MADRID.- Una plataforma ciudadana, vinculada al
movimiento 'indignado', ha constituido en Madrid la Oficina de
Desobediencia Económica, que desde este martes ha iniciado en la capital
su actividad para llevar a cabo una campaña de "insumisión fiscal",
aunque, según han confirmado desde esta oficina, el
proyecto contempla diferentes iniciativas para promover la
"desobediencia civil masiva".
Por el momento, este punto de información (localizado en el número
8 de la calle Lacy) sirve de asesoramiento y consulta para aquellas
personas en llevar a cabo este tipo de protesta, consistente en
trasladar a la administración su negativa a subvencionar determinadas
partidas que pueden considerar injustas. "No consiste en no pagar, sino
en que si se considera que un dinero no está bien invertido, pagar en
aquello que merezca la pena", han dicho.
De hecho, desde la guía práctica que se puede encontrar en el
espacio de Internet derechoderebelion.net y que detalla los pasos a dar
para secundar la acción, se insta a "hacer siempre la declaración de la
renta", incluso sin llegar al mínimo establecido por ley, ya que "muy
probablemente saldrá negativa", es decir, a devolver.
Tanto de forma presencial como a través de un teléfono habilitado
para la ocasión o Internet --desde el cual se puede descargar el 'Manual
de desobediencia económica' y una guía práctica para poder apoyar la
campaña-- se justifican los motivos para seguir esta acción y los pasos a
dar.
Para ello, aconsejan no aceptar el borrador enviado por Hacienda,
rellenándola a mano o con el programa 'Padre', ya que a través de vía
telefónica o Internet imposibilita declararse como "insumiso fiscal",
han asegurado. Esto se consigue calculando el porcentaje presupuestado
de las partidas a las que se opta no subvencionar y destinar ese dinero a
diferentes proyectos que, a juicio del insumiso, sean merecedores de su
financiación.
Por su parte, la Oficina especifica varios conceptos hasta llegar a
cerca de un 25 por ciento de lo presupuestado en 2011 (24,81 por
ciento) que, al dejar de pagar en la declaración, constituiría una
deducción similar. Las partidas propuestas son las correspondientes a la
deuda pública (20,38 por ciento), Defensa (2,81 por ciento), Policía
Nacional, Guardia Civil, Monarquía, Senado, Prisiones e Iglesia.
Según apunta la guía, una vez terminada la declaración, deberá
ingresarse la cantidad de la insumisión fiscal calculada en la cuenta
corriente de la entidad o colectivo a la que se decide financiar,
especificando que este ingreso procede de esta campaña de insumisión.
La Oficina recomienda destinar el dinero a proyectos que el
ciudadano pueda tener cerca para poder comprobar de forma directa el
desarrollo del mismo. En este sentido, en la página web del 'movimiento
de desobediencia civil' se adjunta una lista de proyectos
autogestionados recomendados.
El comprobante del ingreso al proyecto deberá adjuntarse a la
declaración para entregarlo junto a una "carta de insumiso fiscal"
dirigida al Ministerio de Hacienda. Finalmente, han instado a comunicar
esta acción a la Oficina para que no quede como un acto individual, y
que pueda formar parte de esta protesta colectiva.
Esta iniciativa, gestada en los debates y asambleas celebradas el
pasado mes de agosto tras conocer el proyecto de reforma de la
Constitución para incluir los criterios de estabilidad presupuestaria y
los límites del déficit establecidos en la Unión Europea, está inspirada
en las campañas de objeción al gasto militar, que, según han apuntado,
se lleva haciendo "desde hace años sin que se haya dado ningún tipo de
problema".
La deducción del 6 por ciento que se calcula de este gasto y que
se deriva a otras iniciativas solo tiene "consecuencias
administrativas", y, tras la nueva solicitud de Hacienda, se obliga a
pagar el porcentaje restante que no se ha querido desembolsar en la
declaración.
Una "molestia", según han dicho desde la Oficina, que ha defendido
esta protesta como manera de reivindicar "proyectos realmente públicos"
que, como han apuntado en la guía "suelen adolecer de falta de recursos
para consolidarse". Así, con la "desobediencia fiscal" esperan
"alimentar la autogestión de las asambleas y desde estas dar prioridad
absoluta a la financiación participativa de los recursos que se
consideran verdaderamente públicos".
"Es una forma activa de dejar claro de que la deuda no es
nuestra", han dicho, calificando de "ilegítima" aquella deuda "que se
contrata de nuevo para pagar antigua deuda y para implementar políticas
que perjudican los derechos sociales y económicos", así como la que
"proviene de una política que ha favorecido a una ínfima minoría de la
población en detrimento de una aplastante mayoría de ciudadanos y
ciudadanas".
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