidades, responsabilidad o
dedicación.
"Si queremos jueces o fiscales excelentes, hay que pagarlos", ha
añadido. A su juicio, es también oportuno dotar de técnicos, estadistas,
informáticos y documentalistas a la Administración de Justicia.
A su entender, las tasas judiciales son necesarias para evitar que
todos los costes se paguen a costa de tributos o impuestos. Así, ha
criticado el discurso "demagógico" basado en "la Justicia para todos"
por ser propio de "una injusticia antidemocrática".
"Quien impulse la
Justicia y pueda pagarla, que la pague", ha dicho.
En relación con la futura Ley de Enjuiciamiento Criminal ha
advertido de que "entrará en guerra" si ese texto no va acompañada de
una memoria económica y si no se adscriben unidades de peritos y agentes
de la policía judicial "directas y exclusivas" al Ministerio Fiscal",
lo cual tendrá "costes de plantilla".
En otro orden de cosas, ha apostado por reducir a "dos o tres" el
catálogo de delitos que juzga el jurado popular, al tiempo que ha
reprobado el tiempo y la motivación que se atribuye a estas institución.
Por último, Torres Dulce ha pedido que a los delitos flagrantes
sean juzgados en un plazo de "24 ó 48 horas" para que no se dilaten en
el tiempo, mientras que las faltas sean expulsadas del sistema
jurisdiccional.
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