'Indignados' piden a Cifuentes que no "imponga" censura previa a sus actos

MADRID.- La Comisión Legal de Sol, formada a raíz del Movimiento 15M, ha presentado un escrito en el registro de la Delegación de Gobierno de la Comunidad de Madrid para hacer un llamamiento a esta institución para que "respete, de una manera real y efectiva, el derecho de todos los ciudadanos a su participación en la actividad política".

   De esta manera, le piden respeto para este derecho "sin inmiscuirse ilegítimamente en sus formas de organización, ni pretender imponer la censura previa de sus reuniones" después de que la nueva delegada de Gobierno, Cristina Cifuentes, haya pedido a este movimiento que informe en la Delegación de sus reuniones.

   Tras afirmar que ya lo hacen, la Asamblea General que se reúne semanalmente en Sol denunció hace unos días que en su último encuentro, el pasado 22 de enero, varios efectivos de la Policía Nacional les comunicaron que a partir de este domingo multarían a quienes acudan si no se comunica previamente a las autoridades la celebración de la asamblea.

   Tras esta "amenaza" de sancionar a los promotores de las asambleas que no estén oficialmente comunicadas, la Comisión Legal Sol ha elaborado un comunicado en el que entiende que si la Delegación hace una "interpretación excesivamente restrictiva del derecho de reunión, exigiendo un requisito administrativo omitido durante meses, se estaría contraviniendo" un mandato constitucional.

   En concreto, el que obliga a los poderes públicos a "promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social" (artículo 9).

   Esto, a su juicio, "supondría un grave retroceso en la conquista de los derechos fundamentales que tanto esfuerzo ha requerido en la Historia reciente de la sociedad".

   Por otro lado, han explicado que se trata de un movimiento asambleario "en el que a nadie se le puede adjudicar el papel de organizador, promotor o inspirador, que serían las personas objeto de sanción, salvo a la totalidad de la ciudadanía que de una u otra forma participa en las mismas".

   En este sentido, aseguran que la "amenaza" por parte de las autoridades públicas de "imponer sanciones de hasta 30.000 euros por participar en una asamblea en la que se debaten los problemas que actualmente más afectan a la ciudadanía (...), ensancharía aún más la brecha existente entre la ciudadanía y la clase política".

   Entre otras cosas, la Comisión recuerda que el llamado movimiento 15-M ha supuesto, entre otros muchos aspectos, "un salto cualitativo y cuantitativo importantísimo en cuanto a la concepción, el ejercicio y la reivindicación por parte de la ciudadanía, tanto de los Derechos Sociales reconocidos como los Derechos Fundamentales".

   Los 'indignados' destacan que entre estos últimos derechos resalta el de participar en los asuntos públicos directamente, sin intermediarios, (artículo 23 de la Constitución), que se viene realizando con el ejercicio del derecho de reunión pacífica y sin armas (artículo 21).

   Asimismo, recuerdan que en las asambleas que se reúnen desde el pasado 15 de mayo son "miles de ciudadanos" los que están ejerciendo su derecho fundamental a participar en los asuntos públicos, en definitiva, haciendo política, conscientes de que las víctimas de un sistema socioeconómico injusto tienen el derecho a participar directamente en las soluciones".

   Según han asegurado, estas asambleas son "ampliamente comunicadas a la ciudadanía, a través de los más variados medios de información", y que las autoridades "tienen pleno conocimiento de las celebraciones de todas y cada una de ellas". De hecho, han indicado que en "numerosas ocasiones" agentes de la autoridad se sitúan en las cercanías.

El presidente del Tribunal Económico-Administrativo de Madrid deja el cargo para coordinar las competencias con CC.AA.

MADRID.- El presidente del Tribunal Económico-Administrativo Municipal de Madrid, Jaime Parrondo, ha dejado el cargo para ser el nuevo director general de Coordinación de Competencias con las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales.

   El Consejo de Ministros aprobó el pasado 13 de enero su nombramiento, que se hará efectivo una vez Parrondo haya renunciado a su cargo municipal, cosa que ocurrirá este martes, 31 de enero, en el Pleno que se celebrará en el Palacio de Cibeles.

     Jaime Parrondo Aymerich (Madrid, 1957) es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense y pertenece a los Cuerpos de Inspectores de Hacienda del Estado y de Aduanas e Impuestos Especiales.

   Después de ocupar diferentes puestos en la Delegación de Hacienda de Castellón y en la Dirección General de Tributos, donde ocupó los cargos de subdirector general del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y de los Ingresos Tributarios no Impositivos, y subdirector general de Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas, fue vocal asesor y director del gabinete de la Secretaría de Estado de Hacienda.

   Casado y con dos hijos, en el año 2000 fue nombrado subdirector general de las Haciendas Territoriales y desde 2004 era presidente del Tribunal Económico-Administrativo Municipal de Madrid.

La plataforma Recuper@ Embajadores expresa su "esperanza de llegar a una solución" en el problema de las cundas

MADRID.- La plataforma Recuper@ Embajadores ha expresado este viernes su "esperanza de llegar a una solución" para el problema de las cundas, después de que la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, haya indicado en rueda de prensa que se reunirá con los vecinos para tratar este asunto.

   A través de su perfil en 'Facebook', la plataforma vecinal ha manifestado su "esperanza de llegar a una solución y de que (el encuentro) no se quede en una simple reunión". "(Tenemos) ganas de ver soluciones", añaden.

