jueves, 19 de abril de 2018

La subasta del antiguo Hospital del Aire de Defensa queda desierta

MADRID.- 22,6 millones de euros. Ése era el precio que esperaba ingresar, como mínimo, el Ministerio de Defensa por la venta de los terrenos que ocupó hasta 2004 el Hospital del Aire en la madrileña calle de Arturo Soria. La subasta, sin embargo, ha quedado desierta, según las fuentes consultadas, debido al temor que despierta entre los inversores cualquier proyecto que requiera de algún tipo de permiso o tramitación urbanística por parte del Ayuntamiento de Madrid, según El Confidencial.

El solar donde se levantaban las antiguas instalaciones hospitalarias militares, con casi 30.000 metros cuadrados de superficie, ​está en desuso, ya que aunque en 2003 el propio Consejo de Ministros aprobó un presupuesto de 85 millones de euros para levantar el Hospital Central de Defensa, lo cierto es que dichos planes nunca llegaron a concretarse. Dicha decisión provocó que un año más tarde el hospital, que fue construido en los años setenta y fue concebido para prestar servicio al personal de las Fuerzas Armadas, fuera demolido.
Desde entonces, dos edificios anexos de las antiguas instalaciones aún se mantienen en pie, aunque se encuentran completamente abandonados y tapiados para impedir que nadie entre en ellos. El resto de la parcela —28.341 metros cuadrados— está llena de escombros y la vegetación ha ido extendiéndose a su antojo. Además, tal y como llevan años quejándose los vecinos, ratas, gatos, perros, conejos y todo tipo de aves han encontrado cobijo en esta extensa parcela.
En la web participativa del ayuntamiento, Decide Madrid, uno de estos vecinos busca apoyos para que sobre dicha parcela se levante un edificio de uso cívico —centro deportivo, médico, de actividades culturales o centro de día para mayores—, al tiempo que denuncia que "el vallado está desplomado, nadie realiza el mínimo mantenimiento y entiendo que es un punto de riesgo sanitario para el entorno, aparte de la imagen lamentable que da".
El Ministerio de Defensa ya intentó desprenderse el solar en 2011 en un contexto de crisis económica e inmobiliaria. A pesar de ello, en aquel momento se barajaban 35 millones de euros, 10 millones más de los que espera obtener en la actualidad, cuando la situación del mercado es completamente diferente y el apetito por el suelo es voraz.
De hecho, los terrenos se encuentran situados en Madrid capital, a 10 kilómetros del aeropuerto. Su dotación es de equipamientos de la salud y su desarrollo requiere conservar el jardín catalogado con nivel de protección 3, tal y como figura en el pliego de la subasta. No obstante, sería posible el cambio de uso a dotacional privado o residencial mediante un cambio del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Madrid, tal y como aparece en Addmeet, el portal de subastas inmobiliarias que ha elegido Defensa para dar visibilidad a esta transacción.

Subasta de activos por 37 millones

Este solar se suma a otros 10 activos repartidos por toda España que el Ministerio de Defensa ha decidido sacar a subasta por 37 millones de euros. Cifra que, de concretarse, se sumarían a los 42,5 millones que logró la cartera que dirige María Dolores de Cospedal a finales del año pasado cuando adjudicó a Realia Business y Pryconsa dos solares finalistas por 42,6 millones en Alcalá de Henares y en Vicálvaro.
Con todas estas operaciones, Defensa prentede aprovechar el enorme apetito que hay por comprar suelo en Madrid dentro del sector promotor y la enorme escasez de buenos terrenos finalistas en este mercado. No obstante, operación Campamento, la gran operación inmobiliaria de Defensa, aún sigue en el aire. Por sus 1,5 millones de metros cuadrados podrían llegar a pagarse hasta 200 millones de euros.
No es la primera vez que Defensa se queda sin postores en la subasta de alguno de sus activos. Hace justo dos años, la situación de inseguridad urbanística que los inversores inmobiliarios achacan al Ayuntamiento de Madrid, también provocaron que quedara desierta la subasta de un solar de 58.493 metros cuadrados situados junto a la famosa operación Campamento, y por los que esperaba obtener 9,5 millones de euros.

Fomento retoma la venta de suelo

La enajenación de activos públicos quedó totalmente congelada en 2008, con el estallido de la burbuja inmobiliaria. Solo algunas administraciones como la Comunidad de Madrid, la Junta de Andalucía o el Ministerio de Defensa se arriesgaron a sacar a la venta su ladrillo cuando los síntomas de recuperación aún no habían hecho acto de presencia en el mercado inmobiliario.
En mayo de 2013, el Ministerio de Defensa anunció su intención de vender inmuebles y solares con los que esperaba obtener 500 millones de euros. La mayoría de ellos se encontraban ubicados en la Comunidad de Madrid. En todo este tiempo, se ha cerrado la venta de activos importantes. 
La operación más sonada, sin duda, fue la subasta de los terrenos situados en la calle Raimundo Fernández-Villaverde, adquiridos por la gestora de cooperativas Domo, por 111 millones de euros. Unos terrenos llenos de polémica que no consiguieron el OK definitivo para la construcción de las viviendas hasta casi dos años después de su adjudicación.
Un proyecto solamente superado en cuanto a ruido mediático por la archiconocida operación Campamento. Un desarrollo que acumula un retraso de más de una década y cuya venta, hace tres años, parecía inminente pero a día de hoy sigue viéndose muy lejana.

Tres lustros abandonado

Este año se cumplen tres lustros desde que el antiguo Hospital del Aire dejó de funcionar. En septiembre de 2003, el Consejo de Ministros llegó a autorizar la construcción del nuevo Hospital Central de la Defensa en Madrid, con una superficie de casi 97.000 metros cuadrados, 340 camas en habitaciones individuales y un aparcamiento subterráneo de 600 plantas.
Entonces ordenó la modificación del planeamiento urbanístico municipal para su adaptación a las obras y fijó un presupuesto de 85 millones de euros para su construcción, sin contar los equipos médicos ni el mobiliario.
La idea del Estado en aquel momento era que las nuevas instalaciones sustituyeran al Hospital Gómez Ulla (Carabanchel) y que el nuevo hospital —previo convenio con la Comunidad de Madrid— pasase al sistema público sanitario, como reclamaban los vecinos. La decisión provocó que el Hospital del Aire fuese demolido. La inauguración estaba prevista para finales de 2008 o principios de 2009, pero nunca llegó. De hecho, nunca llegaron a iniciarse los trabajos para su construcción.

Las bajas concedidas en el ERE de Bankia ascienden a 1.495

MADRID.- De acuerdo con los datos facilitados este jueves por el sindicato UGT, el número de bajas pedidas se ha reducido de 2.437 presentadas hasta el 2 de marzo a las 2.265 actuales.

Según las cifras facilitadas, sigue habiendo territorios en los que los acogimientos voluntarios a esa medida no han cubierto el número de despidos previstos.
De este modo, las provincias donde tenía mayor implantación BMN siguen sin estar cubiertas.
En Andalucía, pese haber aumentado el número de peticiones de 252 a 264 solo se ha cubierto el 73% de un total de 361 que había ofrecido el banco.
En Baleares, las peticiones se elevaron a 241 desde las 212 anteriores, el 96,4% de los 250 empleos a amortizar, y en Murcia ascendieron a 261 desde los 250 anteriores, el 93,88% de los 278 despidos previstos.
Sin embargo, en las comunidades donde Bankia tenía una mayor presencia, el número de voluntarios rebasa el de puestos excedentarios calculados para estos lugares.
Es el caso de Madrid y Valencia, donde la demanda de bajas duplica el número de puestos de trabajo a eliminar, ya que en Madrid ha subido desde 715 peticiones hasta 729 actuales (el banco había ofrecido 330 salidas) y en Valencia las peticiones ascienden a 413, cuatro más que en marzo, cuando las bajas previstas ascendían a 192.

