MADRID.- La Audiencia Provincial de Madrid ha ordenado al titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Collado Villalba la reapertura del supuesto caso de espionaje a un notario de Torrelodones y a los ex concejales del PP Jesús María Pazos González y Reyes Tinto de Val.
Ambos ediles fueron expulsados del Partido Popular después de denunciar ante el propio secretario general del PP de Madrid, Francisco Granados, que el Ayuntamiento de la localidad podría estar inmerso en un caso de corrupción urbanística.
Hace dos años, aparecieron documentos que mostrataban que ambos habían sido objeto de seguimientos y, aunque no tenían pruebas, sospecharon que detrás podría estar el PP de Madrid.
La Audiencia entiende que "es posible intentar agotar la investigación" y destaca que las diligencias de investigación "han venido a ratificar" que los hechos pueden ser constitutivos de infracción penal.
De este modo, la Sala reclama además que se encomiende a la policía judicial la práctica de las gestiones necesarias a la investigación de los hechos relatados en la querella, así como los relativos a los denunciados ante la Fiscalía de Madrid.
En un auto, la Sección Séptima estima el recurso de apelación interpuesto por el notario Benito Martín Ortega contra el archivo de la causa decretado el 28 de abril de 2010.
Según el auto, el querellante pedía que se tomara declaración a Jesús María Pazos González y Reyes Tinto de Val, concejales del Ayuntamiento, ya que consideraba que también fueron objetos de ese seguimiento.
En los fundamentos de derecho, la Sala esgrime que el examen de los testimonios remitidos para la resolución del recurso indican que el querellante fue objeto de seguimiento por parte de personas desconocidas al menos los días 31 de julio, 1,2,3, 8 y 9 de agosto de 2006. Asimismo, Martín Ortega fue objeto de investigación de su patrimonio, de su situación laboral e incluso situación económica, según el auto.
En la querella se enmarca esta vigilancia en el conocido como 'Espionaje político en la Comunidad de Madrid', dándose la coincidencia de que en las fechas señaladas el querellante recibió a los dos concejales del Ayuntamiento de Torrelodones, quienes estaban preocupados por la situación urbanística de la citada localidad. Así, el querellante trasladó la información a la presidenta regional, Esperanza Aguirre.
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