   En cualquier caso, han asegurado que seguirán "en pie de guerra" en su lucha contra los 'taxis' ilegales que llevan a drogodependientes hasta la Cañada Real Galiana partiendo de la glorieta de Embajadores.

   Para ello, seguirán reuniéndose todos los jueves a las 20 horas bajo el lema 'La única arma que tenemos es nuestra voz y nuestra presencia. Que nadie te calle' para recoger firmas de vecinos exigiendo una solución.

   De momento, ya llevan recopilados más de 3.100 apoyos, que presentarán ante el Ayuntamiento de la capital, la Comunidad de Madrid y la Delegación del Gobierno.

Un juez anula los despidos de seis trabajadores del PSM

MADRID.- El Juzgado de lo Social número 12 de Madrid ha declarado "la nulidad de los despidos" de seis trabajadores del PSM al considerar que la decisión del partido supuso una "vulneración de los derechos fundamentales a la libertad sindical e ideológica" de estos empleados.

   La sentencia, ante la que cabe recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), señala que el PSM debe proceder "a la inmediata readmisión de los seis trabajadores en las mismas condiciones" en que se encontraban antes de que fueran despedidos y a pagarles los salarios dejados de percibir desde entonces.

   El despido se produjo el pasado 31 de julio y la causa alegada, según consta en la sentencia, fue la "amortización funcional del puesto de trabajo", así como la "concurrencia de las causas de índole organizativa y organizativo-económicas" contempladas en el Estatuto de Trabajadores.

   Según el juez, "los seis despedidos, junto con otros tres (empleados) más, habían participado en la candidatura a elecciones sindicales bajo el nombre de 'Trabajadores Independientes del PSM', unos formando parte de las listas de esa candidatura y otros avalándolas".

"Ha quedado probada la reacción negativa por parte de la directiva (del partido) a la formación de esa candidatura", añade el magistrado. Más adelante, cuando se produjeron las Primarias del PSM, los despedidos "avalaron como militantes a la candidatura de Trinidad Jiménez".

   Así, el juez considera que en el PSM "prevalecieron los intereses políticos antes que las obligaciones empresariales" respecto a estos trabajadores. Y es que, según pone de manifiesto en la sentencia, las Primarias, "en ningún caso han de afectar a los derechos de los trabajadores que prestan servicios en el partido y que tienen el derecho a la libertad sindical e ideológica".

   En consecuencia, y después de escuchar los argumentos del PSM, basados en los resultados electorales del partido en los comicios de mayo, el juez señala que "ha quedado probado que los despidos no obedecieron a causas organizativas sino a meros criterios de afinidad política" y declara nulos los despidos sin estimar en cambio ninguna indemnización adicional.

   La Secretaría de Administración del PSM, Rosa Alcalá, ha afirmado que el partido acatará la sentencia aunque su contenido sea "erróneo" ya que la valoración que hace "es ajena a las circunstancias laborales y económicas que llevaron a tomar esa decisión".

   Los servicios jurídicos del PSM ya están estudiando la sentencia para formalizar el necesario recurso y reiterarán las "causas objetivas" que alegaron para los despidos, con una "situación económica complicada, como la que pasan otras organizaciones políticas y sindicales", que motivó la decisión adoptada

El Tercer Sector vaticina un "crack social" en España si no se refuerza la protección

MADRID.- La Encuesta de Población Activa (EPA) estima en un millón y medio el número de hogares en España que tienen a todos sus miembros en paro y, aunque hasta bien entrado 2012 las ONGs no dispondrán de datos fiables acerca de cómo ha impactado este avance de la crisis en su realidad diaria, "es un hecho" que las demandas de ayuda han aumentado "y mucho" durante 2011, tanto, que la plataforma que aglutina a las principales entidades españolas vaticina "un crack social" si no se refuerzan los mecanismos de protección. 

   Así lo ha descrito el presidente de la Plataforma del Tercer Sector, Luciano Poyato, quien ha incidido en la importancia de mantener la red de protección existente y, a partir de ahí, "seguir avanzando" en inversión ya que, según ha dicho, "si en plena crisis se deja de invertir en este tipo de servicios ya estructurados que estaban atendiendo y de alguna manera fomentando el aumento empleabilidad, el coste luego va a ser mayor y la fractura social excesivamente preocupante".

   Cuando en el año 2010 la EPA cifró en medio millón los hogares en España con todos sus miembros en paro, Cáritas atendió a 1,6 millones de personas, --un 4,3% más que en 2009--, muchas de las cuales pedían ayuda para cubrir necesidades básicas como alimentos, recibos de la vivienda o libros escolares para los niños. El 67 por ciento de ellos acudía derivado de los servicios sociales municipales.

   En aquel momento, la organización advirtió de que si el aumento del paro no revertía durante 2011 se seguirán incrementando las personas en situación de pobreza "crónica" en España, ya que habían constatado que siete de cada diez beneficiarios habían acudido previamente a Cáritas en demanda de ayuda.

   Cruz Roja Española fue en la misma línea, con la previsión de que al cabo de 2011, se acabaría atendiendo a unos dos millones de personas en situación de vulnerabilidad, un 120 por ciento más que en el año 2008. La preocupación que ha manifestado recientemente la organización es que "que la gente no entre en el ciclo de la exclusión" y, para ello, considera imprescindible que "la capa de necesidades básicas se cubra urgentemente".

