MADRID.- El Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Madrid ha registrado una Proposición No de Ley (PNL) en la que insta a la Comunidad de Madrid a que coordine las actuaciones necesarias para la rehabilitación y puesta en valor del Palacio del Infante Don Luis y su entorno con el Ayuntamiento de Boadilla del Monte.
En el texto que han registrado los socialistas también instan al
Ejecutivo regional a redactar el Plan Director del Palacio del Infante
Don Luis en los términos previstos en el artículo 27 de la Ley 10/1998,
de 9 de julio, de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid, que
obliga a conservar estos bienes.
Los socialistas exponen que el Palacio del Infante Don Luis fue
construido en 1765 por Ventura Rodríguez, quien concibió una de las
obras más notables del neoclasicismo madrileño y que responde a una
iniciativa del Infante Luis de Borbón y Farnesio, el menor de los hijos
varones del rey Felipe V y hermano de Carlos III, que se hizo con el
señorío de Boadilla en 1761, adquiriéndolo por compra a la marquesa de
Mirabal.
Según afirman, el palacio está coronado por dos pequeños torreones
situados en los extremos, sobre las cubiertas, que emulan la
disposición del primitivo Palacio de las Dos Torres, sobre el que fue
erigido el edificio actual y señalan que a diferencia del severo trazado
del exterior, el interior destaca por su suntuosidad, especialmente
visible en la capilla.
Asimismo, exponen que en la capilla se encuentran el panteón,
entre otros, de María Teresa de Borbón y Vallabriga, condesa de
Chinchón, segunda hija de Luis Antonio de Borbón y esposa de Manuel
Godoy y afirman que el palacio albergaba una importante colección de
obras de arte, entre las que figuraban cuadros de Goya, Rembrandt,
Murillo, Velázquez y Durero, entre otros artistas.
El palacio integra además una extensa zona ajardinada y agreste y
los jardines están dispuestos en terrazas, a las que se accede a través
de escalinatas. A ello se añade la existencia de una huerta y de un
parque agreste, que prolongan la zona ajardinada mediante un concepto
integrador de arquitectura palaciega y rural.
Tras describir otros detalles del palacio, los socialistas señalan
en la PNL que con la Guerra Civil española y los graves daños causados
en el edificio (fue hospital, cárcel y puesto de mando) comenzaron una
serie de intervenciones que afectan tanto a la construcción en si como
al uso de la misma por la Dirección General de Regiones Devastadas:
Hospital de Sangre, cuartel y, desde 1942 a 1973, escuela para niñas
dependientes del Auxilio Social y recuerdan que se perdieron numerosas
obras de arte.
Por último, recuerdan que en 1974 fue declarado Monumento Nacional
y hoy tiene la consideración de BIC (Bien de Interés Cultural) y en
1998 fue adquirido por el Ayuntamiento de Boadilla del Monte.
En este punto, ya en 2006, dicen que el Ayuntamiento cedió el
palacio a la Sociedad General de Autores de España (SGAE) por 75 años,
pero que a finales de 2009 el proyecto de la SGAE fue rechazado por la
Dirección General del Patrimonio de la Comunidad de Madrid, por
considerar que ponía en peligro los restos arqueológicos, entre otros
motivos.
En ese momento, el Ayuntamiento decidió retirar la concesión y la
SGAE perdió definitivamente el palacio tras anular los tribunales la
cesión, porque ya en 2003 el Tribunal Superior de Justicia de Madrid
(TSJM) anuló un proyecto del entonces ministro de Defensa, que planeaba
instalar allí la Escuela Militar Ecuestre y realizar obras nuevas en un
edificio que sólo se permiten de rehabilitación.
Tras exponer estos hechos, desde el PSM indican que la Ley 10/1998
de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid, en su artículo 18.1
señala que 'los propietarios, poseedores y demás titulares de derechos
reales sobre bienes integrantes del Patrimonio Histórico de la Comunidad
de Madrid están obligados a conservarlos, mantenerlos, custodiarlos,
cuidarlos y protegerlos debidamente para asegurar su integridad y evitar
su pérdida, destrucción o deterioro de conformidad con lo dispuesto en
la Ley 16/1985, de 25 de junio", y a este respecto, indican que "este
deber básico comporta salvaguardar la integridad del bien y no
destinarlo en ningún caso a usos y actividades que pongan en peligro la
pervivencia de los valores que hacen de él un bien cultural".
Además, añaden que en su artículo 27.1 señala que "la Consejería
de Educación y Cultura, podrá redactar, de oficio o a instancia de los
titulares del bien, planes directores específicos para los Bienes de
Interés Cultural con categoría de Monumento que contendrán
exhaustivamente todas las determinaciones, condiciones, regulación
detallada de los usos y características relativas al citado Monumento."
Por ello, consideran que la protección integral y la definición de
usos "debe acordarse entre la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de
Boadilla del Monte con el máximo consenso de las fuerzas políticas con
representación municipal" en la localidad.