La caza mueve en España 6.500 millones y genera casi 200.000 empleos

MADRID.- La caza en España es un sector económico de primer orden. Genera anualmente una actividad valorada en 6.475 millones de euros, lo que supone un 0,3% del PIB español y equivale a toda la riqueza creada por un sector tan potente como el del vino. Esta afición da empleo, entre trabajos directos e indirectos, a 186.758 personas, lo que equivale al 81% de la plantilla de la industria de la automoción.

Estas son algunas de las principales conclusiones del primer estudio realizado sobre 'El impacto económico y social de la caza en España', elaborado por la consultora Deloitte por encargo de la Fundación Artemisa, el grupo de presión que engloba a las principales organizaciones de cazadores e industriales del sector. 
Como admitió el presidente de Artemisa, José Luis López-Schümmer, con el documento quieren cortar de raíz los ataques e insultos que recibe el colectivo, sobre todo desde las redes sociales, y reclamar, por contra, «el reconocimiento que se nos debe» por la importante contribución de este sector al desarrollo económico y social del país, al mantenimiento del medio rural, y a la conservación del medio ambiente.
El estudio se presentó en el Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente y varios de los principales responsables de este departamento asistieron al acto para dar su «respaldo total» a la actividad cinegética y a sus protagonistas, por su preservación del medio ambiente y por ser clave, destacaron, para frenar el despoblamiento rural.
En España hay 713.139 personas con licencia de caza que practican la actividad en unos 32.800 cotos asentados en 43,8 millones de hectáreas declaradas como de aprovechamiento cinegético, lo que representa nada menos que el 87% del territorio español. Más de la mitad de estos terrenos, en los que cada año se abaten 20 millones de piezas menores y 600.000 de caza mayor, están en las dos Castillas y Andalucía. 
La caza, de hecho, es el tercer deporte español con mayor número de federados, detrás del fútbol y muy cerca del baloncesto, y en Europa solo Francia supera su número de licencias.
El cazador tipo, según el estudio, es un hombre de 46 años o más, con empleo y estudios universitarios, que gasta anualmente unos 9.694 euros en su afición, que practica tanto caza menor como mayor en cotos, y que tiene como principales destinos Castilla-La Mancha (86%), Castilla y León (35%), Andalucía (34%), y Extremadura (33%). 
España es, además, como demostró la reciente visita de Donald Trump Jr., uno de los principales destinos de turismo cinegético del mundo, por la diversidad de especies y modalidades de caza.
El gasto anual directo de los diferentes agentes cinegéticos es de 5.470 millones de euros, en un 67% realizado por los propios cazadores, y su contribución el PIB equivale al 4% de la generada por la construcción o al 9% de la del sector financiero. La Administración también se beneficia de la actividad, pues recibe 614 millones anuales a través de tasas e impuestos.
De los puestos de trabajo que genera, 45.497 son empleos directos de los cotos y organizadores de cacerías y 141.261 indirectos. Un dato que destaca el estudio es que siete de cada diez puestos dan empleo a personas del mundo rural con nivel de estudios primario, que tendrían muy difícil su integración laboral sin esta actividad.
Los propietarios y administradores de terrenos cinegéticos destinan anualmente unos 285 millones de euros a acciones de gestión y conservación de la caza y la fauna silvestre. En concreto, dedican 233 millones a repoblaciones e inversiones de conservación medioambiental y 54 millones al mantenimiento de accesos, pantanos, y a podas, cortafuegos y otras mejoras del monte.
La actividad de la caza y sus inversiones, recuerda el documento, deduce también de forma importante los accidentes de circulación y los siniestros agrícolas en el mundo rural. Evita la sobrepoblación de jabalíes y corzos, que son los responsables del 54% de los siniestros de tráfico causado por fauna silvestre, y también reduce los daños agrícolas, el 12% de los cuales son atribuibles a especies cinegéticas.
López-Schümmer, en su resumen del estudio, indicó que sin cazadores habría más accidentes de tráfico, crecerían los daños a las cosechas, se devaluaría la conservación de los espacios naturales, aumentarían los incendios forestales, se extenderían las enfermedades en el ganado, descendería el valor del patrimonio rural, y aumentaría la despoblación de estos pueblos, muchos de los cuales ya están cerca de su extinción.

Errejón remite a la dirección nacional las decisiones sobre Bescansa

MADRID.- El diputado de Podemos Íñigo Errejón ha vuelto a calificar de "inaceptable" e "inapropiado" el documento difundido ayer por Carolina Bescansa que planteaba una operación para desbancar a Pablo Iglesias, y se ha remitido a la dirección nacional, que ha dicho es a quien corresponde tomar una decisión.

Así lo ha dicho en rueda de prensa en la sede de Podemos, en la que Errejón y el secretario general de la formación en Madrid, Ramón Espinar, han anunciado que han alcanzado un acuerdo para presentar una candidatura de unidad a la Comunidad de Madrid.
Mas allá de ese acuerdo, Errejón no ha querido entrar a valorar si se debe adoptar o se va a adoptar alguna medida en relación a ese documento que, ha recordado, ya dijo ayer que no compartía y no conocía.
Sin embargo, sí ha dejado claro que Pablo Iglesias ha entendido perfectamente todas sus explicaciones y que no le ha costado ningún esfuerzo mantener la confianza del secretario general porque en ningún momento ha estado en cuestión.
Ha subrayado además que la propia Bescansa ha renunciado a ir en esa candidatura después de lo ocurrido, pero ha insistido en que "ese tipo de planteamientos" son "incompatibles con la posibilidad de una candidatura de unidad".
Las decisión que se tome sobre Bescansa le corresponde adoptarla a la dirección nacional, según ha resaltado Errejón, quien se ha comprometido a trabajar hasta el final con Espinar para salir más fuertes a la carrera electoral a las autonómicas de 2019.
Asimismo, tanto Errejón como Espinar han dicho que mantienen la mano tendida a otros compañeros, como los Anticapitalistas y la portavoz en la Asamblea de Madrid, Lorena Ruiz-Huerta, y que se esforzarán por convencerles de que formen parte de ese proyecto, extremo que ella ha rechazado de momento.

Iglesias anuncia una candidatura unitaria en la Comunidad de Madrid con Errejón y Espinar

MADRID.- El líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha anunciado hoy que ha logrado que el diputado Íñigo Errejón y el secretario general de la formación en Madrid, Ramón Espinar, lleguen a un acuerdo para la candidatura que presentarán para la Comunidad de Madrid.