   Poyato recuerda que ya en tiempos de bonanza económica la pobreza llegaba a 80 millones de ciudadanos en toda la Unión Europea y, si bien en su opinión, no se trata sólo de que la miseria se esté volviendo crónica, "lo cierto es que si se deja de atender estos servicios que mantienen la cohesión de la sociedad", se va a llegar "a una situación de crack social con una diferencia entre clases medias y clases bajas cada día mayor".

   "Consideramos a pesar de la crisis, que destinar fondos a políticas sociales no es un gasto sino una inversión", ha explicado, para incidir en que se debe dar "un impulso a esta inversión en lo social" porque "no se trata sólo de la disponibilidad de servicios y de atención a estas personas", sino de apreciar que el Tercer Sector en España "genera 584.000 empleos directos".

Correa saldrá de la cárcel si deposita una fianza de un millón de euros

MADRID.- El presunto líder de la trama de corrupción 'Gürtel', Francisco Correa, saldrá de la cárcel de Soto del Real, donde se encuentra por orden del juez Baltasar Garzón desde el pasado 15 de febrero de 2009, si consigue depositar una fianza de un millón de euros. 

 

   Así lo ha acordado la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal en un auto en el que acepta parcialmente un recurso de la defensa de Correa y le impone como medidas cautelares, en el caso de que consiga abonar la fianza, la obligación de comparecer diariamente en la comisaría más próxima a su domicilio, la retirada del pasaporte y la prohibición de abandonar el territorio nacional.

   El tribunal, que ha adoptado esta medida en contra del criterio de la Fiscalía Anticorrupción, entiende que aunque el juicio se celebrará previsiblemente "en fechas lejanas", no hay necesidad de "agotar" el plazo de cuatro años de prisión provisional que contempla la ley, que se cumplirá el 15 de febrero de 2013.

   "No entendemos la razón de tener que agotar dicho plazo para evitar el riesgo de fuga del recurrente, cuando, quien así piensa, debemos precisar que dicho riesgo se tendría que asumir, guste o disguste, en fecha 15 de febrero de 2003, día en el que el inculpado obtendría su libertad provisional por imperio de la ley", sostiene el tribunal.

   Los magistrados Ángela Murillo (presidenta y ponente), Carmen Paloma González y Juan Francisco Martel descartan controlar a Correa mediante una pulsera u otros medios telemáticos, como propuso su abogado, José Antonio Choclán, argumentando que estos dispositivos presentan "muchos fallos que han propiciado la fuga de múltiples individuos en libertad provisional pero sometidos a la acción de la justicia".

   "Para tratar de lograr semejante objetivo, resultaría necesario encomendar a un elevado número de funcionarios la única y exclusiva función de vigilar todos los movimientos de Francisco Correa Sánchez, minuto a minuto, mañanas, tardes y noches de todos los días --dice el auto--. Y aún así no se lograría ese 100% de seguridad porque nada resulta imposible en esta vida".

   Los jueces de la Audiencia Nacional también critican al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), que en septiembre de 2010 anuló la fianza de 15 millones de euros impuesta por el instructor Antonio Pedreira y le sugirió las medidas de control telemático, porque no quiso abordar la cuestión "en el fondo" y utilizó "vericuestos de escaso alcance jurídico".

   En este sentido, señalan que el TSJM impuso a Pedreira la facultad de dictar la prisión provisional de Correa con unas condiciones de "imposible cumplimiento", de forma que parece que lo que pretendían sus magistrados era que la Policía asumiera "el más mínimo riesgo de fuga, por ínfimo" que resultara.

   "Las personas que tienen que asumir el riesgo de fuga de cualquier

individuo privado de libertad (...) somos las que encarnamos el Poder Judicial y, en concreto, aquélla o aquéllas que acuerden tal cambio de posición", señala la resolución judicial antes de recalcar que el tribunal asume la "carga" de que Correa pudiera escaparse "intentando minorizarla al máximo".

   La Sección Cuarta ha adoptado esta decisión tras celebrar una vista de apelación en la que la Fiscalía Anticorrupción se opuso a la petición de libertad provisional formulada por la defensa de Correa y defendió la necesidad de que el presunto cabecilla de la trama permaneciera en prisión por el "elevado riesgo de fuga" que sigue  concurriendo en su caso.

   Choclán, en un informe que el propio tribunal califica de "lúcido", defendió que su cliente ha cumplido ya casi tres años en la cárcel, que sólo le queda un año para que se cumpla el tiempo máximo que puede permanecer en prisión provisional y que tiene "arraigo" en España al ser "padre de familia" y tener "domicilio continuo" en nuestro país.

   Correa, que se hacía llamar 'don Vito', está imputado por los delitos de blanqueo de capitales, tráfico de influencias, fraude, cohecho, falsedad documental y asociación ilícita. En junio de 2010 Pedreira le impuso una fianza de 15 millones de euros aunque ésta fue anulada en septiembre el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), que sugirió al juez que le impusiera medidas de control telemático que éste no llegó a adoptar.

