MADRID.- El Consejo de Gobierno de la Comunidad de
Madrid ha conocido este jueves el borrador del anteproyecto de ley de
Viviendas Rurales Sostenibles, una normativa de la Consejería de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio que pretende regular estas
infraestructuras con el fin de evitar el éxodo rural que, según la
consejera del ramo, Ana Isabel Mariño, se está produciendo en los
últimos años.
En rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Mariño ha
explicado que esta ley regula las viviendas rurales sostenibles "que
nada tienen que ver con las urbanizaciones tradicionales". "Requieren
otro tipo de calificación y otro tipo de autorizaciones y no requieren
las actuaciones urbanizadoras que habitualmente estamos acostumbrados a
tener cuando se trata de construir edificaciones para viviendas", ha
señalado.
En su opinión, va a contribuir a dinamizar las zonas rurales,
no va a suponer ningún incremento de la burocracia y ni ningún coste
adicional para las administraciones, y tiene como objetivo "garantizar
la elección a los madrileños que quieran vivir en contacto con la
naturaleza y facilitar a quienes lo deseen que puedan enraizarse en los
municipios de la región disminuyendo el éxodo rural".
Además, buscan dar valor a las fincas rústicas en desuso y
consolidar el papel de los ciudadanos en la conservación del medio
ambiente. "El contacto con la naturaleza convierte al individuo en un
agente activo de su cuidado. Esta persona que por decisión propia opta
por vivir en el campo es siempre el principal interesado en cuidarlo y
protegerlo", ha apostillado.
Otro de los objetivos es acercar la normativa de la Comunidad
de Madrid a la de otras comunidades que sí permiten este tipo de
viviendas. En el caso de las viviendas rurales ya existentes en la
región pero que están de manera ilegal, podrán formalizar su situación
abriendo un expediente de legalización "siempre que se cumpla con las
condiciones que vienen reflejadas en la Ley del Suelo", ha añadido.
El contenido de la ley es un "texto corto" y recoge extremos
como el nuevo uso para viviendas rurales sostenibles podrá implantarse
en todo suelo no sujeto a protección sectorial y solo estará permitida
su implantación en este suelo cuando su régimen jurídico autorice el uso
residencial, ha señalado Mariño.
Además, ha indicado que la ley tiene carácter especial y
prevalecerá sobre cualquier normativa o planeamiento que incida sobre el
mismo ámbito material; solo podrá construirse una vivienda unifamiliar
aislada en cada unidad de terreno y las infraestructuras, las vías de
acceso, las instalaciones corren a cargo del propietario.
Se exigirá la adaptación arquitectónica y estética al paisaje,
se establece una superficie mínima para las parcelas de 6 hectáreas y
una distancia mínima con cualquier otra construcción de 250 metros. La
altura máxima será de 3,5 metros y la ocupación de la unidad de la
parcela estará limitada al 1,5 sin limite en cuanto al tamaño de la
vivienda.
Asimismo, se establece un único procedimiento para la
implantación del uso que consiste en la tramitación de licencia de obras
en los términos que establece la ley y que aprobará y concederá el
ayuntamiento; y se prevé la imprescriptibilidad de las infracciones
administrativas por incumplimiento de lo expuesto en esta ley.
"Creemos que con esta normativa cumplimos con una necesidad
que detectábamos en los últimos años en la Comunidad de Madrid y es que
hay muchos madrileños que quieren vivir en el campo y otros que aun
viviendo en núcleos rurales no podían hacer efectiva el uso de fincas
rústicas adquiridas por compra o herencia", ha considerado.
Asimismo, Mariño está convencida que con la nueva normativa
salvaguardan "de forma más efectiva" el medio ambiente y el cuidado de
campo, "que muchas veces está absolutamente sin cuidar" y de esta manera
podrán "mejorar esa posibilidad que tienen los ciudadanos de vivir en
el campo y que no se produzca ese éxodo rural de los últimos tiempos".
El Consejo de Gobierno ha introducido una serie de
modificaciones en el texto de la Consejería y el borrador será enviado
ahora a los colectivos sociales e instituciones publicas para
profundizar en los extremos que recoge. Además, tendrá que ser circulada
por todas las consejerías madrileñas y contar con el informe de los
servicios jurídicos.
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