Iglesias ha asegurado este jueves que mantiene su confianza en el dirigente Íñigo Errejón y que le apoya para encabezar la candidatura de la Comunidad de Madrid, y ha anunciado un acuerdo para que en dicha lista se integre el sector 'pablista' que dirige el partido en la región.
Así lo ha explicado en una rueda de prensa en la sede del partido morado, en la que ha ofrecido su primera reacción a la crisis interna surgida tras la filtración, "por error", por parte de la diputada Carolina Bescansa de un plan para unir fuerzas con el secretario de Análisis Político, Íñigo Errejón, y desbancar del liderazgo de Podemos a Iglesias, que ambos han desmentido.
Iglesias ha comparecido precisamente acompañado de Errejón y el líder madrileño de Podemos, Ramón Espinar, a los que ha agradecido su labor.
Desde ayer la dirección de Podemos ha mantenido un absoluto silencio ante lo que ha calificado como un asunto de "máxima gravedad".
Durante toda la mañana, varios dirigentes de la formación, entre ellos el secretario general de Madrid, Ramón Espinar, y el cofundador del partido, Juan Carlos Monedero, han sido vistos en el Congreso, donde previsiblemente Iglesias ha estado manteniendo conversaciones para tomar alguna decisión sobre lo ocurrido.

Cristina Cifuentes denuncia ante la Fiscalía el Campus de la Justicia de Aguirre

MADRID.- El Gobierno regional de Cristina Cifuentes ha denunciado ante la Fiscalía las "irregularidades" detectadas en el Campus de la Justicia, un proyecto encargado en 2007 por el Ejecutivo de Esperanza Aguirre que pretendía agrupar las sedes judiciales en el madrileño barrio de Valdebebas.

La propia Cifuentes ha confirmado la denuncia a través de su cuenta de Twitter, donde ha dejado además un mensaje en el que afirma: "Tenemos tolerancia 0 con la corrupción, venga de donde venga. Hoy, una prueba más".
La denuncia llega después de un informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas que advertía de que la estructura organizativa mercantil del Campus de la Justicia no seguía "ningún criterio de racionalidad económico-organizativo".
El pasado 3 de abril el gobierno regional elevó a la Abogacía General de la Comunidad de Madrid ese informe, y, una vez examinado, ha determinado que pudiera haber "ilícitos penales", según ha explicado en declaraciones a los medios en el Pleno de la Asamblea el consejero de Justicia, Presidencia y portavoz del Gobierno regional, Ángel Garrido.
Por ello, ha continuado, "corresponde" ahora a la Fiscalía determinar "si es así o no".
Garrido ha rechazado que la entrega de este informe a la Fiscalía sea un intento de desviar la atención de la polémica del máster de Cifuentes, sino que el Gobierno actúa "cuando corresponde". 
"Podría haber sido ayer, hoy o dentro de cinco días", ha comentado.
Por ese motivo, no presentaron conjuntamente la denuncia junto a los grupos de la oposición porque, ha indicado el consejero, no se mueven "por intereses partidistas".
La oposición ya llevó a la Fiscalía el pasado mes de marzo este caso, analizado en la comisión de estudio de la deuda de la Asamblea de Madrid, y advirtió de que el proyecto supuso un "quebranto patrimonial" para los madrileños de más de 130 millones de euros.
"Elevamos las cosas cuando tenemos informes de la Abogacía, que es a quien hacemos caso, porque determina cada uno de los planteamientos que tiene que ver con la legalidad", ha dicho Garrido, que ha insistido en que el Gobierno regional actúa "en base a los informes de la Abogacía de la Comunidad", no por presunciones o por intuiciones.
En cuanto al perjuicio económico, Garrido ha recalcado que están a la espera de si la Fiscalía decide que hay "indicios de criminalidad" para que la Comunidad se persone, en su caso, como acusación particular, como ya lo hizo en el caso Púnica o Gürtel.

Periodistas del misterio / Guillermo Herrera *

¿Por qué enferman o mueren tantos periodistas dedicados a investigar temas de misterio? Las respuestas a esta pregunta pueden ser muchas, y no descarto ninguna incluidas las teorías conspirativas, pero la explicación más sencilla es la misma que tiene el tabaco: puede ser peligrosa para la salud la investigación de temas densos, oscuros y siniestros, o incluso conducir al trastorno mental. Digamos que cuando buscas demonios, te los llevas a casa de regalo. Yo mismo acabo de eliminar mi blog de “Periodismo de Misterio” por razones higiénicas.
 
Nunca olvidaré el infarto súbito que mató al doctor Jiménez del Oso, pionero en la investigación de estos temas en España. ¿Le hicieron vudú para silenciarlo? Tampoco olvidaré el extraño pinchazo que recibió en la calle el periodista catalán Andreas Faber Kaiser, director de la revista “Mundo Desconocido”, que le contagió el sida y lo llevó a la muerte. El periodismo es una profesión de riesgo, y cuando revelas conspiraciones, más todavía.


En cambio el mayor superviviente de esta raza de periodistas es Iker Jiménez. Su fórmula es muy sencilla: no meterse en camisa de once varas, es decir, no tocar temas que puedan molestar al poder para no perder su trabajo, y mantenerse dentro de la ortodoxia científica, con temas que a veces tienen poco de misterio, o con fantasmas caseros que son demasiado repetitivos.


Otro superviviente veterano es mi amigo Enrique de Vicente, director de la revista Año Cero, con la que yo mismo colaboré hace años. Además de sabio es mucho más astuto que yo, y tiene una habilidad mundana innata para llevarse bien con todo el mundo, porque es un maestro de las relaciones públicas.


Yo mismo fundé y dirigí en 1.988 el primer periódico mensual nacional de misterio llamado “Universo Secreto” aprovechando la misma infraestructura del semanario de sucesos “El Caso” que se hacía desde Almería, pero sólo duró un año porque a mi exjefe Joaquín Abad no le pareció un negocio rentable y en eso se equivocó como en muchas otras cosas.


Actualmente los mejores investigadores y divulgadores del misterio están en la plataforma de vídeos de Youtube y son muy buenos todos ellos. Sólo mencionaré unos pocos nombres pero hay muchos más que me enseñan cosas nuevas todos los días y aprendo mucho de ellos: David Parcerisa, José Luis Camacho, Luis Carlos Campos, León Valverde, Carles Torá y Alberto Canosa, que parece ser un futuro líder profético.


Investigar el misterio y la conspiración es el trabajo más apasionante que conozco, pero a mis años he llegado a la conclusión de que no se puede vivir todos los días con fantasmas o te vuelves loco, y de que hay que hablar de todo como la vida misma, sin excluir lo oculto.




(*) Periodista

miércoles, 18 de abril de 2018

El instituto de Álvarez Conde en la URJC pagó casi 9.000 euros a su hija por una supuesta colaboración

MADRID.- Enrique Álvarez Conde, el director del Instituto de Derecho Público de la Universidad Rey Juan Carlos, pagaba a su hija con fondos del propio instituto por una supuesta colaboración. laSexta puede confirmar que Álvarez Conde hizo al menos cinco pagos por valor de casi 9.000 euros a su hija, ingeniera de materiales y que vive fuera de Madrid. Ni padre ni hija han querido responder a laSexta.