Alfonso Guerra revela el tenso diálogo entre Suárez y Tejero el 23-F

MADRID.- El diputado Alfonso Guerra ha desvelado este viernes, en el acto de homenaje al expresidente Adolfo Suárez, en la Universidad Europea de Madrid, el tenso diálogo que mantuvo el entonces presidente del Gobierno de la UCD con el teniente coronel Antonio Tejero la noche del golpe de Estado del 23-F.

   La conversación se produjo a iniciativa de Suárez para intentar que Tejero parase el golpe de Estado. La discusión tuvo lugar en una salita del Palacio del Congreso adonde les condujo un ujier, que escuchó el enfrentamiento y tomó nota del mismo. Pasados los años, este empleado del Congreso, le entregó a Alfonso Guerra una transcripción literal de la conversación, que textualmente fue la siguiente:

   --Suárez:  ¡Explique qué locura es esta!

   --Tejero: ¡Por España, todo por España!

   --Suárez: ¡Qué vergüenza para España!. ¿Quién hay detrás de esto?, ¿Con quién puedo hablar?.

   --Tejero: No hay nada de que hablar. Sólo debe salir.

   --Suárez: ¿Pero quién es el responsable?

   --Tejero: Todos, estamos todos.

   --Suárez: Como presidente le ordeno que deponga su actitud.

   --Tejero: Usted ya no es el presidente de nadie.

   --Suárez: Le ordeno

   --Tejero: Yo sólo recibo órdenes de mi general.

   --Suárez: ¿Qué general?

   --Tejero: No tengo nada más que hablar.

   --Suárez: Le insisto, soy el presidente.

   --Tejero: No me provoque.

   --Suárez: ¡Pare esto antes de que ocurra alguna tragedia, se lo ordeno!

   --Tejero: Usted se calla. Todo por España.

   --Suárez: Le ordeno

   --Tejero: Callase, siéntese y usted --al ujier que escuchó la conversación y se la facilitó a Guerra-- fuera.

     Tras dar cuenta de este diálogo, Alfonso Guerra dijo que el mismo pone de manifiesto la actitud ejemplar, así como valerosa de Adolfo Suárez y su compromiso con la libertad.

El Gobierno obliga a las CCAA a tener déficit cero en 2020

MADRID.- El anteproyecto de Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera obliga a las administraciones públicas a tener déficit cero a partir del año 2020, y hasta entonces estarán obligadas a ir reduciendo los actuales niveles de déficit y deuda para poder alcanzar dicha meta.

   Al término de la reunión del Consejo de Ministros, que ha aprobado este viernes dicho anteproyecto y su remisión al Consejo de Estado, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, explicó que se introduce la deuda pública como criterio de sostenibilidad presupuestaria, que no podrá superar el 60% del PIB, al tiempo que todas las administraciones públicas deberán presentar equilibrio o superávit computado en términos SEC a partir de 2020, por lo que ninguna podrá incurrir en déficit estructural desde entonces.

   Este objetivo es mucho más estricto que el que pactaron este verano PP y PSOE, con motivo de la reforma de la Constitución para controlar el gasto público, y que contemplaba un déficit estructural máximo del 0,4% del PIB.

   Ahora, este déficit estructural del 0,4% sólo podrá registrarse en caso de que las administraciones estén llevando a cabo reformas estructurales con efectos presupuestarios a largo plazo o en situaciones excepcionales, como catástrofes naturales, recesión económica o situación de emergencia extraordinaria.

   Para conseguir estos objetivos, el anteproyecto recoge que la deuda pública se reducirá siempre que la economía nacional experimente una tasa de crecimiento real positiva. Además, cuando se alcance una tasa de aumento del PIB del 2% o se genere empleo neto en términos anuales, la ratio de deuda se reducirá anualmente, como mínimo, en dos puntos del PIB.

   En la misma línea, el déficit estructural del conjunto de las administraciones se deberá reducir un 0,8% del PIB nacional en el promedio anual hasta llegar al déficit cero en 2020. En 2015 y 2018 se revisarán las sendas de déficit y deuda.

   Además, todas las administraciones deberán aprobar un techo de gasto, similar al que ya aprueba la Administración Central, consistente con el objetivo de estabilidad, y el gasto público no podrá aumentar por encima de la tasa de crecimiento del PIB, de acuerdo con la normativa europea.

   El anteproyecto contempla la prioridad absoluta de atender los intereses y el capital de la deuda pública frente a cualquier otro gasto, tal y como establece la Constitución.

   El incumplimiento de los objetivos de déficit exigirá la presentación de un plan económico-financiero que permita la corrección de la desviación en el plazo de un año. Dicho plan deberá explicar las causas de la desviación y las medidas que permitan retornar a los límites.

   En caso de incumplimiento del plan, la administración incumplidora deberá constituir un depósito retribuido del 0,2% de su PIB nominal, que a los seis meses podrá convertirse en multa en caso de que los incumplimientos se reiteren. Pasados nueve meses, el Ministerio de Hacienda podrá enviar una delegación para valorar la situación económico-presupuestaria de la administración en cuestión.

   En este punto, Montoro indicó que la visita no será "amable", ya que se trata de una forma de intervención de las cuentas públicas, pero nada tendrá que ver con la suspensión de competencias autonómicas, sino que será algo similar a lo que sucede en la UE con los países que han sido intervenidos. "Se trata de trabajar en paralelo, ver los deberes y hacer los ajustes necesarios", añadió.

