MADRID.- La defensa del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo contra la decisión adoptada el pasado martes por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de suspenderle de funciones tras haberse abierto juicio oral contra él por una presunta prevaricación que habría cometido al intervenir las conversaciones de los cabecillas de la trama 'Gürtel' con sus abogados en prisión.
En el texto del recurso el aún titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 advierte que aún no ha sido notificado formalmente de la suspensión y añade que la decisión adoptada por el Consejo no era necesaria dado que él ya se encuentra relevado de sus funciones desde mayo de 2010 por su procesamiento en otra causa ante el alto tribunal, esta vez por haber abierto una investigación de los crímenes franquistas careciendo de competencia para ello.
Además, la defensa señala que no concurren en este caso los requisitos de grave daño para el funcionamiento de la Administración de Justicia o la confianza social de los ciudadanos en la misma porque Garzón no se encuentra cumpliendo sus funciones en la Audiencia Nacional y desempeña una labor diferente en el Tribunal Penal Internacional de La Haya, donde ejerce de asesor de la Fiscalía.
Por todo ello, la defensa de Garzón solicita que la medida adoptada por el CGPJ quede en suspenso y que además la ratificación de la misma sea eliminada del orden día del Pleno que está previsto que el CGPJ celebre el próximo jueves, ya que de lo contrario se "consumaría la vulneración de derechos" del magistrado.
Aunque se justifique desde una perspectiva formalista, según el abogado Francisco García Bocanegra, la segunda suspensión acordada contra Garzón es "manifiesta y ostensiblemente nula de pleno derecho por tener un contenido imposible jurídicamente". Insiste en que "no se puede suspender a un juez ya suspendido".
Esta parte considera que la decisión adoptada la semana pasada por el órgano de gobierno de los jueces constituye una "desviación de poder" y un fraude de ley que no sirve más que para "dañar innecesariamente al magistrado, al prestigio y a su imagen".
Señala también el recurso que la suspensión, que contó con el visto bueno de la Fiscalía, se ha acordado sin dar audiencia al propio Garzón, "sin permitirle defenderse con una mínima garantía". Esta circunstancia supone la vulneración de varios derechos fundamentales, según la defensa, como su derecho al honor, a no ser objeto de discriminación, a la permanencia en cargo público en condiciones de igualdad y a la presunción de inocencia.
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