MADRID.- La Plataforma contra la Privatización del Canal de Isabel II, a través
de la Federación regional de Asociaciones de Vecinos y de Ecologistas en
Acción, ha presentado recursos contencioso-administrativos contra los
convenios que han firmado los ayuntamientos de Madrid, Majadahonda,
Alcorcón y Getafe para adherirse al nuevo modelo de gestión del agua de
la empresa Canal Gestión SA.
El portavoz de la Plataforma contra la Privatización del Canal de Isabel II, Francisco Caño, explicó en declaraciones a elboletin.com que se lleva a los tribunales estos convenios ya que limitan las funciones de los Consistorios “que pierden cualquier competencia con respecto al agua, incluso en averías”.
Desde esta plataforma se considera que los Ayuntamientos que han firmado los convenios, que han sido muchos en la Comunidad de Madrid aunque ellos sólo hayan escogido cuatro, “no pueden ceder de la forma en lo que han hecho sus derechos sobre la gestión del agua a Canal Gestión SA “ya que esos derechos son de los ciudadanos, un patrimonio acumulado por los madrileños desde hace más de 160 años”, según señala Caño.
Denuncian que este proceso, que se inició a partir de julio cuando se creó la nueva empresa pública, es un paso más para hacer más atractivo a los inversores el Canal de Isabel II que temen se privatizará finalmente “cuando haya ofertas” y “a un precio muy bajo”.
Por este motivo, desde la Plataforma siguen trabajando para no ponerle fácil al presidente Ignacio González vender “la joya de la corona” ya que advierte que el Gobierno regional lo tiene todo preparado para la privatización: “Sólo falta que haya inversores”.
Aseguran estar estudiando “otras muchas acciones” e informan que la plataforma está recogiendo firmas para una Iniciativa Legislativa Popular europea, para la que se deben recoger 500.000 firmas repartidas entre ocho países, de las que 50.000 corresponden a España, “una iniciativa en la que se pide que se cumpla la normativa comunitaria respecto al agua, pero como un derecho público”.
Carmen Villares, portavoz de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de IU en la Asamblea de Madrid, ya adelantó a este diario que, dada la opacidad que existe en torno a Canal Gestión SA, la sociedad anónima creada en junio de 2012 para asumir las gestiones del Ente Público Canal de Isabel II, su partido pedirá toda la documentación sobre cómo se ha creado esta empresa de la que la comunidad tiene el 82% y los ayuntamientos el 17,6%. Y reveló que “un año después el contrato programa entre el Canal y la sociedad anónima aún no está firmado”.
El portavoz de la Plataforma contra la Privatización del Canal de Isabel II, Francisco Caño, explicó en declaraciones a elboletin.com que se lleva a los tribunales estos convenios ya que limitan las funciones de los Consistorios “que pierden cualquier competencia con respecto al agua, incluso en averías”.
Desde esta plataforma se considera que los Ayuntamientos que han firmado los convenios, que han sido muchos en la Comunidad de Madrid aunque ellos sólo hayan escogido cuatro, “no pueden ceder de la forma en lo que han hecho sus derechos sobre la gestión del agua a Canal Gestión SA “ya que esos derechos son de los ciudadanos, un patrimonio acumulado por los madrileños desde hace más de 160 años”, según señala Caño.
Denuncian que este proceso, que se inició a partir de julio cuando se creó la nueva empresa pública, es un paso más para hacer más atractivo a los inversores el Canal de Isabel II que temen se privatizará finalmente “cuando haya ofertas” y “a un precio muy bajo”.
Por este motivo, desde la Plataforma siguen trabajando para no ponerle fácil al presidente Ignacio González vender “la joya de la corona” ya que advierte que el Gobierno regional lo tiene todo preparado para la privatización: “Sólo falta que haya inversores”.
Aseguran estar estudiando “otras muchas acciones” e informan que la plataforma está recogiendo firmas para una Iniciativa Legislativa Popular europea, para la que se deben recoger 500.000 firmas repartidas entre ocho países, de las que 50.000 corresponden a España, “una iniciativa en la que se pide que se cumpla la normativa comunitaria respecto al agua, pero como un derecho público”.
Carmen Villares, portavoz de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de IU en la Asamblea de Madrid, ya adelantó a este diario que, dada la opacidad que existe en torno a Canal Gestión SA, la sociedad anónima creada en junio de 2012 para asumir las gestiones del Ente Público Canal de Isabel II, su partido pedirá toda la documentación sobre cómo se ha creado esta empresa de la que la comunidad tiene el 82% y los ayuntamientos el 17,6%. Y reveló que “un año después el contrato programa entre el Canal y la sociedad anónima aún no está firmado”.
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