El director del máster de Cristina Cifuentes y también director del Instituto de Derecho Público de la Universidad Rey Juan Carlos, Enrique Álvarez Conde, pagó a su hija con fondos del propio instituto por una supuesta colaboración.
Según ha podido saber en exclusiva laSexta, dio al menos cinco pagos de casi 9.000 euros a su hija en diez meses. 
El 11 de enero de 2017, transfirió a su hija 2.125 euros en una cuenta abierta en una oficina de la Universidad Rey Juan Carlos. Tres meses después, el mismo importe. En junio, fueron 425 euros; en menos de un mes después subieron hasta los 2.000 euros.
El último pago, en octubre: 2.125 euros y en total, 8.800 euros abonados en concepto de colaboración con el Instituto de Derecho Público.
Sin embargo, la hija de Álvarez Conde no es abogada, se dedica a otra especialidad radicalmente distinta a las leyes: ingeniera de materiales y no trabaja en Madrid.
8.800 euros abonados a su hija desde un instituto que no presenta nunca sus cuentas y que se financia en parte con subvenciones de organismos públicos como 154.000 euros que recibió de la Comunidad madrileña en 2006. 
Así consta en su memoria, donde se han encontrado gastos sin justificar.

Profesores universitarios reaccionan y llaman a actuar contra una “corrupción académica” generalizada en España

MADRID.- "Estamos hartos del secreto a voces sobre la desigualdad en el trato y el favoritismo, de la corrupción que no deja huella documental, de la falta de transparencia y la imposibilidad de obtener justicia al denunciar abusos y de la represalia como amenaza y respuesta". 

Con estas palabras, una treintena de catedráticos y profesores universitarios españoles  denuncian la situación que vive la universidad de la que, según explican, el escándalo del máster de Cristina Cifuentes es solo un ejemplo que les ha servido para unirse contra las corruptelas que se siguen produciendo en las instituciones educativas españolas.
A través de un manifiesto, estos miembros de la comunidad académica aseguran estar asistiendo a un "escándalo sin precedentes" ante el caso de la presidenta madrileña  desvelado por eldiario.es. 
Y consideran que "el futuro de la universidad pública y la ciencia en España estará condicionado por cómo se resuelva esta crisis, que va más allá del caso concreto y el nivel estrictamente gubernativo". 
Los firmantes del texto, entre los que hay docentes de las principales universidades públicas españolas, consideran que "el comportamiento de Cristina Cifuentes es reprobable por motivos sobrados, pero especialmente porque instituye la impunidad". 
Porque "el mensaje que está enviando es que una conducta inmoral, fraudulenta y hasta delictiva tiene réditos y puede eludir las sanciones públicas e incluso las judiciales. Es, en definitiva, una llamada a la generalización de la corrupción por todo el cuerpo social, y en un asunto vital como la formación para la sociedad del conocimiento", sostienen.

Realizando un repaso a la situación que vive la universidad española, los firmantes advierten de que al igual que otros sectores, "la I+D española ha tratado de soportar la crisis como ha podido". 
Pero aseguran que, en este caso, "detrás de lo que parecía simplemente ajustarse de forma colectiva a los recortes, se ha producido un muy desigual reparto de los costes y esfuerzos, según criterios tan poco científicos como la jerarquía y la antigüedad, y exacerbando la endogamia heredada". 
Denuncian, así, que mientras las autoridades universitarias y científicas "han centrado sus quejas en la falta de financiación, en buena medida se han acomodado a relatos autocomplacientes sobre la excelencia".
Las plantillas universitarias y científicas españolas, añaden, siguen teniendo "los salarios más bajos y las peores condiciones laborales de Europa, con una explotación sistemática de los investigadores precarios y profesores bochornosamente mal remunerados con la aquiescencia de los rectorados y departamentos". 
Asimismo, denuncian el papel de los sindicatos, que "tampoco han denunciado convenientemente la amortización de las plazas de profesorado jubilado".
Celebran que, al estallar el 'caso Cifuentes', han sido los estudiantes, "minorizados en la representación, marginados en la gestión universitaria y primeros perjudicados por toda esta pantomima, quienes con su iniciativa han impedido que la Universidad en cuestión dé carpetazo rápido al asunto". 
Pero, a su juicio, el problema es el resto de los miembros de la universidad, de la Rey Juan Carlos de Madrid y de todas las demás del Estado "¿Qué tiene que suceder para que los profesores universitarios y científicos españoles, que dedican su actividad social a señalar los problemas y retos de la sociedad y estudiar las soluciones mejores, admitan que su propio entorno laboral merece al menos la misma atención crítica que los asuntos a los que dedican su actividad profesional?", se preguntan.
A su juicio, dejar el análisis de la situación de la universidad en "unas cuantas manzanas podridas excepcionales es de un eufemismo miope". Así, consideran que "las prácticas de corrupción y tráfico de influencias que sustentan este caso son bien conocidas por cualquier académico" porque "no son una excepción sino prácticas corrientes". Lo que sucede, apuntan "es que nadie habla de ellas en público y muchos prefieren no admitir su proliferación".
Por todo ello reivindican "romper el cerco de manipulación interesada, de silencio cómplice y de aquiescencia pasiva que mantiene a la comunidad académica bajo un poder oligárquico". 
No tienen duda en culpar de la situación actual al PP, bajo cuyo mandato en el Gobierno "se han traspasado algunas de las propias líneas rojas de este modus operandi, y en estos años de su gobierno la corrupción académica ha sido elevada a un sistema institucional de actividades ilegales al servicio del diseño de carreras académicas fraudulentas para futuros cargos de la administración y figuras políticas y de la empresa privada". Advierten, sin embargo, de que el formato "es muy anterior".
"Es ese aprovechamiento oligárquico y patrimonial de lo público por agentes individuales y colectivos lo que primero degrada los bienes comunes, sirviendo en bandeja los argumentos a favor de la privatización. Es también el caldo de cultivo de una cultura que acosa a quienes intentan resistirse a su poder de imposición o seducción, y que se hace manifiesta a cada tanto, desde la selección y promoción del profesorado hasta el funcionamiento de las agencias de evaluación pasando por los rectorados con sobrerrepresentación de profesorado funcionario y llegando hasta las secretarías de educación de los gobiernos autónomos y ministerios estatales, las cuales han abandonado cualquier perspectiva acerca de los fines colectivos y sociales de la universidad y el CSIC que no comporte su subordinación a medidas arbitrarias de corto plazo o a subrepticios intereses privados", argumentan. La universidad, explican, se está convirtiendo "en el trampolín para todas las puertas giratorias futuras de los corruptos".
Como primera medida para hacer frente a ese sistema exigen la dimisión de Cifuentes "sin tener que esperar a ninguna investigación", dado que aunque "el esclarecimiento de responsabilidades penales seguirá su curso", como ciudadanos requieren "responsabilidades políticas máximas ya, y entre ellas también la dimisión del equipo rectoral de la URJC por las dudas que ha sembrado en la gestión de este escándalo".
Exigen, asimismo, "empezar por admitir que todos hemos convivido con esa cultura del favor, de la relación personal, la jerarquía impuesta de manera arbitraria, de la irregularidad para favorecer a este candidato o perjudicar a aquel, de la lucha banderiza de grupos organizados: una cultura de la endogamia y la corrupción que a menudo se sitúa por encima de adscripciones ideológicas y es reproducida de forma cotidiana por muchos en la universidad".
"Hartos" de la impunidad, convocan a todos los profesores e investigadores a expresar su "repulsa por la situación de la I+D, en contra de la corrupción y a favor de la democratización de la gestión del capital humano" en las universidades. Pretenden, así, que su manifiesto, inicie un "ciclo de reflexión crítica y movilización que incluya en primer término los problemas de funcionamiento interno del mundo académico en todo el Estado". "Necesitamos abrir una nueva etapa", concluyen.