   Dicho esto, Montoro indicó que la palabra "imposición es exagerada", ya que simplemente se trata de devolver la estabilidad presupuestaria a la administración que no cumpla, si bien matizó que sólo sucederá en situaciones "extremas". 

"No hay que verlo en el sentido agresivo, se trata de aceptarlo con naturalidad", reiteró.

   El cumplimiento de los objetivos se tendrá en cuenta para autorizar emisiones de deuda, conceder subvenciones o suscribir diferentes convenios, y las sanciones impuestas a España por la UE en materia de estabilidad serán asumidas por la administración responsable.

   Antes de llegar a situaciones de incumplimiento del déficit, la ley también refuerza el principio de transparencia y, por ello, cada administración deberá dar información sobre las líneas fundamentales de sus presupuestos antes de aprobarlos. Además, se amplía la información a suministrar para mejorar la coordinación en la actuación económico-financiera de todas las administraciones.

   Montoro destacó que se trata de una de las "grandes reformas estructurales", que vendrá a reforzar la estructura institucional de España, mostrando que hay unos controles establecidos para asegurar el cumplimiento del déficit.

   "Facilita la financiación de la economía del país y asegura los servicios públicos básicos de los españoles, además de reafirmar nuestros compromisos con la UE y recuperar una imagen de solidez ante los socios europeos, condiciones y premisas para volver al crecimiento", enfatizó el ministro, quien añadió que la norma respeta "con cuidado extremo" la capacidad de autogobierno de las comunidades.

Fainé (CaixaBank) dice que no ha recibido presión para nuevas fusiones

BARCELONA.- El presidente de La Caixa y Caixabank, Isidre Fainé, ha indicado este viernes que no ha recibido "ninguna presión de ningún tipo" por parte del Gobierno para llevar a cabo una fusión con otra entidad financiera española.

   Así lo ha afirmado durante la presentación de los resultados de 2011, al ser preguntado por la posibilidad de llevar adelante una fusión con Bankia o con otra entidad.

   Fainé ha considerado "lógico" que el Gobierno quiera fomentar las integraciones de cajas, teniendo en cuenta que la contracción va a durar entre tres o cuatro años y que el negocio financiero no va a crecer o lo va a hacer de forma muy leve.

   "Es lógico que para subsistir se piense en ayudar a crear entidades de mayor tamaño para buscar masa crítica", ha admitido.

   El presidente de La Caixa ha insistido en que la entidad catalana no está negociando ninguna fusión: "Todo el mundo habla con todo el mundo, pero no estamos negociando con nadie".

   Sin embargo, ha dejado la puerta abierta a nuevas operaciones fuera de España: "En España tenemos mucha importancia, y a lo mejor nos interesaría más extendernos en otros países. Estamos abiertos a todo, fuera y dentro".

   Al ser preguntado por los beneficios para la Obra Social de una hipotética fusión con Bankia, el vicepresidente y consejero delegado de CaixaBank, Juan María Nin, se ha limitado a señalar que "un CaixaBank y una Caixa más grande harían una Obra Social más grande".

   En este sentido, ha afirmado que "no solamente sería factible, sino deseable" para favorecer la tarea de la Obra Social.

   Fainé ha constatado que el sector financiero en España ha llevado a cabo un importante proceso de fusiones, ya que en los últimos tres años se ha pasado de 45 cajas a 14 grupos, se han cerrado 4.000 oficinas y se han destruido 18.000 puestos de trabajo.

   Asimismo, ha puesto de manifiesto que se han cambiado 31 presidentes de cajas y 26 directores generales.

   "La movida en España es tremenda", ha afirmado, mientras que en otros países como Alemania el sistema financiero no ha cambiado desde el inicio de la crisis.

   Nin ha añadido que en los últimos tres años han desaparecido casi 5.000 sucursales y 15.000 empleos en el sector financiero español, y que el proceso "va a continuar en los próximos años; la velocidad dependerá mucho de si la economía española empieza a crecer o no".

   CaixaBank ha cerrado 213 oficinas en 2011, hasta 5.196, y reducido 365 empleados hasta 24.915.

La Comunidad de Madrid registró 623.300 desempleados en 2011

MADRID.- La Comunidad de Madrid finalizó el año 2011 con un total de 623.300 parados, lo que supone 81.300 más que hace un año, según datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) dados a conocer este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

   De este modo, Madrid se sitúa entre las provincias con mayores incrementos interanuales del paro, sólo por detrás de Andalucía (121.000 parados más) y Cataluña (88.700). De esos 623.000 desempleados con los que cerró el año, 339.400 fueron hombres y 283.900 mujeres.

   La EPA destaca, de este modo, que el paro aumentó en 2011 en las 17 comunidades autónomas españolas. El mayor incremento correspondió a Andalucía, con 121.100 parados más, seguida de Cataluña (88.700 parados más) y Madrid (81.300 desempleados más). Los menores incrementos correspondieron a Cantabria y La Rioja, con 3.500 y 4.700 parados más, respectivamente.

   En cuanto a la ocupación, ésta cayó el año pasado en 15 de las 17 comunidades autónomas. Se salvaron Cantabria, que creó 900 empleos, y Aragón, con 100 puestos de trabajo más. Las regiones donde más puestos de trabajo se destruyeron en 2011 fueron Madrid (-155.000) y Cataluña (-126.700).

