MADRID.- El Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea 
de Madrid ha apoyado este miércoles la fusión voluntaria de municipios y
 la creación de consorcios o mancomunidades para lograr una prestación 
"eficaz y eficiente" de los servicios públicos en los ayuntamientos, así
 como modificar la Ley de Administración local para delimitar 
competencias entre la Comunidad de Madrid y los ayuntamientos de la 
región y la de Bases de Régimen Local.
   En la última sesión de la comisión de estudio de las 
duplicidades que se ha celebrado este miércoles en la Asamblea de 
Madrid, en la que se ha aprobado el dictamen de la comisión, por la que 
han pasado 29 ponentes desde julio de 2011, el portavoz del PP en el 
órgano parlamentario, Íñigo Henríquez de Luna, ha afirmado que ellos 
sitúan en "20.000 habitantes la población del municipio eficiente", y ha
 destacado que apoyarán la fusión o agregación de municipios que 
"libremente" y "voluntariamente" pongan en marcha las corporaciones 
locales para lograr "entidades locales más grandes y más eficientes".
   No obstante, en el dictamen apuntan que las fusiones 
"garantizarán el mantenimiento de la identidad cultural e histórica de 
los ayuntamientos fusionados a través de las distintas formas de 
desconcentración administrativa que permite la legislación vigente".
   En otro orden de cosas, los 'populares' quieren desarrollar un
 proyecto de Ley de modificación de la Ley de Administración Local de la
 Comunidad de Madrid, que permita "clarificar y delimitar las 
competencias de la Comunidad de Madrid y de los 179 municipios de la 
región con el objetivo de poner fin a las duplicidades administrativas".
   A su juicio, este desarrollo legislativo debe inspirarse en el
 respeto a la Ley de Bases de Régimen Local; la defensa del principio de
 subsidiariedad; la intensificación de principios de responsabilidad y 
rendición de cuentas; y una financiación local suficiente estable, 
flexible y no finalista sin perjuicio de la competencia legislativa 
financiera estatal en la materia. 
   También quieren que se adecuen las competencias municipales 
distinguiendo entre municipios de menos de 5.000 habitantes, más de 
20.000 y más de 50.000 y que la ciudad de Madrid tenga una delimitación 
competencial específica y contemplan que la Comunidad desarrollará una 
labor de impulso y coordinación sobre servicios en los que haya 
concurrencia competencial desde el respeto a la autonomía local.
   En este punto, los 'populares' establecen que deberían ser 
competencia exclusiva municipal la atención social primaria, 
bibliotecas, centros culturales, centros y albergues juveniles, 
instalaciones deportivas, escuelas infantiles, casas de niños y las 
escuelas de música.
   También proponen que sean competencia exclusiva autonómica la 
atención social especializada (residencias y centros de día 
especializados), la prevención, promoción de la salud y asistencia 
sanitaria (centros municipales de salud), el transporte de enfermos, 
drogodependencias, los teléfonos de emergencias (112 y 092), los centros
 oficiales de educación de adultos, las políticas activas de empleo y la
 vivienda. 
   Por otra parte, proponen instar al Gobierno de la Nación a la 
clarificación y reforma de la normativa estatal en materia de 
Administración Local mediante la modificación de la Ley  de Bases de 
Régimen Local, y que en el caso de que se emprenda un proceso de reforma
 de la Constitución, se regulen las competencias municipales de forma 
similar a como lo están las autonómicas. 
   En su intervención, Henríquez de Luna ha considerado que hay 
una "clara indefinición del marco normativo en el caso de competencias" y
 que la Constitución "no dice nada de las competencias municipales", que
 están reguladas en la Ley de Bases de Régimen Local dando lugar a la 
aparición de las "mal llamadas competencias impropias". Así, ha apelado 
al principio de "una administración, una competencia, una financiación".
   Los 'populares' señalan también que "no se ha visto culminada 
la segunda descentralización a  favor de los municipios" y apuestan por 
administraciones "austeras, bien dimensionadas, eficientes, 
transparentes y  sin duplicidades".
    La última conclusión del dictamen dice que una vez aprobado 
el texto se inicien los trámites para redactar un anteproyecto de ley 
que antes sea remitido a la comisión mixta de coordinación de 
competencias, en la que tienen representación de la Comunidad y los 
Ayuntamientos.
   Por su parte, el portavoz socialista en la comisión, Jesús 
Dionisio, ha criticado la "improvisación" con la que, a su juicio, se ha
 llevado a cabo esta comisión, sin un "verdadero estudio" de la 
situación en la que están los ayuntamientos.
   El socialista ha acusado a los 'populares' y a UPyD de tener 
"una voluntad ideológica clara de identificar los problemas del país con
 un pésimo mapa institucional del modelo de Estado y la mala gestión de 
las administraciones públicas", cosa que "no es casual, ni un ataque 
ideológico". Y es que, en su opinión, la "profunda carga ideológica 
acaba reflejándose en cierto nihilismo o descafeinado con lo que surge 
el dictamen de la ponencia".
   Dionisio, en contra de la fusión obligatoria de municipios, ha
 criticado también que se haya "identificado las duplicidades con 
excesos y lujos", cosa que "no es verdad", ya que en la mayoría de los 
casos, surgen para tapar deficiencias.
   En este sentido, ha reclamado la financiación suficiente de 
los ayuntamientos, ha defendido la participación de los ayuntamientos en
 los tributos de la Comunidad de Madrid y ha propuesto la creación de un
 órgano territorial que garantice y coordine la prestación de servicios.
   La diputada de IU Eulalia Vaquero ha criticado que esté 
"magnificando el despilfarro de las entidades locales" y  para hacerlas 
ver como "poco responsables" y ha mostrado el "rechazo absoluto" de IU a
 "meter de nuevo la tijera en los servicios públicos".
 "La crisis no 
excusa para recortar", ha remarcado Vaquero, quien ha explicado que han 
presentado un voto particular.
   En el voto particular, IU destaca la "importancia y urgencia" 
del debate para la redefinición del marco competencial entre 
ayuntamientos y Comunidad, pero estableciendo como "prioridad" 
garantizar la viabilidad de los servicios públicos; apuesta por que la 
reordenación no sea la excusa para "cercenar los principios de 
subsidiariedad, autonomía local y suficiencia financiera", y se opone a 
que la conclusión de la comisión sea la "intervención de los 
ayuntamientos".
   Además, desde IU sostienen que cualquier propuesta de 
reordenación competencial debe plantearse desde la reconfiguración de la
 participación de los entes locales en política y recaudación tributaria
 de la Comunidad, o que cualquier propuesta de reordenación se haga 
teniendo en cuenta la diferente realidad de los municipios de la 
Comunidad en relación a su tamaño, población y capacidad financiera, 
deberá adecuarse la distribución competencial de las miasmas.
   Por último, el diputado de UPyD Ramón Marcos ha mostrado la 
"necesidad de reformar la Constitución española para hacer una gran 
reforma de la estructura del Estado" que refuerce las instituciones para
 afrontar los "graves retos" que tenemos por delante.
       Marcos se ha mostrado a favor de la fusión de municipios, y de
 mejorar "la responsabilidad" y la "dación de cuentas" de las diferentes
 entidades. Y es que, a su juicio, hay "varios" responsables de 
ayuntamientos de Madrid que en lugar de estar sentados "en los bancos 
del Consejo de Ministros", deberían estar sentados en "los bancos del 
Tribunal de Cuentas" dando cuenta de su gestión.
 
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