Entre los firmantes están figuras vinculadas a Podemos como Jaime Pastor, profesor de Ciencias Políticas de la UNED, Ariel Jerez, profesor de Ciencia Política de la Universidad Complutense de Madrid o Germán Cano, profesor Titular de Filosofía Contemporánea en la Universidad de Alcalá de Henares. 
Además, lo suscriben Ángel Gordo, profesor de Sociología de la Universidad Complutense de Madrid; Pablo Sánchez, investigador de la Universidad del País Vasco; Marisa González de Oleaga, profesora de Historia Política de la UNED, o la socióloga Mariana Ruiz de Lobera.

Los 10 vinos españoles que más gustan, según el crítico de 'The New York Times'; uno de Madrid

BARCELONA.- Eric Asimov escribe sobre vino en The New York Times y, por ende, es una de las personas más influyentes del sector. Pero el crítico estadounidense sabía que se estaba dirigiendo a un público muy puesto en el tema y arrancó su charla de este martes en la feria Alimentaria con suma humildad: "Que nadie suponga que voy a explicar cómo son los vinos españoles. Ustedes lo sabrán mejor que yo", según recoge la Cadena SER.

El título de su ponencia no dejaba lugar a dudas: Los vinos españoles que más seducen en EE UU. "España es un productor histórico en el que siempre se ha bebido el vino que se hacía cerca. En EE UU no tenemos esa cultura y si querías aprender de vinos era casi como aprender una lengua extranjera", explicó.
El crítico de The New York Times cree que estamos en el mejor momento de la historia del vino porque nunca antes se había embotellado tanta diversidad. Dos de los errores más frecuentes entre los bodegueros, a su juicio, son el hecho haber querido imitar a los vinos franceses o haber intentado producir vinos fuertes y alcohólicos, pensando que eso era lo que gustaba en EE UU. ¡Craso error!
"A menudo me preguntan por las tendencias en el mundo del vino, pero yo no trabjo así. No me interesa lo que se vende. Me interesa lo que desteca por su estética, por su resonancia o por su significado cultural", dijo Asimov. "A los americanos les gusta dar con las diferentes expresiones del carácter regional de los vinos españoles".
Asimov habló de algunos de los viajes que había hecho por España —el último, por La Mancha— y, aunque aseguró que poría haber elegido muchos más, seleccionó y comentó 10 vinos españoles entres los que había tres gallegos, un tinto y un blanco de Rioja, un txacoli y, soprendentemente, ni uno de la Ribera del Duero. El orden de esta lista se corresponde, simplemente, con el orden cata:
  1. Txacoli Ameztoi - Ameztoi Getariako Txacolina 2017 (DO Getariako Txakolina): "En 2010 me dijeron que en España nadie bebía txacoli, pero en EE UU se ha desarrollado un gran amor por estos vinos tan frescos, tan atlántico y tan salinos. Aunque solemos infravalorar la importancia de vinos como este, los americanos hemos aprendido a comer con vino gracias a productos como el txacoli".
  2. Recaredo - Recaredo Reserva Particular 2005 (DO Cava): "Cuando iba a la universidad, el cava era un sinónimo de vino espumoso barato. Te lo bebías y luego usabas la botella para poner encima una vela. En los 70 muchos productores apostaron por trabajar con las variedades del Champagne, pero uvas como la macabeo o la xarel·lo tienen un gran potencial. En EE UU se vende más Prosecco porque a los americanos les gusta todo lo italiano, pero no conozco ningún Prosecco que se haga con tanto esmero como el cava".
  3. Gerardo Méndez - Do Ferreiro Cepas Vellas 2016 (DO Rias Baixas): "No sé si creérmelo, pero me dijeron que este vino se hacía con cepas de más de 200 años de antigüedad. Los vinos de albariño se hicieron muy famosos en EE UU y algunos bodegueros lo aprovecharon para bajar la calidad, pero Do Ferreiro es una excepción. No busca gustarle al californiano aficionado a la chardonnay sino y destaca por la mineralidad".
  4. Valdesil - Pezas Da Portela 2015 (DO Valdeorras): "Me contaron que la uva godella casi se extingue, pero que un pequeño grupo de productores trabajaron para recuperarla y ahora están experimentando con varios estilos para explotar el potencial de la uva".
  5. López de Heredia - Viña Tondonia Blanco Reserva 2004 (DOCA Rioja): "Un vino completamente singular. ¡Un vino fantástico! Jamás han producido un vino con barrica de roble francés nueva y, como se suele decir, recibes lo que das. El mundo les dio de lado, pero ahora les está recuperando".
  6. Bodega Losada Fernández - Viña Caneriro 2015 (DO Ribeira Sacra): "Se producen en una zona tan montañosa que rara vez llegaban a la ciudad. Recuerdo que el padre de este bodeguero no se podía cree que estos vinos se estuvieran tomando en Japón o Nueva York, pero no son muy caros y cada vez gustan más. ¡Completamente fascinante!".
  7. Matías y Torres - Negramoll 2015 (DO La Palma): "Se vendía a granel hasta 2010 y, de hecho, se hace con la misma uva que los vinos que no gustan de Madeira. Son distintos, entre otras cosas, porque salen de una tierra volcánica, pero están muy buenos y, si no podemos permitirnos un Borgoña, por ejemplo, ¡son muy recomendables!".
  8. Comando G - La Bruja de Rozas 2016 (DO Vinos de Madrid): "La DO Madrid es una DO política y el nombre no tiene mucho sentido. ¡La gente cree que se hace vino en la ciudad! Pero los de Comango G están descubriendo tesoros. Pensaba que con la garnacha solo se podían hacer vinos my afrutados y alcohólicos, pero no es el caso. Este destaca por la mineralidad, como los del Priorat, y ya es bastante popular en EE UU".
  9. Bodegas Muga - Pado Enea Gran Reserva 2010 (DOCA Rioja): "Los vinos de Rioja fueron, durante mucho tiempo, vinos influidos por Burdeos, con mucho tiempo de barrica, pero se han intentado alejar de esos matices. Este tiene una textura fantástica que no vemos en otros tintos y cada vez más gente reconoce su calidad".
  10. Equipo Navazos - La Bota de Manzanilla Pasada 70 (DO Jerez): "Jerez ha sido una de mis debilidades durante años, pero no llegué a entender todas sus dimensiones hasta que conocí el trabajo de Equipo Navazos. Empeñados en dar con lotes especiales, consiguen que los vinos adquieran mucha más complejidad".

'Vocento' apuesta por la generación de ingresos digitales protegiendo al tiempo el modelo tradicional

BILBAO.- La inmersión digital centrará la hoja de ruta de Vocento, editora de ABC, que ayer celebró en Bilbao su junta de accionistas. El presidente del grupo, Santiago Bergareche, informó de que la estrategia empresarial estará enfocada a mejorar los ingresos por publicidad y los transaccionales, así como a extender la apuesta por las suscripciones de pago online a través de modelos como el ON+, que parte con el objetivo de fidelizar a los lectores mediante contenidos de calidad. 