   Asimismo, la región registra el mayor incremento del paro en el último trimestre del año, con 50.300 parados más, solamente por delante de las Baleares (36.900) y Cataluña (33.400). Los datos del INE señalan que en la Comunidad de Madrid se destruyeron hasta 52.300 puestos de trabajo en el último trimestre de 2011.

   A nivel nacional, el paro subió en 577.000 personas en 2011 respecto a 2010, un 12,3% más, situándose el número total de desempleados en 5.273.600 personas, cifra inédita hasta ahora para la economía española. La tasa de paro escaló al cierre del año pasado hasta el 22,85%, porcentaje 2,5 puntos superior al de 2010, según los datos de la Encuesta de Población Activa.

   La tasa de paro alcanza así su nivel más alto de la serie histórica comparable, que arranca en 2001. Remontándose más atrás, utilizando series no comparables, no se alcanzaba un porcentaje de esta naturaleza desde el primer trimestre de 1995, cuando la tasa de paro llegó a situarse en el 23,49%. En el primer trimestre de 1996, la tasa de paro registró un nivel muy parecido a la de ahora (22,83%), aunque era dos centésimas inferior.

   De esta forma, 2011 se convierte en el quinto año consecutivo en el que se incrementa el número de desempleados. En 2007, el paro se incrementó en 117.000 personas, en 2008 subió en 1.280.300 desempleados, en 2009 en 1.118.600 personas y en 2010 se ha incrementado en 370.100 personas. El aumento de 2011 es el tercero más elevado en los últimos cinco años, periodo en el que la crisis se ha cebado con el mercado laboral español.

   A esa cifra de casi 5,3 millones de desempleados -inferior a los 5,4 millones previstos por el Gobierno, se ha llegado después de que el paro se incrementara en el último trimestre de 2011 en 295.300 desempleados, un 5,9% más que en el tercer trimestre.

El aumento del IBI en 2012 y 2013 supondrá 35 millones más para las arcas madrileñas

MADRID.- El aumento con "carácter temporal" del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) este año y el que viene en virtud del Real Decreto aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 30 de diciembre, supondrá para las arcas del Ayuntamiento de Madrid "unos ingresos adicionales de 35,4 millones de euros en 2012 y en 2013", según las estimaciones del equipo de Gobierno, y un crecimiento del tipo del 4 por ciento.

   Así lo ha expuesto la delegada de Hacienda en el Ayuntamiento de Madrid, Concepción Dancausa, en la comisión ordinaria del ramo, donde ha detallada que el incremento del tipo del 4 por ciento significa pasar del 0,581 por ciento en el tipo general al 0,604.

   La edil también ha matizado que ese incremento de tipos no se aplicará "al 50 por ciento de las viviendas con menor valor catastral". Concretamente no se verán afectadas las viviendas con un valor catastral inferior a los 89.237 euros, lo que se traduce en un total de 716.176 hogares.

   Pero ese Real Decreto para la corrección del déficit tendrá otras consecuencias en el Ayuntamiento madrileño, "aplicables a todo el sector público y que son de obligado cumplimiento", como ha recordado Dancausa. Entre ellas se encuentran la congelación retributiva para los trabajadores del Ayuntamiento, organismos autónomos y empresas públicas y la imposibilidad desde este año de hacer aportaciones municipales a los planes de pensiones.

   También se incluye la prohibición de incorporar nuevo personal menos en los casos de anteriores ofertas de empleo público así como la de contratar a nuevo personal temporal o nombramientos de interinos salvo "en casos excepcionales o para cubrir necesidades urgentes e inaplazables o que afecten al funcionamiento de los servicios públicos".

   Lo que está a la espera de un informe ministerial es la cuestión de las horas de trabajo de los empleados públicos (no inferior a 37 horas y 30 minutos semanales en el Ayuntamiento) ya que el Ayuntamiento entiende que el Real Decreto no afecta al conjunto de corporaciones locales.

   Tras la intervención de la delegada, el portavoz de Hacienda de UPyD, Mariano Palacios, ha definido de "bendita injerencia" la del Gobierno central en los asuntos de los ayuntamientos. "Es un favor del Gobierno de la Nación al equipo de Gobierno por el coste político que podría tener (esta medida) para solucionar el problema del impago a los proveedores", ha argumentado.

   Una de las intervenciones más críticas ha sido la del portavoz de Hacienda de IU, Jorge García Castaño, que ha cargado contra los más que previsibles "recortes" que se esperan para el mes de marzo, con la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado.

   "Será una nueva ronda de recortes y, si hay suerte, la hará el Gobierno de Mariano Rajoy", ha expuesto el edil, que ha destacado la situación de muchos trabajadores que "tienen que hacer las maletas y buscar vuelos en (la compañía de bajo coste) Ryanair" en busca de un empleo. A su vez, la socialista Noelia Martínez ha puesto el acento en la necesidad de seguir adelgazando la administración municipal pero mediante recortes en altos cargos.

La Asamblea rechaza celebrar un pleno extraordinario sobre la posible rebaja del IRPF

MADRID.- La Diputación Permanente de la Asamblea de Madrid ha rechazado celebrar un pleno extraordinario sobre la posible rebaja del tramo autonómico del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) en Madrid. 

   El diputado de Unión, Progreso y Democracia (UPyD), Ramón Marcos, ha asegurado que su postura ha sido votar a favor este pleno por dos razones destacadas, siendo la primera de ellas que "no parece razonable que enero y julio no sean periodos de trabajo".

