MADRID.-  El Ministerio de Economía y Hacienda pedirá 
más medidas a algunas comunidades en el Consejo de Política Fiscal y 
Financiera (CPFF) de este jueves para evitar las sanciones que incluye 
la Ley de Estabilidad Presupuestaria y, en último término, la 
intervención.
   Precisamente, el Gobierno ha convocado el CPFF este jueves para 
analizar los planes de ajuste económico-financiero que han tenido que 
elaborar todas las comunidades ante las desviaciones del déficit en el 
año 2011 y la necesidad de cumplir lo pactado con Bruselas.
   El Gobierno ya ha puesto de manifiesto que algunas comunidades no 
podrán obtener el visto bueno de Hacienda, por lo que activará todos los
 mecanismos que incluye la Ley de Estabilidad Presupuestaria, desde la 
exigencia de nuevos ajustes hasta la intervención.
   De hecho, el Departamento que dirige Cristóbal Montoro ya ha 
encargado a la Abogacía del Estado y a la Intervención General que 
estudie la posible tutela de las cuentas de Asturias, ante la 
preocupación de que el Gobierno regional en funciones no pueda alcanzar 
el objetivo del 1,5% del PIB. 
   En cualquier caso, las comunidades con más dificultades contarán 
con quince días para plantear nuevas medidas de ajuste, que serán 
analizadas en una nueva sesión del CPFF que se celebrará previsiblemente
 a finales de mayo o principios de junio.
   De esta forma, el Gobierno de Mariano Rajoy quiere garantizar el 
compromiso de las comunidades con la reducción del déficit pactada con 
Bruselas para enviar así un mensaje de confianza a los mercados, que 
siguen teniendo dudas sobre la capacidad del país para reducir el 
déficit público. 
   Las nuevas medidas se añadirán a las ya planteadas por algunas 
comunidades, que han reducido sus Presupuestos en unos 8.000 millones. 
Esta cifra se obtiene de la suma de ajustes a los funcionarios, recortes
 en educación y sanidad y liquidación del sector público empresarial, 
así como de ingresos procedentes de nuevos impuestos y tasas. 
   Sin embargo, no todas las comunidades han hecho públicos sus 
planes de recorte en 2012, a la espera de aprobar unos presupuestos 
definitivos; son los casos de Madrid, Castilla-La Mancha, Asturias, 
Cataluña, Aragón y La Rioja. 
   En el caso del País Vasco, el Gobierno ejecutó en marzo una 
retención de crédito cautelar por más de 400 millones en sus 
presupuestos de 2012, para hacer frente a un eventual empeoramiento de 
la situación económica.
   En números absolutos, los mayores recortes conocidos ya para este 
año son los de Andalucía (2.700 millones), Comunidad Valenciana (2.260),
 Canarias (800 millones) o Murcia (623 millones). 
En términos relativos,
 también son sustanciales los recortes presupuestarios de Navarra (54 
millones), de Baleares (348 millones) o Castilla y León (366).
 
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