MADRID.- El Pleno de Madrid ha ratificado este miércoles --con el rechazo de los grupos de la oposición y el voto en solitario del PP-- el convenio firmado entre el Ayuntamiento y el Gobierno regional para participar del nuevo modelo de gestión del Canal de Isabel II tras la privatización del 49% de su capital.
Este convenio, firmado la semana pasada por las administraciones implicadas, supondrá la cesión del uso de la red de tratamiento, almacenamiento y distribución de agua regenerada durante los próximos 50 años. La propiedad de las infraestructuras seguirán siendo del Consistorio, tal y como ha subrayado el delegado de Hacienda, Juan Bravo.
Esto supondrá que las arcas municipales ingresen 189 millones de euros --la primera mitad será abonada en la primera semana de mayo y la otra en las mismas fechas de 2012--, una cantidad resultante de sumar los costes de ejecución de las infraestructuras (58 millones) y el rendimiento de la explotación durante 50 años (45 millones), entre otras cuestiones.
Además, según el Ejecutivo local, el convenio supondrá también un ahorro de 2,2 millones de euros para las arcas municipales en gastos de mantenimiento de instalaciones, y se garantizará también un "sistema de gestión eficaz, ágil e integrador" del transporte y suministro de agua depurada de la capital.
Con respecto al convenio ya existente sobre el uso de la red de saneamiento, que prevé 30 años de cesión, el Consistorio tendrá obligación de prorrogar ese plazo en otros 20 ejercicios si el Canal de Isabel II así lo solicita, si bien esa ampliación deberá ser compensada económicamente.
El cálculo de ese dinero se hará por acuerdo y, si no se alcanzara ninguno, se utilizará el mismo criterio que se empleó cuando se firmó el convenio. El objetivo es homogeneizar las fechas de vigencia de los dos contratos: el de agua regenerada y el de saneamiento.
Con la cesión del uso de las infraestructuras de agua regenerada supondrá el "cierre del ciclo del agua", tras la cesión al Canal en 2005 de la gestión de las infraestructuras de saneamiento y de abastecimiento del agua potable en la capital.
El convenio firmado con la Comunidad supondrá también el control del 10% de las acciones de la sociedad que gestione las aguas madrileñas tras la privatización del 49% que prevé el Ejecutivo regional. Así, se creará una sociedad anónima que gestionará de manera unitaria todos los servicios relativos al uso del agua --aducción, distribución, alcantarillado, depuración y reutilización-- en toda la región.
Bravo explicó en la última comisión del ramo que el Ayuntamiento "tiene vocación de quedarse con ese 10% y no vender", lo que supondría unos ingresos aproximados de entre 13 y 15 millones de euros al año. Sin embargo, ni la portavoz de IU en Medio Ambiente, Raquel López, ni el del PSOE en Hacienda, Pablo García Rojo, han confiado en que el Consistorio mantenga la propiedad del total de ese accionariado.
En cualquier caso, el acuerdo estipula que, como mínimo, el Consistorio deberá retener bajo su control el 3% del capital social durante al menos 50 años. El restante 7% podrá ser vendido, aunque siempre después de que la Comunidad haya privatizado su parte.
La delegada de Medio Ambiente, Ana Botella, también indicó en la pasada comisión de su ramo que al Ayuntamiento le corresponderá el abono del pago de tarifas por el servicio de suministro de agua regenerada (193 millones) pero que, con eso, se ahorrará algo más de 300 millones de euros, tanto por los 259 a pagar durante 50 años a las empresas de mantenimiento y explotación de la red como por los 43 a abonar por el proceso de regeneración del agua tras su depuración.
Sin embargo, para López estas explicaciones aclaran que se está "asistiendo al reparto de una tarta que no es ni de Alberto Ruiz-Gallardón, ni de Esperanza Aguirre, sino de los madrileños" y que es la culminación del proceso de "descuartizamiento y expolio del servicio público", ocupándose ahora de "la joya de la corona, la empresa pública más solvente --con más de cien millones de beneficios netos en 2009--, querida y rentable de la Comunidad".
Además, ha reprochado que el alcalde acepte esta operación, a pesar de que siendo presidente regional se comprometió a no privatizar el Canal, "ahora que (el Ayuntamiento) saca tajada", y ha considerado que las razones de Aguirre para acometer este cambio son "esperpénticas".
"Nos hemos gastado tantísimo dinero en infraestrecuturas y ahora se lo regalamos a la empresa privada, que luego igual nos cobra por reciclar el agua. Han hecho un negocio redondo: tienen clientes fijos, el monopolio, una materia prima obtenida de las nubes y unas infraestructuras pagadas por los madrileños. Vamos, un chollazo", ha concluido la edil.
Además, ha alertado de que esta medida supondrá un aumento del consumo porque "desaparecerán las campañas de concienciación", un deterioro de la calidad porque "no se invertirá en ese asunto", un "empeoramiento de las condiciones laborales" de los trabajadores del Canal. "El sistema no funciona, lo estamos viendo en otras ciudades que han vuelto a recuperar el servicio para lo público y lo mismo va a pasar en Madrid", ha zanjado.
Para García Rojo, estos convenios y la decisión del Ejecutivo autonómico supone la "imposición de un modelo privatizador de la Comunidad de Madrid sobre las corporaciones locales" por lo que ha asegurado que los ayuntamientos que, tras el 22 de mayo, sean gobernados por los socialistas acometerán las "oportunas acciones legales".
"Ésta es una nueva operación de maquillaje y arquitectura financiera de la Comunidad que le viene muy bien a las arcas debilitadas del Ayuntamiento. Pero una nueva mayoria socialista en el Ayuntamiento (tras las elecciones) pondrá fin a estos desmanes, porque los ayuntamientos que gobierne el PSOE no van a aceptar la imposición de un modelo privatizador del Canal en sus municipios. Y esa confianza que los ciudadanos depositarán en Tomás Gómez pondrá fin a esta aventura financiera de la Comunidad y del Ayuntamiento", ha añadido el concejal.
Ante estas críticas, Bravo ha señalado que la decisión de privatizar el Canal no es del Ejecutivo local, y que ante esta propuesta hay tres opciones: sacar a concurso el servicio, crear una empresa pública municipal para gestionarlo o "seguir como hasta ahora y prorrogar la encomienda de gestión con el Canal para que siga prestando en Madrid otros 50 años más el servicio de distribución de agua en la ciudad".
"El Ayuntamiento no puede impedir a la Comunidad tomar esta decisión, que es legítima y legal", ha insistido, añadiendo que esta aceptación se realiza "a cambio de un precio: el 10% del capital de la nueva sociedad", un cambio con respecto al actual estatus --en el que la capital no recibe dividendos porque los beneficios de la empresa pública revierten en la mejora del ciclo del agua-- ya que ahora los beneficios se los llevarán "los socios privados".
Con estos argumentos en la mano, el delegado ha exigido a la oposición que, "si critican esta tercera opción, digan por cuál de las otras dos se inclinan o si hay una cuarta opción", y ha criticado a los socialistas por anunciar ahora medidas legales contra la privatización cuando hace ya tres años que el Ejecutivo autonómico anunció sus intenciones.
"Ésta es una medida más de la campaña electoral del PSOE, y está por ver el título de la película que el señor Gómez colgará del Palacio de la Prensa, pero seguramente tendrá que ver con esta operación", ha añadido, instando a García Rojo a aclarar "qué harán los ayuntamientos socialistas si no ganan (la Presidencia regional)".
"¿Crearán su propia empresa, licitarán el servicio o se adherirán? Dentro de unos meses lo veremos", ha concluido.
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