"Enero debería estar habilitado como periodo ordinario de sesiones", ha insistido.

   Marcos ha explicado en segundo lugar que su grupo está a favor del aumento de la jornada laboral pero ha mostrado su "preocupación" por "la forma en que se ejecuta". "Deberían dar explicaciones", ha indicado.

   Por último, el diputado de la formación magenta ha explicado que "parecen desafortunadas las declaraciones de Esperanza Aguirre diciendo que podría bajar el tramo autonómico del IRPF" porque, en el momento en que las hizo, pudieron generar "una incertidumbre terrible".

   El portavoz de IU en la Asamblea de Madrid, Gregorio Gordo, ha denunciado que "el Partido Popular ha utilizado su mayoría en la Cámara para evitar la celebración de un Pleno extraordinario (puesto que el mes de enero es inhábil) donde se aborde la posible rebaja del tramo del IRPF en la Comunidad de Madrid".

   En su intervención en la Diputación Permanente, Gordo ha recordado que el Grupo de IU registró el pasado 10 de enero una petición para reunir la citada diputación y aprobar la celebración del Pleno, pero ésta se ha pospuesto hasta el día 26 de enero.

   El diputado ha acusado al PP de intentar silenciar las medidas que toman y les ha reprochado que no apliquen la misma celeridad para celebrar la Diputación Permanente que para incumplir su programa electoral.

   Finalmente, ha lamentado que la subida de impuestos y los recortes a los trabajadores no sean motivo de debate en la Asamblea de Madrid y ha insistido en "el absoluto desprecio del Partido Popular hacia la Cámara y hacia los madrileños, utilizando tretas parlamentarias para que se conozcan lo menos posible sus intenciones".

   Por su parte, la portavoz adjunta del PSOE en la Asamblea de Madrid, Maru Menéndez, ha criticado que la presidenta, Esperanza Aguirre, "trate de escaparse con una cortina de humo sobre lo verdaderamente grave, que es que Rajoy ha decidido que cada madrileño pague 500 euros más de impuestos".

   Menéndez ha lamentado la tardanza del Partido Popular en tramitar la Diputación Permanente de esta mañana, en la que también se ha debatido la modificación en las condiciones laborales de los empleados públicos.

   "No tiene ningún sentido que se esté procediendo a recortar derechos tan importantes para los trabajadores y que no podamos tener un debate en el Parlamento cuando en la calle se están produciendo manifestaciones y protestas en defensa de los derechos de los trabajadores afectados", ha denunciado.

   Fuentes del Partido Popular han explicado que IU presentó su solicitud el pasado 10 de enero y que, desde unos días más tarde, la Consejería se encuentra en pleno proceso de "negociación y explicación" de la medida a los sindicatos.

   Así, las mismas fuentes han indicado que las reuniones y los encuentros continúan y que "lo lógico ahora es que sea en febrero cuando se debata en la Cámara". Además, han añadido que "este mismo jueves hay una comparecencia" de la consejera de Presidencia, Regina Plañiol, "para dar cuenta de esta medida y cuáles han sido las negociaciones".

   "No se entiende esta petición teniendo en cuenta que hay conversaciones con los sindicatos", han indicado desde el Partido Popular, que ha criticado la "postura caprichosa por parte de Izquierda Unida".

   En cuanto a la bajada del IRPF en su tramo autonómico, los 'populares' han señalado que se trata de una "reflexión política ajena a cualquier actuación" que, por tanto, no puede ser objeto de un debate extraordinario", por lo que han calificado esta propuesta de "disparate".

Fitch advierte de los problemas de las CCAA para financiar su deuda

LONDRES.- La agencia de calificación crediticia Fitch Ratings ha advertido de las dificultades a las que podrían enfrentarse las comunidades autónomas para obtener financiación para su deuda debido a la situación del sector bancario y a la incertidumbre en torno a su desempeño financiero. 

   En un informe, la agencia destaca que el entorno operativo actual es probable que siga siendo complicado en 2012 a medida que los gobiernos de la eurozona implementen medidas de austeridad para recortar sus déficits y las perspectivas en torno al crecimiento económico sigan siendo débiles.

   "Una mayor incertidumbre en torno al comportamiento financiero y el desapalancamiento de los bancos podría hacer más difícil para algunos gobiernos territoriales, especialmente en España, obtener financiación para de su deuda nueva o existentes", señaló.

   En este sentido, añadió que estas tensiones financieras serán "más evidentes" en países que están experimentando una mayor incertidumbre en torno al éxito de las medidas de los gobiernos nacionales para reducir deuda, como Italia, Portugal o España.

   Fitch recuerda que un gran número de ratings de gobiernos territoriales tienen perspectiva 'negativa' o están en revisión para una posible rebaja después de los recortes de las calificaciones de Italia, Portugal o España en la segunda mitad de 2011. En algunos casos, incluyen además las perspectivas de un menor crecimiento económico, el deterioro de la generación de ingresos o los posibles recortes en la financiación de los gobiernos nacionales.

    Por otro lado, señala que la intensificación de la crisis de la eurozona en la segunda mitad de 2011 ha provocado un aumento general en el número de ratings con perspectiva 'negativa' asignados por la agencia, después de años de estabilidad en los ratings globales.