En palabras del consejero delegado de Vocento, Luis Enríquez, dicha estrategia ofrece una respuesta al incipiente cambio del paradigma publicitario, el cual se acentuó a lo largo del pasado año. En este sentido, subrayó que el mercado se adaptará a una nueva infraestructura que todavía es difícil de «describir con claridad». 
Solo en 2017, el 32% del total de los beneficios por publicidad y los nuevos negocios fueron digitales, lo que representa un incremento del 3,7% respecto al año anterior.
Otro de los ejes del programa del grupo es el de profundizar en las suscripciones digitales de pago, una apuesta que, según Enríquez, está «asumida» y que permitirá a la compañía crecer junto con los lectores que «valoran el contenido» de las marcas. 
Un aspecto que Vocento lidera en España a través de ON+, que comenzó a funcionar hace tres años y que ya cuenta con más de15.000 suscriptores en las cuatro cabeceras disponibles: El Correo, El Diario Vasco, El Diario Montañés y, desde este ejercicio, el Ideal de Granada.
«En la mayor parte de los países desarrollados las cabeceras tienen métodos de pago», puntualizó Enríquez, quien hizo mención a periódicos de primer nivel como «The Washington Post» y «The New York Times». En su opinión, este sistema permitirá a los medios desprenderse de la «amalgama» de buscadores y redes sociales, a los que además están «regalando» su trabajo.
Inmerso en este nuevo paradigma digital, Vocento también ha incluido en su plan a corto y medio plazo la protección del negocio tradicional. El papel, de hecho, representa el 86% de los ingresos totales de la compañía (365,2 millones de euros), mientras que su Ebitda alcanza los 264,1 millones.
En este contexto, la prensa regional recabó el año pasado 264,1 millones de euros, mientras que ABC obtuvo 94,3 millones. Esta última cabecera no solo se ha asentado como segunda por difusión en Madrid, sino que, tal y como subrayó el propio Bergareche, se encuentra «cada vez más cerca de la primera posición». En total, vendió 79.918 ejemplares de media diaria a nivel nacional, según la OJD.
A ello hay que añadir la apuesta de Vocento por la diversificación del modelo de negocio, otro de los ejes estratégicos de la firma, con el que se espera incrementar las fuentes de ingresos y reducir la dependencia de la publicidad convencional. Entre otros hitos, dicha operación propició la adquisición de Madrid Fusión en 2017, la cual permitió a la compañía reforzar su posicionamiento en el área gastronómica.

Las novedades autonómicas del IRPF y las que vendrán en 2018

MADRID.- La Campaña de la Renta 2017 ha dado el pistoletazo de salida, y los contribuyentes que todavía no hayan confirmado el borrador, tienen hasta el próximo 2 de julio para recabar todos sus datos fiscales que les permitanrendircuentas a Hacienda.

Una de las recomendaciones principales a tener en cuenta son las deducciones que aplica cada comunidad autónoma. Y es que cada región tiene sus propios beneficios fiscales en determinadas materias como la vivienda, el alquiler o la guardería.
Por ello, elRegistro de Economistas Asesores Fiscales (REAF) ha recogido en su último documento técnico las nuevas deducciones autonómicas del IRPF que entraron en vigor en 2017 y que deberán ser tenidas en cuenta sus residentes en la declaración de de la renta de este año. Son las siguientes:
  • Islas Baleares: deducción del 15% por arrendamiento de vivienda habitual para menores de 36 años y discapacitados.
  • Cantabria: se amplía el ámbito de aplicación de la deducción de 100 euros por pariente discapacitado en aquellos casos en que el contribuyente conviva con su cónyuge o hermano con discapacidad física, psíquica o sensorial de grado igual o superior al 65%.
  • Cataluña: derogan la deducción del 7,5% por inversión en vivienda habitual. Con respecto al porcentaje incrementado de deducción del 9% para determinados contribuyentes (jóvenes, discapacitados, etc.), se mantiene, pero se incluye un requisito adicional para su aplicación, que consiste en que la base imponible total menos el mínimo personal y familiar no puede exceder de 30.000 euros.
  • Extremadura: desaparece la deducción por adquisición o rehabilitación de segunda vivienda en el medio rural.
  • Murcia: deducción del 30% por donaciones dinerarias cuyo destino sea la investigación biosanitaria a favor de determinadas entidades.
  • La Rioja: se introduce una deducción de 120 euros por nacimiento o adopción del primer hijo. Se incrementa el porcentaje de deducción por adquisición o rehabilitación de segunda vivienda en el medio rural, que pasa del 7 al 8%. Se introduce una deducción del 5% por la adquisición, construcción o rehabilitación de vivienda habitual en pequeños municipios. Se introduce una deducción del 15% de los gastos en escuelas infantiles o personal contratado para el cuidado de los hijos de 0 a 3 años. Se introduce una deducción de 300 euros por cada menor en régimen de acogimiento familiar de urgencia, temporal o permanente. Desaparece la deducción por fomento del autoempleo.
  • Comunidad Valenciana: aprueba la escala con tipos del 10 al 25,5%. Se incrementa del 5 al 20% la deducción por instalaciones de autoconsumo de energía eléctrica o destinadas a aprovechar fuentes renovables de energía en la vivienda habitual. Deducción del 20% por obras realizadas en la vivienda habitual, o en el edificio en la que esta se encuentre, siempre que tengan por objeto su conservación o la mejora de la calidad, sostenibilidad y accesibilidad. Deducción del 21% por las cantidades satisfechas por la adquisición de abonos culturales de empresas o instituciones adheridas al convenio específico suscrito con Culturarts Generalitat sobre el Abono Cultural Valenciano.
En 2018 las autonomías también han introducido una serie de novedades de las que podrán beneficiarse los contribuyentes en la declaración del año que viene:
  • Islas Baleares: deducción de 1.500 euros por gastos por cursar estudios de educación superior fuera de la isla de residencia habitual. Deducción del 75%, con un máximo de 400 euros, por los gastos de primas de seguros de crédito que cubran total o parcialmente el impago de las rentas de alquiler de inmuebles situados en las Islas Baleares destinados a vivienda. Deducción del 15%, con un máximo de 400 euros, de los gastos de alquiler de vivienda por razón del traslado temporal de su isla de residencia a otra del archipiélago balear en el ámbito de una misma relación laboral por cuenta ajena.
  • Canarias: deducción de 250 euros por cada menor en régimen de acogimiento familiar de urgencia, temporal o permanente. Deducción de 100 euros por familias monoparentales, siempre que el contribuyente no conviva con persona distinta de sus descendientes. Deducción del 15% para determinadas donaciones a la Administración pública canaria, empresas culturales, científicas… Se regula una escala para determinar el porcentaje de deducción por donaciones a entidades sin ánimo de lucro (hasta 150 euros un 37,5% y el resto un 15%). Deducción del 10%, con una base máxima de 7.000 euros, de las cantidades destinadas por los titulares de bienes inmuebles a la rehabilitación energética. Deducción de 100 euros por gastos de estudios en educación infantil, primaria, enseñanza secundaria obligatoria, bachillerato y formación profesional de grado medio. Deducción del 10% de los gastos de enfermedad, incluyendo los originados por la adquisición de aparatos y complementos, gafas graduadas y lentillas. Deducción de 500 euros por familiares dependientes con discapacidad.
  • Extremadura: aprueba la tarifa autonómica con tipos del 9,50 al 25%.
  • Galicia: deducción del 15% de las cantidades invertidas en la rehabilitación de inmuebles situados en centros históricos, con un límite de 9.000 euros. Deducción del 20%, con un límite de 20.000 euros, de las cantidades invertidas en la adquisición de capital social en empresas agrarias y sociedades cooperativas agrarias o de explotación comunitaria de la tierra. Deducción por las ayudas recibidas por los daños causados por los incendios en Galicia durante octubre de 2017.
  • La Rioja: aprueba la tarifa autonómica con tipos del 9,50 al 25,50%. Incrementa los mínimos por discapacidad de descendientes en un 10% (3.300 y 9.900 euros). Deducción de 100 euros mensuales por cada hijo de 0 a 3 años cuando la residencia habitual radique en pequeños municipios. Deducción de hasta 600 euros por cada hijo de 0 a 3 años escolarizado en escuelas o centros infantiles. Deducción del 15% por adquisición de vehículos eléctricos nuevos siempre que pertenezcan a alguna de las categorías definidas en la Directiva 2017/46/CE y cumplan ciertos requisitos (la base de la deducción no podrá superar ciertos límites). Deducción de 100 euros por arrendamiento de vivienda a jóvenes menores de 36 años a través de la bolsa de alquiler del Gobierno de La Rioja. Deducción del 30-40% de los gastos por acceso a internet para jóvenes emancipados. Deducción del 15-20-25% de los gastos por suministro de luz y gas de uso doméstico para jóvenes emancipados. Deducción del 15%, con base máxima de 9.000 euros, por inversión en vivienda habitual de jóvenes menores de 36 años.

