MADRID.- La nueva delegada del Gobierno en Madrid, María Dolores Carrión, ha anunciado este jueves que su departamento ha trasladado al Ayuntamiento de la capital la potestad para autorización o prohibir la 'procesión atea' convocada para el Jueves Santo en Lavapiés porque alega no tener competencia sobre "manifestaciones festivas".
"No se trata de una manifestación. La Delegación del Gobierno no tiene competencia ni para autorizar las procesiones ni este tipo de manifestaciones festivas o de este tipo, que es como podríamos calificarlas. La Delegación se ha inhibido a favor del Ayuntamiento", ha afirmado Carrión a la prensa tras la presentación formal de su cargo el mediodía de este jueves.
Sin embargo, el Consistorio ha pedido a la delegada que lea con detalle el informe que le ha hecho llegar, en el que se asegura que este tipo de convocatoria no es de carácter festivo y que implica un alto riesgo de disturbios, teniendo en cuenta que transcurrirá de forma paralela a la tradicional procesional católica por las calles de Lavapiés, según han informado a Europa Press fuentes municipales.
Según reza el cartel de la convocatoria, la procesión atea contará con los pasos de como "la congregación de la cruel inquisición, la Hermandad de la santa Pedofilia, de la cofradía del Papa del Santo Latrocinio y demás pasos ateos".
Además, según explica en su web la Asociación de Ateos y Librepensadores (Amal), uno de los convocantes, se representará de manera crítica, diversos pasajes de la parafernalia católica. Por su parte, para la asociación vecinal 'La Playa de Lavapiés' se tratará de una "fiesta de la primavera", en parte reivindicativa y en parte lúdica, "una intervención en el espacio público para poner de relieve la hipocresía social y moral que representa la Semana Santa católica".
Por tanto, siguiendo el informe elaborado por el Ayuntamiento y la Policía Municipal, en caso de autorizarse la 'procesión atea', requeriría la presencia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y, por ende, habría que replantearse de quién sería la competencia de prohibir o modificar su recorrido para evitar incidentes.
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