   "Los tentáculos de la crisis de la eurozona se han expandido a lo largo y a lo ancho, ahogando la solvencia de una gran número de sectores en todo el mundo", incide.

   En concreto, la proporción de ratings con perspectiva negativa aumentó globalmente hasta el 9,3% a finales del año 2011, por encima del mínimo del 6,8% registrado tras la quiebra de Lehman BrotHers. Sin embargo, este aumento sigue estando por debajo del 18,3% visto en el tercer trimestre de 2009.

   En concreto, la agencia destaca que el sector en el que más han aumentado las perspectivas 'negativas' es el de los bancos, donde pasaron del 8,5% de finales de la primera mitad del año hasta el 11,5%.

   En este contexto, Fitch subraya que el fin de la crisis de la eurozona, algo que no contempla en el corto plazo, se traduciría en una estabilización de las perspectivas 'negativas' más que en medidas positivas de rating, y apunta que incluso sus previsiones más conservadoras esperan nuevas rebajas en este escenario.

   La agencia mantiene desde el pasado mes de diciembre en vigilancia negativa las calificaciones de España, Italia, Chipre, Bélgica, Eslovenia e Irlanda y prevé tomar una decisión, que en la mayor parte de los casos será una rebaja, antes de finales de enero.

Cifuentes pide al 15M que notifique sus asambleas

MADRID.- La delegada de Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, ha emplazado a los activistas del Movimiento 15M a notificar sus asambleas a la Delegación para que no haya "ningún problema".

   En una entrevista en ABC Punto Radio Cifuentes ha asegurado que "si quieren beneficiarse de la legislación vigente en cuanto al derecho de reunión que lo cumplan íntegramente". "Si lo comunican y lo notifican no habrá ningún problema", ha dicho.

   Asimismo, la delegada ha indicado que "hay que compatibilizar el derecho de reunión con el derecho de los ciudadanos a transitar por las calles. "Voy a tratar de compatibilizar ambos", ha añadido la delegada.

   "No queremos prohibir el derecho de reunión porque es un derecho constitucional, pero es obligatorio que se autorice para que lo protejamos. El problema es que no se comunica. Por ello, les pido que se notifique y que cumplan la Ley", ha reseñado.

La conflictividad laboral en diciembre se representó en Madrid con 18 huelgas

MADRID.- La conflictividad laboral de diciembre incidió especialmente en la provincia de Madrid, con 18 huelgas, seguida de Barcelona, con 12; Cádiz y La Coruña, con cinco; y Álava, Almería, Córdoba, Guipúzcoa y Vizcaya, con tres, según el último informe de la CEOE sobre conflictividad laboral.

   Atendiendo a los trabajadores que participaron en las huelgas, destacan Barcelona, con 1.096 huelguistas; Madrid, con 895, y Cádiz, con 202. Desde la perspectiva de las horas no trabajadas también sobresale Barcelona, con 101.928 horas perdidas, seguida de Madrid, con 72.280 horas.

   En general, las horas de trabajo perdidas por huelga superaron los 14 millones en 2011, lo que supone un 60,1 por ciento menos que en 2010, pese a que el número de huelgas fue mayor que en el año precedente.

   En concreto, se contabilizaron 1.168 huelgas en el año, con un incremento del 5 por ciento respecto a 2010, en las que se vieron directamente implicados 613.514 trabajadores, casi un 77 por ciento menos que en el ejercicio inmediatamente precedente.

   De las 1.168 huelgas registradas el año pasado, 856 fueron conflictos estrictamente laborales --descontando las huelgas de funcionarios y extralaborales--, con 450.862 trabajadores implicados y 8,7 millones de horas perdidas, un 11,4 por ciento menos.

   En el último mes del año se registraron 88 huelgas, un 38 por ciento menos que en igual mes de 2010, en las que participaron 11.821 trabajadores (-59 por ciento) y que supusieron la pérdida de 637.544 horas de trabajo, un 68,1 por ciento menos que en diciembre de 2010.

   De las 88 huelgas registradas en diciembre, 61 fueron conflictos estrictamente laborales, con 4.056 trabajadores implicados y 243.624 horas perdidas, un 83,6 por ciento menos.

   Los sectores de actividad económica más afectados por las huelgas de diciembre fueron los de metal, transportes y comunicaciones, actividades sanitarias, pesca y agricultura, educación y otros servicios.

   Además, de las 88 huelgas iniciadas en diciembre, 20 afectaron a empresas o servicios de carácter público, que fueron secundadas por 7.313 trabajadores y ocasionaron la pérdida de 382.264 horas, el 59,9 por ciento del total.

   En cuanto a las causas de la conflictividad laboral, 28 huelgas de diciembre se convocaron por la tramitación de expedientes de regulación de empleo, con 1.331 trabajadores implicados y 59.104 horas perdidas, el 9,27 por ciento del total de diciembre.

   Además, se registraron otras 10 huelgas para lograr el abono de salarios atrasados, con 243 participantes directos y 49.656 horas de trabajo perdidas.

   Otras 18 huelgas se produjeron para demandar diversas mejoras con independencia del convenio, secundadas por 1.365 trabajadores, que perdieron 103.248 horas de trabajo. Asimismo, otras cuatro huelgas respondieron a otras motivaciones, con 2.076 trabajadores implicados y 262.192 de horas perdidas.