Enfrentamiento entre una edil de 'Ahora Madrid' y empleados de centros deportivos municipales

MADRID.- Quieren saber cuanto antes qué va a ser de ellos dentro de cuatro meses, cuando finalice la concesión de los cinco centros deportivos municipales en los que trabajan y el Ayuntamiento asuma, como ya ha avanzado, la gestión directa de las instalaciones. 

Para intentar obtener una respuesta, parte de los 250 trabajadores que temen quedarse sin empleo fueron este lunes a la Comisión de Cultura, para obtener explicaciones de la alcaldesa, Manuela Carmena, y el martes por la tarde acudieron al Pleno del distrito de Tetuán, donde se ubica uno de los centros afectados, el Antonio Díaz Miguel, para escuchar a la concejala del distrito, Montserrat Galcerán, según El Mundo.
Pero ni una ni otra aclararon la cuestión. Si el lunes Carmena se ausentó de la comisión -por otros compromisos- y no compareció para hablar de los centros deportivos municipales, Galcerán tampoco lo hizo, al cancelarse el Pleno en el momento de su comparecencia (último punto del día), cuando PP, PSOE y Cs se fueron porque la presidenta no dejó pasar a los trabajadores afectados.
"Estábamos dentro con pancartas pero a las 19.00 h. salimos para una concentración a las puertas de donde se estaba celebrando la comisión y luego no nos han dejado volver a entrar, nos han dicho que Galcerán había dado la orden de no dejarnos pasar", explica a El Mundo un representante del Antonio Díaz Miguel.
Ante esta situación, el grupo Cs, que había pedido la comparecencia de la presidenta del distrito, decidió no seguir en la sala. Para la edil Sofía Miranda no era lógico que Galcerán diera explicaciones si los afectados no podían escucharla. 
"Era una comparecencia por y para los trabajadores. Si ellos no podían escuchar las respuestas del Gobierno no tenía sentido", declara. Así que se han levantado, y junto con los concejales del PP y del PSOE, han abandonado el Pleno. 
"Galcerán votó a favor de la subrogación pero cuando tenía que explicar cómo lo iba a hacer impidió la entrada a los trabajadores afectados", critica Miranda.
Los ánimos siguieron encendidos fuera. Si el lunes, el director general de deportes del Ayuntamiento de Madrid, Francisco Javier Odriozola, dijo en la comisión del ramo que continuarán en los centros "los trabajadores que tengan derecho a subrogación según los convenios", algo que inquietó a los afectados que dieron por hecho que "habrá despidos", ayer, Galcerán afirmó que intentarían subrogar al máximo posible. Además dijo que la concesionaria no podía seguir aunque quisiera porque no tenía "solvencia".
Un día después, Montserrat Galcerán ha matizado sus palabras ante los medios de comunicación al expresar que "se busca subrogar a todos los trabajadores de los centros deportivos" pero hay "situaciones distintas" y no todos tienen el mismo tipo de contrato ni están en plantilla. Además ha aclarado que con la "remunicipalización de los centros se busca ofrecer un mejor servicio".
El representante del centro de Tetuán -los otros centros afectados son de Carabanchel, Ciudad Lineal, Salamanca y Latina- denuncia que desde el Ayuntamiento no les hablen claro "y que nos mientan a la cara". 
"En privado nos dicen que las competencias no son suyas, del distrito, pero luego parece que sí van a decidir" y, además, "prometieron visitar las instalaciones y aún estamos esperando".
Tras el altercado, un asesor de la Junta de Distrito llamó a los trabajadores para ofrecerles una reunión con la concejala presidenta.
Los 250 afectados, más los 30.000 usuarios que también sufren las consecuencias de esta incertidumbre, no descartan ir a la vía judicial si el Ayuntamiento no les da una solución.
 
El portavoz municipal del PP, José Luis Martínez-Almeida, ha visitado este miércoles el centro deportivo de Tetuán y ha pedido al equipo de Gobierno que "subrogue a todos los trabajadores" porque "en este momento está jugando con el futuro" de estos empleados.
"¿Es esta la prioridad social del Gobierno de Manuela Carmena, la emergencia social era venir y despedir a trabajadores que cuentan con la plena satisfacción de los usuarios? Creemos que tiene que rectificar", ha indicado Martínez-Almeida. "Lo único que le estamos pidiendo es que no estropee lo que funciona" y que "atienda a los usuarios, a los trabajadores y no únicamente a sus dogmas ideológicos".
Sobre el altercado producido en el Pleno de distrito ha indicado que "el Gobierno de la participación sólo quiere la participación cuando respalda las decisiones que ya tiene tomadas" y ha denunciado que "hemos ido a muchos plenos de distrito en los que se ha expulsado a los vecinos que discrepaban de los concejales del equipo de Gobierno y en esto las especialistas suelen ser Montserrat Galcerán y Rommy Arce".

Imputadas tres trabajadoras de un colegio de educación especial de Getafe por malos tratos a un niño con autismo

GETAFE.- Las grabaciones aportadas al sumario muestran como los profesionales del centro le inmovilizaban, le amenazaban con tirarle agua por encima o pincharle en el culo, se burlaban de él y de sus ecolalias propias del autismo y lo castigaban solo en el pasillo a pesar de su tendencia documentada al escapismo, según la Cadena SER.

Eduardo pasó solo tres meses en el Colegio de Educación Especial Santiago Ramón y Cajal de Getafe, un centro público, en el que se matriculó para cursar 1º de Primaria tras pasar por otros centros ordinarios. Sus padres aseguran que es un niño alegre, que a pesar de su autismo nunca había cursado conductas violentas, hasta que comenzó las cases en este centro. 
"Como todos los niños tenía rabietas, se angustiaba o se obsesionaba con algo, pero esa impulsividad y esa agresividad que vimos en él, la ansiedad que sufrió, la vimos a las semanas de comenzar las clases", cuenta Montse, la madre de Eduardo.
Notaron un cambio brusco en su conducta, no quería ir al colegio, le daba miedo ir al médico, y sus padres decidieron colocarle un dispositivo de grabación oculto entre su ropa para conocer qué pasaba en el colegio. 
Llevó cuatro días la grabadora hasta que el centro la descubrió y después no volvió a pisar este centro. La familia escuchó las grabaciones y constató el trato que estaba recibiendo Eduardo por parte de su tutora, la profesora de apoyo, la auxiliar de enfermería y por parte del personal del comedor del centro. 
Le inmovilizaban, le amenazaban con pincharle en el culo si se portaba mal, con tirarle agua encima, se burlaban de su forma de comunicarse con los adultos (repitiendo en ocasiones las ecolalias típicas del autismo) y lo castigaban solo en el pasillo a pesar de su tendencia documentada al escapismo.
Unos días antes de esas grabaciones y de dejar de asistir a clase, un médico especialista en psiquiatría del Marañón certifica que Eduardo sufre desde hace semanas "episodios recurrentes sin claro desencadenante de alteraciones del comportamiento [...] con marcada inquietud y autolesiones". 
A los pocos días de dejar las clases ingresa en el hospital Niño Jesús, donde estuvo quince días hospitalizado, y de donde salió con medicación.
La familia se pone en manos de un abogado y la denuncia llega al juzgado de primera instancia e instrucción número 1 de Getafe. El juez llama a declarar como investigadas a la tutora de Eduardo, a otra profesora de apoyo y a una auxiliar de enfermería del centro. Las tres, en su declaración judicial, aseguran que no ha habido ánimo de maltratar al menor y que actuaron en todo momento siguiendo las técnicas indicadas en un protocolo elaborado por el colegio.
El propio centro asegura en un informe remitido también al mismo juzgado que desconoce en qué consisten las medidas de bloqueo que denuncia la familia hacia el menor, "ajenas a nuestra intervención".
La familia también niega que fuera informada de esas prácticas: "No, nunca nos informaron. Nos decían que no hacía caso, que se levantaba, que se portaba mal, pero no nos decían que es lo que hacían ellos, cómo intervenían", explica la madre de Eduardo.
"Es maldad", asegura Montse de forma tajante, "es hacer daño gratuitamente y a un menor". Según la madre, "se mofan de él y eso no es falta de formación, es maldad, y encima de un niño con una discapacidad".
 "A un niño no le puedes amenazar con que si se porta mal le vas a pinchar, o que le vas a echar agua por encima, o que si le calientas la comida y no se la come se la tiras por la cabeza", explica esta madre, "realmente lo que cogen es miedo y no entienden lo que les estás pidiendo, no le das un modelo positivo, es contraproducente para niños con autismo y sin autismo".
La familia, además, se siente abandonada por la administración educativa y por la Comunidad de Madrid. "Nos hemos sentido solos y abandonados", confiesa Montse, "a mi hijo no le han protegido". 
No recibieron respuestas por parte de nadie más allá de la citación que recibieron por parte del colegio que quiso abrir un expediente a los padres después de que Eduardo dejara de asistir a clase y quiso interrogar al menor por absentismo. La inspección educativa no movió ficha a pesar de que la familia también les comunicó lo que estaba ocurriendo.
Desde el pasado mes de febrero, Eduardo tiene otro cole, también de educación especial. "Va poco a poco", confiesa su madre, aunque ha superado el periodo de adaptación. 
 Tras la experiencia que ha pasado, "para él el colegio ahora mismo es algo agresivo, sigue con miedo a separarse de nosotros". 
Eduardo sigue tomando medicación. La familia está a la espera ahora de que un médico forense evalúe su estado actual como parte del procedimiento abierto por el juzgado.

¿Dónde están desapareciendo las sucursales bancarias?


VALENCIA.- La población sin acceso a una sucursal bancaria en su municipio ha aumentado un 34% desde 2008 debido a la reestructuración del sector bancario español, que continúa reduciendo la red de sucursales repartidas por todo el territorio, especialmente en los municipios más pequeños.

Así lo asegura el análisis realizado por Joaquín Maudos, director adjunto del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE) y catedrático de la Universitat de València, que indica que en 2017 operaban en España 27.320 oficinas de entidades de depósito, lo que supone un 40% menos que en 2008 y advierte de que los colectivos más afectados por el cierre de oficinas son las personas mayores y con menor cultura financiera.
Castilla y León es la comunidad con mayor porcentaje de poblaciones sin oficina bancaria, un problema que afecta al 16% de sus habitantes, mientras que prácticamente todos los municipios de Murcia y Baleares tienen, al menos, una sucursal.
Por provincias, la red que más se ha recortado ha sido la de Barcelona, que ha perdido más de la mitad de sus sucursales bancarias (-54%), al pasar de 5.819 oficinas en 2008 a las 2.676 de 2017, y también ha sido importante el descenso en Gerona y Tarragona, ambas con un 49% menos de oficinas que en 2008.
También han sufrido descensos las tres provincias de la Comunidad Valenciana, Castellón (-52 %), Valencia (-46%) y Alicante (-45%)-; Zaragoza (-47%) y Ourense (-46 %), mientras que Cuenca (-17%), Ciudad Real (-19%), Teruel (-21%) y Badajoz (-21%) han sido las zonas en las que se ha perdido menor porcentaje de oficinas.
El cierre de sucursales ha repercutido especialmente en aquellos municipios pequeños que han perdido todas sus sucursales y, según el análisis, en 2016 se contabilizaron 4.114 municipios que no disponían de oficinas bancarias, es decir, el 50,7% del total de los pueblos de España.
Esta exclusión financiera afectaba a las 1.256.590 personas que residen en esas localidades, lo que supone un 34,2% más que en el año 2008 y, en conjunto, representan el 2,7% de la población española, frente al 2% en el año 2008.
Además de Castilla y León, autonomía más afectada por la exclusión financiera, ésta también es muy acentuada en las provincias de Zamora, Segovia y Ávila, donde más de la quinta parte de sus habitantes tiene que trasladarse fuera de su localidad para acceder a una sucursal bancaria. En estas últimas tres provincias, se cerraron, respectivamente, el 29%, el 37% y el 40% de sucursales bancarias entre 2008 y 2017.
El análisis señala que más de la mitad de los municipios de España carecen de oficina bancaria y otro 15,8% dispone de una única entidad de depósito que ofrece servicios a través de sucursales. Se trata de otros 1.281 pueblos en los que residen 1,4 millones de personas, es decir, el 3,1% de la población.
Las cajas de ahorros o bancos de las antiguas cajas siguen siendo las que más población rescatan de la exclusión financiera, ya que ofrecen sus servicios en el 67% de estos municipios, mientras las cooperativas de crédito lo hacen en otro 21 % de las poblaciones. Solo el 12% de los municipios que cuentan con oficinas de una única entidad financiera han sido rescatados de la exclusión financiera por un banco, añade el análisis del IVIE.
En este contexto, en el que ha sido necesario cerrar oficinas para asegurar la viabilidad del sector bancario y en el que previsiblemente se seguirán cerrando en los próximos años, el IVIE señala que es importante que tanto las entidades financieras como las administraciones públicas implementen medidas para evitar la exclusión financiera.
En el primer caso, el avance de la banca por internet es la mejor vía, mientras que en el segundo es necesario asegurar que el acceso a la red llegue a toda España, concluye el análisis.